La ignorancia intencionada y su utilización. «Luz verde» a los crímenes de guerra. Noam Chomsky.

publicado a la‎(s)‎ 18 jun. 2013 18:29 por José Malaguera   [ actualizado el 2 jul. 2013 13:27 ]
1. La ignorancia intencionada y su utilización

El siglo xx ha llegado a su término con crímenes terribles; ante ello, las grandes potencias han reaccionado de un modo que ha merecido la felicitación general, en tanto que —según se decía— anunciaba la llegada de una «nueva era», marcada por una entrega sin precedentes a la defensa de los derechos humanos y los principios morales más elevados. Este diluvio de autobombo —de una escala y características probablemente inéditas— no era una simple exhibición de filigrana retórica milenarista; los líderes e intelectuales de Occidente pusieron todo su afán en convencer a su público de que se trataba efectiva y verdaderamente de una nueva era, y de importancia sin igual.

Pues bien, esta nueva fase de la historia de los hombres se inauguró con el bombardeo de Serbia por parte de la OTAN, el 24 de marzo de 1999. Tony Blair proclamó entonces que «hoy la nueva generación dicta las reglas»: luchar «por los valores», por «un nuevo internacionalismo, que no tolerará que se vuelva a reprimir brutalmente a ningún grupo étnico», puesto que «los responsables de tales crímenes no tienen ya dónde esconderse». Según precisó Václav Havel, la novedad radica en que la OTAN ha desencadenado una guerra que se hace «en nombre de los principios y los valores», lo cual señala «el fin de los estados nacionales», que por tanto dejarán de ser «la culminación de la historia de las comunidades nacionales y su máxima aspiración terrenal». «El impulso ilustrado [8] de varias generaciones de demócratas, la terrible experiencia de dos guerras mundiales ... y la evolución del mundo civilizado han causado que la humanidad reconozca, al fin, que los seres humanos son más importantes que el estado.» 

La nueva generación ha de llevar a cabo sus buenas obras bajo la guía del «Nuevo Mundo y su empeño idealista de terminar con la falta de humanidad»; para ello cuenta, además, con la colaboración del socio británico. En un artículo central de Foreign Affairs, un jurisperito que se había distinguido en la defensa de los derechos humanos postuló que los «estados progresistas», libres por fin de la cadena que representaban tanto «las viejas reglas, demasiado restrictivas» como algunos conceptos arcaicos —el del orden mundial, por ejemplo—, pueden ya utilizar la fuerza cuando «les parece de justicia»; siguen «una concepción moderna de la justicia» que consiste en reprimir «a los rebeldes, los indolentes y los canallas», es decir, a los que generan «desorden» en el mundo; la nobleza de sus intenciones es tan «evidente» que no se molestan lo más mínimo en evidenciarla.  Para ingresar en el club de los estados progresistas —en la «comunidad internacional», como suelen denominarse a sí mismos—, se exigen unos requisitos no menos palmarios: los actos del pasado, o incluso los presentes, son cuentos de vieja que pueden obviarse con la mera alegación de que se ha emprendido «un nuevo curso». En años recientes, esta pretensión se ha invocado de forma habitual cada vez que ha sido necesario.

Por su parte, el presidente Clinton, mientras elogiaba a las tropas de la OTAN en Macedonia por su papel decisivo en el arranque de la [9] mencionada nueva era, «propuso una "Doctrina Clinton" de la intervención militar», según refirió Bob Davis en el Wall Street Journal. Esta doctrina «se resume en lo siguiente: tiranos, andad con cuidado». En palabras del propio Clinton: «Si alguien se dispone a perseguir a civiles inocentes, si intenta masacrarlos en razón de su etnia, raza o religión, y está en nuestras manos detenerlo, lo haremos». «Donde seamos capaces de ejercer una influencia determinante, nuestro deber es intentarlo; y ese es, sin duda, el caso de Kosovo.» En su discurso, Clinton expuso a la nación que «hay ocasiones en las que mirar hacia otra parte es, sencillamente, impensable»; si bien «no podemos responder a todas y cada una de las tragedias que suceden en el mundo», eso no significa que «no debamos hacer nada por nadie». 

Bastante antes de esta aurora, el «neowilsonianismo» de Clinton había convencido a numerosos observadores de que la política exterior de los EE.UU. había entrado en una «fase de nobleza» caracterizada por un «halo de santidad»; algunos, sin embargo, presagiaban unos comienzos complicados y advertían de que «estamos dejando, de forma casi exclusiva, nuestra política exterior en manos del idealismo», lo cual podía perjudicar a nuestros propios intereses, en beneficio de los ajenos. Davis informó de que «esa decisión en pro de una intervención humanitaria ilimitada», defendida por Clinton en 1999, «preocupa a los expertos en política exterior, incluso a los in-[10] tegrados en el gobierno». El senador John McCain ridiculizó el programa de Clinton, calificándolo de «obra social», y varias voces se mostraron de acuerdo con esta valoración. De modo que, para calmar la inquietud, el Consejero de Seguridad Nacional, Sandy Berger, recalcó el hecho de que la limpieza étnica, «que ocurre en decenas de países del mundo entero», no puede servir para justificar una intervención. Lo que estaba en juego en Kosovo era el interés nacional de los EE.UU.: la intervención «tenía como metas reforzar la credibilidad de la OTAN y asegurarse de que los refugiados kosovares no desestabilizaran a los países del entorno». Este último punto contrasta con lo que sucedió poco después de que comenzara el bombardeo de la OTAN, que derivó, como consecuencia previsible y anunciada, en una verdadera masacre étnica. Solo queda una justificación, por tanto: «reforzar la credibilidad de la OTAN» 

En cuanto a la versión oficial de Washington, se ha venido repitiendo sin excesivos cambios; por ejemplo, en enero de 2000, en boca del secretario de Defensa, William Cohen, y del jefe del Estado Mayor, Henry Shelton, que presentaron ante el Congreso un extenso sumario sobre la guerra. Según este informe, eran tres los intereses primordiales que movían a los EE.UU. y la OTAN: «asegurar la estabilidad de la Europa oriental», «evitar la limpieza étnica» y «afianzar la credibilidad de la OTAN». El primer ministro británico, Tony Blair, adoptó la misma posición:
[11]

En definitiva: no podíamos perder. En caso de que hubiésemos perdido, ello hubiera supuesto no un simple fracaso en nuestros objetivos estratégicos, sino el fracaso de nuestro objetivo moral; habríamos asestado un golpe mortal a la credibilidad de la OTAN y, como consecuencia, el mundo hubiera sido menos seguro de lo que lo es hoy. 

Más adelante examinaremos en detalle estas posturas oficiales; veamos ahora cómo se valoraban, en los países ajenos a la «comunidad internacional», tales esfuerzos de la OTAN por garantizar su seguridad. Podemos hacer una primera cala en la reciente cumbre sur del G77, un grupo de naciones que comprende al 80 por 100 de la población mundial; este encuentro, celebrado en abril de 2000 en La Habana, tuvo una relevancia singular, puesto que era la primera ocasión en que se reunían los jefes de estado del grupo (formado hoy por 133 países). La cumbre fue precedida, además, por una conferencia de los ministros de exteriores, que tuvo lugar en Cartagena (Colombia). En la declaración final, los países del G77 manifestaron que «no aceptamos el pretendido "derecho" de intervención humanitaria»; también se rechazaron otros métodos de coerción que, según la cumbre, no enmascaran más que al viejo imperialismo; entre ellos, las diversas formas concretas de integración internacional que, dirigidas por las grandes corporaciones empresariales, son designadas como «globalización» en la ideología occidental. 
[12]

Las voces más respetadas de las naciones del sur se unieron para condenar los principios operativos de la OTAN. Así, en una visita a Inglaterra, en abril de 2000, Nelson Mandela «acusó al gobierno [británico] de promover —junto con los EE.UU.— el caos internacional, al prescindir del resto de países y desempeñar el papel de "policías del mundo"»; Mándela afirmó que «deploraba el comportamiento tanto de Gran Bretaña como de los EE.UU., que desairan a las Naciones Unidas e inician por su cuenta acciones militares contra Iraq y Kosovo». «Este desprecio por las convenciones internacionales, según el dirigente sudafricano, pone en un trance a la paz mundial, mucho más que todo lo que está sucediendo actualmente en África.» En sus propias palabras, «lo que han emprendido es mucho más grave que lo que está pasando en África; me refiero, sobre todo, a los EE.UU. y el Reino Unido. Es mi deber decirlo así». 

Un año antes, mientras la OTAN estaba bombardeando Yugoslavia, la iniciativa fue reprobada con severidad en la mayor democracia del mundo; e incluso en el estado cliente más fiel y subordinado a Washington varios analistas políticos de gran consideración expresaron sus reservas ante la idoneidad de la operación. Amos Gilboa, por ejemplo, denunció la regresión de la OTAN a la «época colonial», lo que —bajo la habitual «apariencia de rectitud moral»— representaba «un peligro para el mundo», ya que provocaría una proliferación de las armas de destrucción masiva, con fines intimidatorios. Para otros expertos, el propósito último consistía en crear un precedente para poder recurrir al uso de la fuerza cuando pareciera conveniente. Así, el historiador militar Ze'ev Schiff pronosticó que, si se considera necesario, «Israel intervendrá en el Líbano como la OTAN en Kosovo»; de hecho, el ejército israelí está [13] siendo reorganizado para adaptarse a una guerra aérea de aniquilación rápida, a partir, sobre todo, del precedente de Kosovo. Se pueden leer varias consideraciones similares en la prensa oficiosa del segundo máximo receptor de la ayuda estadounidense, pero no solo allí. 

En cuanto a los disidentes de la Europa oriental, el que halló más eco en los medios occidentales fue Vaclav Havel, que congratuló a los líderes de Occidente por regirse por un tan elevado principio moral. Havel ya había figurado entre los favoritos de nuestros medios, especialmente en 1990, cuando habló ante una sesión conjunta del Congreso; ello le valió el aplauso y ovación cerrada de los comentaristas, conmovidos en lo más íntimo de su ser por los elogios del político checo, quien saludó a su público como «el paladín de la libertad» que «sabía comprender qué responsabilidad emanaba» del poder. Justamente esta responsabilidad se había evidenciado de nuevo algunas semanas antes, cuando el terrorismo estatal —que, armado por los EE.UU., también había perfeccionado su instrucción gracias a los EE.UU.— levantó la tapa de los sesos a seis importantes líderes de la disidencia latinoamericana; este renovado paroxismo terrorista fue supervisado por «el paladín de la libertad». Es fácil imaginar cómo se hubiera reaccionado en el caso contrario, ante una actuación similar de un disidente latinoamericano frente a la Duma. La reacción que se produjo en Occidente es ilustrativa y a la par muy significativa. 

Érase que se era, hace mucho tiempo, un intelectual disidente llamado Alexander Solyenitsin, tenido en gran estima... cuando de-[14] cía lo que había que decir. Pero no en 1999. A su modo de ver, la «nueva era» se parecía mucho a lo que estaban denunciando la cumbre del G77, Mándela y tantos otros representantes ajenos a los círculos progresistas:

Los agresores han echado a patadas a las Naciones Unidas, inaugurando así una nueva era en la que la razón se identifica con la fuerza. Que nadie se haga ilusiones: la OTAN no pretendía defender a los kosovares. Si verdaderamente les hubiera interesado la protección de los oprimidos, bien podrían haber intervenido para mejorar la mísera situación de los kurdos, por ejemplo.

«Por ejemplo», porque se trata de un caso entre tantos, aunque sea ciertamente llamativo. 

Solyenitsin continúa siendo un hombre «reputado por muchos como la voz de la conciencia en su país» y se admira su «estilo elegante y razonado» siempre que condena la corrupción gubernamental rusa.  No sucede así, en cambio, cuando ofrece interpretaciones incorrectas de la nueva era; en este caso, se le dispensó el mismo trato que el otorgado a la cumbre del G77 o a tantos otros que todavía no han visto la Luz.

Aunque se encuentran escasas referencias a las críticas formuladas desde diversas partes del mundo, la cuestión es observada con preocupación por los analistas políticos más perspicaces. Así, John Mearsheimer —experto en ciencias políticas de la Universidad de Chicago— ha llegado a la conclusión de que la guerra del Golfo, en 1991, y la guerra de Kosovo, en 1999, «han afianzado la determinación de la India de hacerse con armamen-[15] to nuclear», como freno intimidatorio ante la violencia de los EE.UU. También Samuel Huntington, catedrático de Teoría Gubernamental en Harvard, ha advertido de que «son numerosos los países» —una mayoría, precisa luego el mismo autor— que entienden que los EE.UU. «se están convirtiendo en una superpotencia maligna» y representan «la única amenaza exterior de importancia». Cita a su favor las palabras de un diplomático británico, según el cual «solo en los medios de los EE.UU. se puede leer que el mundo anhela el liderazgo estadounidense; en el resto, lo que se encuentra es una denuncia de su arrogancia y unilateralismo»; Huntington prevé que esto contribuirá a la consolidación de las fuerzas enfrentadas a los intereses estadounidenses. Cinco años atrás, poco después de que se hiciera público que Corea del Norte quizá disponía de un arsenal nuclear, «los japoneses distinguieron a los EE.UU. como "la mayor amenaza para la paz mundial", seguidos de Rusia y, solo en tercer lugar, de Corea del Norte», como recuerda Chalmers Johnson. Durante la guerra de Kosovo, Michael MccGwire —un analista político y antiguo responsable de proyectos en la OTAN— ha escrito que en la mayor parte del mundo se entendía que había surgido una alianza político-militar que se había arrogado las funciones de juez, jurado y verdugo ... [y que, aunque] pretendía estar actuando en nombre de la comunidad internacional, en realidad humillaba a las Naciones Unidas y eludía cumplir la legislación internacional con miras a imponer su propio criterio colectivo. El mundo entendía que se trataba de una organización dada a la retórica moral, pero en realidad no menos esquiva con la verdad que otras instituciones similares; una organización de países occidentales que, con una capacidad sin igual para provocar muertes, daños y destrucción, no conocía más límites que su propia reticencia a poner en peligro la vida de sus «guerreros».
[16]

Dada la información disponible, se diría que es una valoración justa. 

Así pues, en la mayor parte del mundo no parecen sentirse excesivamente impresionados por las hazañas ni los elevados principios morales de la nueva generación... ni tranquilizados porque esta se haya comprometido a convertir el mundo en un lugar seguro mediante el refuerzo de la credibilidad de la OTAN. Si nos atenemos a los datos, podemos preguntarnos cuál de las dos interpretaciones de la nueva era es más verosímil: la que ofrece el espejo adulador y promete un futuro utópico, o la más escéptica de los que, hallándose fuera de la comunidad internacional, solo ven «más de lo mismo».

La cuestión debe ser analizada con minuciosidad; al menos, por parte de los que se sientan inquietos ante el futuro que parece esperarnos y vean alguna utilidad en los viejos tópicos de la ética. Entre estos últimos, pueden señalarse algunos como especialmente pertinentes:

1.   Todos somos responsables de las consecuencias previsibles de lo que elegimos hacer (o no hacer); esta responsabilidad incluye las opciones políticas de nuestros respectivos países, en tanto en cuanto la comunidad política nos otorga un cierto margen de influencia sobre la determinación de la política nacional.

2.   La responsabilidad se ve acrecentada por las oportunidades privilegiadas de actuar a la par con relativa impunidad y un notable grado de eficacia.
[17]

3. Para que la proclamación de principios morales pueda ser tomada en serio, es imprescindible que, para empezar, los apliquemos con relación a nosotros mismos, y no solo a los enemigos políticos o las terceras partes que se considere no son dignas de desempeñar un papel en la vigente cultura política.

Presupongamos, por el momento, que se cree sinceramente en los tan trillados principios morales. Aun así, es difícil sustraerse a la evidencia de que a lo largo de la historia, y en prácticamente todas las sociedades, se ha estado rogando a Dios sin soltar el mazo. Debemos preguntarnos, por tanto, si el año que cerraba el siglo xx no ha visto más que la enésima escenificación del viejo modelo —como parece creerse en casi todo el mundo—, o si bien estamos asistiendo de verdad a la aurora de un tiempo nuevo, como proclaman tanto la nueva generación como sus admiradores.

Lo primero que cabe considerar es con qué frecuencia, y asimismo con qué rigor, se suele hacer esta pregunta. Pues bien, es muy inhabitual, según creo, ya que se considera que la respuesta es palmaria; que no se requiere la más mínima investigación, e incluso que emprenderla es propio de gente infame.

En cualquier caso, parece claro cómo hemos de proceder en nuestro análisis. Para determinar a quién asiste la razón, si a los que festejan la llegada de una nueva era o a los escépticos, debemos examinar cómo ha reaccionado la «nueva generación» a las situaciones en las que éramos «capaces de ejercer una influencia determinante» y, por ende, «nuestro deber» era «intentarlo», como afirmaba Clinton en su referida exposición doctrinal.

Observemos, por tanto, varios indicadores de la intervención de los EE.UU. en el mundo. Un primer criterio puede ser el de la ayuda exterior: es patente que el país más rico y privilegiado de la tierra cuenta con los medios para «ejercer una influencia determinante» prestando ayuda a los necesitados. Pues bien, los líderes [18] políticos estadounidenses han respondido al reto logrando la más mezquina de las marcas del mundo industrializado (ello sin descontar siquiera la parte principal de la ayuda, que se destinaba a un país rico —Israel— y a un país asociado con este —Egipto—). A medida que se alza el nuevo sol, la marca no deja de empeorar: la partida destinada a ayuda exterior, según fue aprobada por el Senado en junio de 2000, «asigna a los países más pobres tan solo 75 millones de dólares, rebajando así la petición del gobierno, cercana a los 252 millones». La cifra es vergonzantemente mísera.  Compárese con los 1.300 millones de dólares asignados al ejército de Colombia (un asunto sobre el que volveremos en breve). No es necesario proseguir con el examen de este criterio; la posición escéptica resulta confirmada, más allá de toda duda.

Pero quizá este factor no sea relevante (aunque no se me ocurre ninguna razón para ello). Dejémoslo de lado, en cualquier caso, y pasemos al que debe ser el siguiente criterio: la ayuda militar y la contestación de las atrocidades. Durante el mandato de Clinton, el máximo receptor de la ayuda militar estadounidense ha sido Turquía,  el país en el que habitan —en una «situación [19] mísera», como denunciaba Solyenitsin— 15 millones de kurdos. No parece que puedan ponerse reparos a esta preferencia.

Coincidiendo con la apoteosis por nuestra defensa irrenunciable de los grandes principios y valores, en abril de 1999, la OTAN solemnizaba sus cincuenta años de existencia. Pero no fue una celebración; fue más bien una ocasión triste, ensombrecida por la limpieza étnica y las atrocidades inhumanas que estaba sufriendo Kosovo. Se proclamó que la «concepción moderna de la justicia», diseñada por los estados progresistas, no permitiría que se diera ese tipo de horrores cerca de las fronteras de la OTAN... pero, al parecer, sí dentro de sus fronteras. Aquí, la crueldad en gran escala y la limpieza étnica no son tan solo permisibles, sino que, además, es nuestro deber acrecentarlas. En consecuencia, no vamos a quedarnos «como un pasmarote, mirando cómo un estado dirige la matanza sistemática de todo un pueblo», sino que contribuiremos decisivamente a asegurar que se alcancen las cotas justas de horror y desolación, mientras fijamos la vista —esta vez con toda intensidad— en la obra maligna de nuestros enemigos oficiales.

Fue necesario un considerable ejercicio de disciplina para que, en la ocasión de este aniversario, ni los participantes ni los comentaristas «se dieran cuenta» de que una buena parte de la limpieza étnica más grave que se vio en la década de los noventa estaba ocurriendo dentro de la propia OTAN, en la zona sudoriental de Turquía. Tampoco se apercibieron de que, para acabarlo de redondear, ese exterminio masivo se apoyaba en el armamento suministrado en cantidades desorbitadas por Occidente; sobre todo, por los EE.UU., que proporcionaban a Turquía alrededor del 80 por 100 de las armas cuando, a mediados de los noventa, repuntaron las atrocidades. En tanto que aliado estratégico y destacamento militar de avanzada, Turquía ha estado recibiendo un importante flujo de armamento estadounidense desde el fin de la segunda guerra mundial. El suministro se incrementó radicalmente en 1984, cuando los turcos iniciaron una campaña militar [20] contra su población kurda, ya antes desoladoramente oprimida. Las operaciones del ejército, la policía y los paramilitares se encarnizaron durante los años noventa, junto con las diversas atrocidades y la instrucción y abastecimiento armamentístico por parte de los EE.UU. Así, Turquía logró establecer dos marcas negativas, según reflejó el corresponsal Jonathan Randal: 1994 fue «el año de la represión más dura en las provincias kurdas», y fue asimismo el año en que Turquía se convirtió en «el mayor importador individual de armamento pesado de fabricación estadounidense y, con ello, en el comprador de armas más importante del mundo». Las armas incluían desarrollos de última tecnología, y «todas ellas fueron finalmente utilizadas contra los kurdos», a lo cual debe sumarse una extensa coproducción y otras formas de cooperación de los EE.UU. con el ejército y la industria militar de Turquía. Tan solo en el año 1997, el abastecimiento armamentístico aprobado por la administración de Clinton superó a la suma del que Turquía había recibido entre 1950 y 1983. 

Gracias a este suministro continuado de armamento pesado, instrucción militar y apoyo diplomático, Turquía fue capaz de pulverizar a la resistencia kurda. Dejó decenas de miles de muertos, causó entre 2 y 3 millones de refugiados y desoló unos 3.500 pueblos (lo cual septuplica las cifras de Kosovo bajo el bombardeo de la OTAN).

En este caso, es bien sencillo determinar a quién corresponde la responsabilidad. La opresión del pueblo kurdo, así como de los turcos que exigían justicia, ha alcanzado cotas infamantes desde la propia fundación del moderno estado turco. La brutalidad de la guerra contra los rebeldes ha sido ampliamente constatada en numerosas fuentes de merecida credibilidad. En suma, no cabe duda respecto de la contribución del «Nuevo Mundo y su empeño idealista de terminar con la falta de humanidad». Se diría que es la pro-[21] pia imposibilidad total de ofrecer algún pretexto mínimamente verosímil la que ha conllevado tanto la supresión virtual de tales atrocidades en nuestros medios, como la función decisiva de Washington en su realización. 

En las escasas ocasiones en que la cuestión logra franquear la barrera de silencio, la reacción típica pretende que «los EE.UU. no han sido capaces de proteger a los kurdos de Turquía, lo cual no es coherente con su intención declarada de proteger a los kosovares», en palabras de Thomas Cushman. O si no, como dice Aryeh Neier, se trata de que los EE.UU. «permitieron» estos abusos. 

Esta clase de reacciones acarrean el descrédito extremo de los tópicos morales mencionados más arriba: suponen excusar, cínicamente, crímenes brutales en los que se tiene una responsabilidad directa. No se «apartó la vista» en el caso de Turquía y los kurdos; antes al contrario, Washington «clavó la vista» en él, al igual que hicieron sus aliados: vieron lo que sucedía y optaron por prestar una ayuda decisiva para la intensificación de las atrocidades; especialmente, durante el mandato de Clinton. No se trata de que «los EE.UU. no hayan sido capaces de proteger a los kurdos», ni de que hayan «permitido» su sufrimiento; en caso contrario, deberíamos pensar que Rusia «no ha sido capaz de proteger» a la población de Grozny o que «permite» sus padecimientos. Antes bien, la nueva generación ha dictado las reglas al poner el mayor número posible de pistolas en las manos de los asesinos y torturadores —aunque [22] donde dice «pistolas», debe leerse aviones a reacción, tanques, helicópteros de combate y una larga serie de instrumentos terroristas de última tecnología—. En ocasiones, además, los envíos eran secretos y violaban las disposiciones del Congreso.

En cualquier caso, nada de ello guarda relación alguna ni con los programas de defensa ni con la guerra fría. No debería extrañarnos: así ha venido sucediendo, durante los años de la guerra fría, en muchas otras regiones. Tal es la conclusión que se alcanza si prestamos atención a los hechos históricos y a los archivos de los planes gubernamentales; si bien en el trasfondo había grandes conflictos de poder, ello servía solo como excusa útil para justificar el uso de la fuerza, el terrorismo o la guerra económica. Además, no basta con mencionar un comportamiento «no coherente» con otros actos, sino que hay que demostrar —y no solo proclamar de boquilla— que el resto de intervenciones obedecían a un propósito humanitario sincero, cuando es la razón alegada con más frecuencia a lo largo de la historia antes de recurrir a la fuerza.

Una interpretación más realista sería la ofrecida por Tim Judah en su análisis del conflicto de Kosovo: «Es posible que los países occidentales se compadezcan de la miserable situación de los kurdos o los tibetanos [o de las víctimas de los bombardeos rusos en Chechenia], pero la Realpolitik implica que es muy poco lo que quieren, o pueden, hacer para ayudarles».  Si se prestara ayuda a los tibetanos o los chechenos, se correría el riesgo de provocar una gran guerra; pero en el caso de los kurdos, la ayuda solo interferiría con los intereses de poder de los EE.UU. Por tanto, no podemos socorrerles, sino que debemos más bien colaborar con el estado que [23] perpetra tantas atrocidades en su contra; por su parte, los intelectuales de bien deben ocultar la verdad bajo un velo de silencio, excusas y mentiras, a la par que ensalzan a los líderes de su nación (e incluso a sí mismos) por su dedicación sin igual a los «grandes principios y valores».

Una de las regiones más desolada por el ataque turcoestadounidense fue Tunceli, al norte de Diyarbakir, la capital kurda; allí los helicópteros y aviones a reacción proporcionados por los EE.UU. destruyeron un tercio de los poblados e incendiaron vastas extensiones de terreno. «El terrorismo de Tunceli es terrorismo estatal», según reconoció un ministro turco en 1994, al tiempo que precisaba que los incendios y el resto de ataques terroristas habían causado ya 2 millones de desplazados, que carecían incluso del mínimo amparo de una tienda de campaña. El 1 de abril de 2000, diez mil efectivos del ejército turco comenzaron un nuevo «barrido» del área, en tanto que otros entre cinco y siete mil, armados de helicópteros de combate, penetraron en el territorio iraquí para atacar también a los kurdos de aquella región. Se trataba de una «zona de exclusión aérea», en la que los kurdos debían contar con la protección de las fuerzas aéreas estadounidenses frente a un opresor que —por un tiempo— figura en la lista de enemigos. 

Recuérdese que en Serbia, las fuerzas armadas de la OTAN intervinieron porque «nadie que sea honrado puede quedarse como un pasmarote, mirando cómo un estado dirige la matanza sistemática de todo un pueblo», en palabras de Vaclav Havel; y que entretanto, según Blair, la «nueva generación» de líderes mundiales sentaba las bases de «un nuevo internacionalismo, que no tolerará que se vuelva a reprimir brutalmente a ningún grupo étnico», puesto que «los responsables de tales crímenes no tienen ya dónde escon-[24] derse». Recordemos también las palabras del presidente Clinton: «Si alguien se dispone a perseguir a civiles inocentes, si intenta masacrarlos en razón de su etnia, raza o religión, y está en nuestras manos detenerlo, lo haremos». Sin embargo, parece que no estaba en nuestras manos el detener nuestra propia participación entusiasta en «la matanza sistemática de todo un pueblo» y la represión brutal de los grupos étnicos. Parece, a su vez, que los responsables de esos crímenes no tienen necesidad de intentar esconderse; más bien disfrutan del espaldarazo ceremonial de las clases más instruidas, que se admiran del «halo de santidad» que despiden sus hazañas y los elevados ideales que las inspiran.

Asimismo se espera de «los que son honrados» que comprendan que la OTAN cuenta con títulos que le permiten no solo oprimir y aterrorizar a la población de los países que la conforman —todo ello con la más munífica de nuestras ayudas—, sino incluso invadir otros países, si lo estima conveniente. Esta prerrogativa distingue igualmente a algunos clientes de la OTAN, especialmente a Israel, que ha estado ocupando el sur del Líbano durante veintidós años; ello violaba las determinaciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero contaba con la autorización y la asistencia de los EE.UU., que ha servido para asesinar a decenas de miles de personas, desalojar de sus casas, repetidamente, a cientos de miles de seres humanos, o destruir toda la infraestructura civil (como se ha hecho de nuevo a principios del año 2000, siempre con la ayuda y el armamento de los EE.UU.). Prácticamente ni una sola de estas iniciativas ha tenido nada que ver con las cuestiones de defensa, y así lo admiten abiertamente tanto Israel como las organizaciones de derechos humanos..., aunque el sistema de información de los EE.UU. prefiera pintar las historias con otros colores. 
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Hasta junio de 2000, Israel no se decidió a retirarse del Líbano; o, para ser más precisos, fue obligado a retirarse por la resistencia libanesa. La asamblea general de las Naciones Unidas aprobó conceder casi 150 millones de dólares a los supervisores de la UNIFIL, con miras a reforzar la seguridad en el Líbano meridional y facilitar la reconstrucción de esta región desolada. La resolución contó con 110 votos a favor y 2 en contra: los de EE.UU. e Israel, que se opusieron a una disposición adicional que exigía a los israelíes el pago de una compensación de 1,28 millones de dólares, por haber atacado un campamento de Naciones Unidas y asesinado a más de cien civiles que se habían refugiado en su interior, durante su invasión de 1996. 

Todos estos éxitos del terrorismo occidental son muy valorados. Justo cuando Turquía estaba comenzando una nueva serie de campañas militares tanto en la región sudoriental como más allá de la frontera, el 1 de abril de 2000, el secretario de Defensa William Cohen dirigió un discurso ante una sesión del Consejo turco-estadounidense, en el marco de un acontecimiento festivo cargado de risas y aplausos. Cohén ensalzó a los turcos por su participación en el bombardeo humanitario de Serbia, y anunció que Turquía intervendría en el desarrollo del nuevo modelo de caza ideado por el Pentágono —el Joint Strike— al igual que coproducía ya los F-16 que habían demostrado a todas luces su eficacia en las formas sancionadas [26] de limpieza étnica u otras atrocidades... cometidas dentro de la OTAN, no cerca de sus fronteras. «Nos hallamos en una época genial para no limitarnos a vivir nuestras vidas, sino para incorporarnos a los puestos de servicio público», prosiguió Cohén, puesto que «con el cambio de siglo hemos ingresado en un mundo nuevo, un mundo feliz» en el que «hay tantas oportunidades de ser creativos que todos y cada uno de nosotros podemos aprovecharnos de alguna». Para simbolizar estas oportunidades se ha escogido el proyecto de desarrollo conjunto de un nuevo modelo de caza, que «colocará a Turquía en una posición de liderazgo destacado para afrontar la construcción de un Oriente Próximo seguro y estable», una tarea en la que podrá contar con la ayuda del importante aliado israelí.

Poco después, el Departamento de Estado publicó su «último informe anual sobre los empeños de la administración para combatir el terrorismo», según notició Judith Miller. El informe hace hincapié en el relevante papel interpretado por Turquía, que ha desarrollado «experiencias muy positivas» que demuestran cómo «la dureza en las medidas antiterroristas, combinada con el diálogo político con los grupos no terroristas de la oposición», puede servir para domeñar la actual epidemia de violencia y crueldad. Todo esto se afirma tal cual, sin el más mínimo síntoma de vergüenza. 

Vistas las cosas, el primero de nuestros ejemplos confirma claramente la posición escéptica. Quizá nos permite incluso comprender algo más del «objetivo moral» que nos mueve: «Se había cometido una tremenda injusticia contra un pueblo que habita a las puertas de la Unión Europea; nuestra posición nos permitía impe-[27]dirlo e invertir el curso de los acontecimientos, de modo que teníamos que hacerlo», en palabras de Tony Blair.  Entendámonos: Blair no se refiere al terrorismo y la limpieza étnica que, ejercidos con toda rectitud moral, su gobierno y el de sus aliados estaban ayudando a realizar dentro de la OTAN; se refiere más bien a las atrocidades que desarrollaba un enemigo oficial sometido al bombardeo de la OTAN.

En 1999, Turquía dejó de ser el máximo receptor de la ayuda militar estadounidense, siendo sustituida por Colombia.  He aquí, por tanto, un segundo ejemplo que nos permitirá profundizar en la investigación de las diferentes valoraciones de la «nueva era».
A lo largo de los años noventa, la situación de los derechos humanos en Colombia ha sido siempre la peor de todo el hemisferio occidental; a su vez, Colombia ha sido el máximo beneficiario de la ayuda y la instrucción militar estadounidense. Esta correlación se ha visto constantemente repetida.  Colombia recibe una aportación superior a la de la suma del resto de países de Latinoamérica y el Caribe. La cantidad se ha triplicado entre 1998 y 1999, pero ha de incrementarse mucho más gracias a la aportación estadounidense de 7.500 millones de dólares para el «Plan Colombia». La concepción de este proyecto se atribuye a los colombianos, aunque[28] «con una importante colaboración de los EE.UU.», en palabras del Wall Street Journal; varios diplomáticos no estadounidenses han confirmado, sin embargo, que el plan estaba escrito en inglés. En cualquier caso, el Plan Colombia pide a los EE.UU. una aportación de más de 1.000 millones de dólares en ayuda militar, además de otras partidas destinadas a financiar programas sociales, económicos y de protección de los derechos humanos. La partida militar fue entregada en 1999, ampliando así los programas ya existentes; las otras están, al menos de momento, suspendidas. 

Este desplazamiento de puestos es indicativo del éxito de las diversas operaciones de limpieza étnica —entre otros crímenes— perpetradas en Turquía en la década de los noventa, que han generado una muy cuantiosa pérdida de vidas humanas; en cambio, al terrorismo estatal de otro de los clientes de Washington, Colombia, le falta recorrer todavía un buen trecho para lograr sus objetivos, a pesar de los alrededor de 3.000 asesinatos políticos y 300.000 refugiados anuales, con un total que debe de rondar los 2 millones de desplazados (una magnitud superada tan solo por Sudán y Angola). En 1985 se había permitido que funcionara un nuevo partido político, ajeno a la élite y los repartos de poder tradicionales; pero fue prontamente «aniquilado» y más de 3.500 de sus miembros «fueron asesinados o desaparecieron»;  entre ellos, candidatos presidenciales, alcaldes y otros representantes, sin que tal hazaña perjudicara el crédito democrático de Colombia, a los ojos de Washington.
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Esta apabullante cantidad de atrocidades suele ser atribuida a los paramilitares, estrechamente vinculados a los militares, que cuentan con la ayuda y la instrucción estadounidense; todos ellos están involucrados hasta la médula en el narcotráfico. Según el gobierno colombiano y los más destacados grupos de defensa de los derechos humanos (como la Comisión de Juristas Colombianos, por ejemplo), los asesinatos se incrementaron en casi un 20 por 100 en 1999, y el porcentaje imputado a los paramilitares aumentó del 46 por 100 de 1995 hasta casi el 80 por 100 en 1998 (y una cifra aún superior en 1999). El Departamento de Estado ha confirmado esta descripción general en su informe anual sobre derechos humanos. El informe, que se refiere exclusivamente a 1999, concluye que «las fuerzas de seguridad colaboraron activamente con los miembros de los grupos paramilitares», y que «las fuerzas gubernamentales siguieron perpetrando numerosos abusos graves, como por ejemplo ejecuciones extrajudiciales, en un nivel aproximadamente similar al de 1998». Para ese año, el propio Departamento achacaba a los militares y paramilitares alrededor del 80 por 100 de los crímenes cometidos por grupos identificables.

A principios de 1999, cuando Colombia reemplazó a Turquía como receptor señero del armamento estadounidense, las masacres se hicieron cada vez más frecuentes, hasta producirse una al día. Entre junio y agosto de 1999, otras 200.000 personas fueron desalojadas de sus casas, según varias organizaciones de defensa de los derechos humanos, colombianas e internacionales.

El incremento en el suministro armamentístico se presenta en EE.UU. bajo el pretexto de una guerra contra la droga, lo cual no es tomado en serio por casi ningún analista competente, por varias razones. Además de su escasa verosimilitud, llama la atención el hecho de que este pretexto parte de un principio muy singular, y solo raramente puesto en duda: el de que los EE.UU. tienen el derecho de desarrollar iniciativas militares y actos de guerra química y biológica en otros países, cuando desean erradicar una cosecha que no es [30] de su gusto. Claro está que la «concepción moderna de la justicia» no autoriza a Colombia —como tampoco a Tailandia, o a China, o a tantos otros— a hacer lo mismo en Carolina del Norte, con miras a eliminar una droga mucho más letal, cuya importación (e incluso publicidad) se han visto obligadas a aceptar todas estas sociedades, bajo la amenaza de sanciones comerciales, y con el coste derivado de millones de vidas.

Así pues, el segundo ejemplo nos lleva a la misma conclusión que el primero: la «nueva era» es igual a las anteriores, y no carece siquiera de la ya familiar «apariencia de rectitud moral».

Volvamos entonces la vista sobre un tercer ejemplo, que resulta, probablemente, el más útil para la evaluación de las dos interpretaciones encontradas sobre la realidad de la nueva era.

Mientras Colombia sustituía a Turquía en el encabezamiento de la lista de receptores de ayuda militar estadounidense, y los EE.UU. y el Reino Unido se preparaban para bombardear Serbia con la intención de llevar a la práctica sus elevados principios morales, estaban ocurriendo hechos de gran relevancia en otra parte del mundo. Allí, en Timor Oriental, se ha producido una de las peores catástrofes humanitarias de finales del siglo xx; en 1999 tuvo que sufrir nuevas carnicerías, tan atroces que igualan los registros de Kosovo en lo que atañe a la inquietud de la nueva era respecto de los derechos humanos, la intervención humanitaria y los límites de la soberanía.

Los trágicos padecimientos modernos de Timor Oriental se iniciaron en diciembre de 1975, cuando Indonesia invadió, ocupó y finalmente se anexionó la antigua colonia portuguesa, después de que esta proclamara su independencia. Aquella invasión ya produjo la matanza de unas 200.000 personas —casi un tercio de la población timoresa—, pero la desolación, la tortura y el terrorismo recuperaron el protagonismo en 1999. Para determinar qué relación guarda la segunda gran tragedia de 1999 con las diversas interpretaciones de la nueva época, debemos establecer qué ha pasado en [31] realidad, y cómo ha sido descrito y transmitido. Me limitaré aquí a hacer un breve resumen de la cuestión, sobre la que volveré en el capítulo 2, para analizarla más en detalle.

Los acontecimientos de 1999 han sido estudiados, por ejemplo, en el American Journal of International Law, en cuyo número de enero de 2000 puede leerse la versión estándar en Occidente: las atrocidades de Timor Oriental ocurrieron seis meses después de las de Kosovo —en concreto, después del referéndum de independencia, celebrado el 30 de agosto de 1999—, pero a diferencia de lo sucedido en Kosovo seis meses antes, cuando ocurrieron los hechos de Timor Oriental no hubo ningún estado (incluyendo a los EE.UU.) que defendiera la intervención de una fuerza militar. Aparentemente, esta reticencia obedecía a que Indonesia posee un ejército poderoso, a que era probable que una intervención similar contara con la oposición frontal de la cercana China, y a que en los países preocupados por esta situación se creía que Indonesia no tardaría en dar su consentimiento al envío de una fuerza multinacional. 

La interpretación es, sin duda, la estándar. Por seleccionar otro ejemplo, casi al azar, véase el reciente estudio de William Shawcross sobre la interacción de las tres «fuerzas benignas» de nuestro mundo —Naciones Unidas, las OONNGG y las democracias liberales— y la «fuerza maligna» de «los señores de la guerra, que han dominado los noventa»; entre estos últimos «sobresalen» Sadam Huseín y Slobodan Milosevic.  Algunos lugares tuvieron la fortu-[32]na de verse «bañados por la luz de la inquietud de Occidente (Bosnia y Kosovo, por ejemplo)», pero «otros quedaron oscurecidos por nuestro desinterés». El libro termina con un capítulo titulado «De Kosovo a Timor Oriental», lo cual muestra en qué orden se percibe el desarrollo de los acontecimientos en estas dos grandes crisis de 1999: «en ambos casos, la comunidad internacional se vio obligada a afrontar un desastre humanitario —que era, en parte, consecuencia de su propia desatención— y a decidir qué precio quería pagar para corregir la situación».

Son numerosos los comentaristas que han descrito la intervención en Kosovo como un precedente para el envío de una fuerza de paz a Timor Oriental. En este sentido, incluso los que se mostraban críticos con el bombardeo de la OTAN están de acuerdo en que tuvo efectos positivos. Otros, en cambio, señalan que «EE.UU. no quiere ser un globocop, como tampoco ha querido serlo en el pasado; no está dispuesto a sacrificar los recursos y las vidas de los estadounidenses por los Timorés Orientales del mundo», como al parecer hizo cuando una fuerza de paz de la ONU entró «en territorio indonesio ... para detener las matanzas», a iniciativa de los EE.UU. 

De todas estas afirmaciones, sin embargo, no hay casi nada que se aguante de pie. La verdad se puede determinar fácil y rápidamente, e ilustra a las claras cuáles son las normas de conducta que prevalecerán si la doctrina oficial continúa siendo interesada e impermeable a la reflexión crítica y los principios morales continúan arrumbados extramuros de la conciencia.
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La catástrofe humanitaria de Timor Oriental no fue «consecuencia de [la] desatención» de las democracias liberales. Fue, básicamente, obra suya, como lo habían sido los otros casos referidos aquí. Cuando Indonesia invadió Timor en 1975, se apoyaba casi por completo en el armamento y la colaboración diplomática de los EE.UU., reforzados en 1978 —cuando las matanzas se intensificaron hasta convertirse, prácticamente, en un genocidio— y mantenidos mientras la opresión más brutal proseguía cobrándose un saldo macabro a manos de un criminal que, sin duda, ocupa un lugar de primacía en la lista de «fuerzas malignas» de Shawcross. Este criminal, sin embargo, no recibía más que palabras de encomio por ser «moderado» y «de corazón bondadoso»; y fue «uno de los nuestros», en palabras de la administración de Clinton, hasta que perdió el control en 1997 y, por tanto, hubo que descartarlo. En 1978, durante una de las fases más furiosas del genocidio, a la ayuda de EE.UU. se unió la del Reino Unido, Francia y otras potencias. El apoyo y la participación de británicos y estadounidenses se mantuvo, asimismo, durante la escalada de la catástrofe humanitaria de 1999 y su consumación después del referéndum de independencia. Por entonces, Timor Oriental era, en efecto, «territorio indonesio», gracias a que los líderes de las democracias liberales autorizaron su conquista, aun cuando esta infringía las disposiciones del Consejo de Seguridad y una sentencia del Tribunal Internacional de Justicia.

En la interpretación acostumbrada, además, el orden de los acontecimientos ha sufrido una inversión crucial: en Timor Oriental, la última ola de atrocidades estaba en marcha ya desde noviembre de 1998. Así, bastante antes del plebiscito de independencia, las matanzas de timoreses —contando tan solo las de 1999— habían alcanzado una magnitud superior a la del estándar de comparación: la matanza de kosovares antes de los bombardeos de la OTAN. Asimismo se habían hecho públicas numerosas informaciones que permitían presagiar que lo peor estaba [34] por venir, de no ser que la población se sometiera al terrorismo indonesio; y, sin duda, los servicios de inteligencia de los EE.UU. y Australia estaban al corriente de todo ello. Sin embargo, la nueva generación no interrumpió la ayuda militar, e incluso participó en ejercicios militares conjuntos justo antes del referéndum, al par que se negaba a dar ni un solo paso que pudiera detener unas atrocidades perfectamente previsibles. Todavía después de la votación del 30 de agosto, los EE.UU. insistían en que Indonesia debía controlar el territorio timorés, ocupado de forma ilegal; entretanto, sus fuerzas desolaban el país y expulsaban de sus casas a 750.000 personas: el 85 por 100 de la población.

Así pues, independientemente de cómo juzgue cada cual lo acontecido en Kosovo, no podría haber servido como «precedente» de la intervención humanitaria en Timor Oriental, por simples razones de calendario; y, lo que es más importante, porque no llegó a producirse la tal intervención humanitaria. De hecho, no hubo «intervención» alguna, ni podía haberse «intervenido» en un territorio cuya soberanía no pertenecía a Indonesia. Incluso la propia Australia, el único país occidental que había reconocido de jure la anexión indonesia —debido, sobre todo, a su interés por la explotación conjunta del petróleo de Timor—, había abandonado esa posición en enero de 1999. Los derechos de soberanía de Indonesia eran comparables a los de la Alemania nazi sobre la Europa ocupada: se apoyaban tan solo en que las grandes potencias habían ratificado la legitimidad de los indonesios para agredir y masacrar ese territorio administrado por los portugueses y responsabilidad de Naciones Unidas. El movimiento de Rusia hacia Occidente durante la segunda guerra mundial, o el desembarco de los aliados en Normandía, no fueron intervenciones; a fortiori, la entrada de las fuerzas de pacificación de la ONU (comandadas por Australia) una vez que el ejército indonesio se retiró de Timor, tampoco cumple los requisitos propios de una «intervención». En suma: ni siquiera se puede plantear la cuestión de si hubo una in-[35]tervención humanitaria, aun cuando este es uno de los pocos casos en los que es adecuado referirse a una intención humanitaria, al menos por parte ya que no Australia, sí de su población, que se mostró abiertamente crítica con el fracaso de su gobierno, incapaz de frenar la escalada mortífera que se iba acrecentando desde principios de año.

Hay uno de los componentes de la versión estándar que sí es exacto: ni un solo estado abogó por la intervención militar. Es bastante razonable, puesto que no había necesidad de «intervenir» para detener las atrocidades, ni las de 1999 ni las de las anteriores décadas de horror; no había necesidad de imponer sanciones, o de bombardear Yakarta. Bastó con sugerir que se iba a retirar la colaboración, como se dejó entender a mediados de setiembre de 1999, para que los generales indonesios se apercibieran claramente de que se había terminado la partida. Este mismo resultado podría haberse obtenido mucho antes, por el mismo procedimiento, si hubiera habido algún deseo de interferir en las proezas de una «fuerza maligna» que, en realidad, servía a la perfección a los intereses de las potencias y las élites occidentales.
Las razones que se alegan para diferenciar las situaciones de Kosovo y Timor Oriental, y que acabamos de citar, no son demasiado convincentes. Serbia, en efecto, «poseía un ejército poderoso»; esta fue, precisamente, la razón de que no se planteara la posibilidad de una invasión y de que los bombarderos se mantuvieran a una distancia de seguridad. Además —y esto es aún más importante— el ejército indonesio, a diferencia del serbio, depende en gran medida de los EE.UU., como quedó de manifiesto a mediados de setiembre de 1999, cuando Clinton dio finalmente la señal de abandonar. Por otra parte, Rusia «se oponía frontalmente» a los bombardeos de la OTAN, sin que ello atemorizara a los EE.UU. ni sus aliados. Por último, antes de setiembre nadie esperaba que Indonesia «diera su consentimiento al envío de una fuerza multinacional», aunque solo fuera porque los «países preocupados por [aquella] si-[36]tuación» no habían mostrado el más mínimo interés por ese envío de tropas (y porque Indonesia se negaba en redondo a aceptarlo). En definitiva: durante los meses de la escalada terrorista fue Washington quien se puso a la cabeza de los contrarios a una «intervención» —incluso pacífica—, y ni siquiera abandonó esta posición en los momentos más crueles de la represión que siguió al referéndum.

Los principios por los que se regía Washington fueron resumidos por un diplomático australiano de gran prestigio, Richard Butler, quien informó a sus compatriotas de las conclusiones de sus conversaciones con «destacados analistas estadounidenses»: los EE.UU. actuarán de acuerdo con sus propios intereses; el resto deberá compartir tanto la carga como los costes, de no ser que alguna gran potencia pueda obtener provecho de la situación.  Se diría que es una definición ajustada de esta nueva era ilustrada, progresista y radicalmente moral; así lo demuestra —trágicamente— el caso de Timor Oriental, otro ejemplo demasiado ilustrativo que añadir a la lista.

Uno de los principios rectores de la nueva era supone que la soberanía puede ser quebrantada en nombre de la defensa de los derechos humanos; quebrantada por los «estados progresistas», claro está, no por los otros. Así, los EE.UU. y el Reino Unido se arrogan el derecho de desarrollar guerras económicas y militares, por ejemplo con el pretexto de mantener a raya a Sadam Huseín; pero no se piensa en financiar a Irán para que invada Iraq y derroque al tirano, a pesar del grave sufrimiento infligido a los iraníes durante la invasión iraquí (que fue respaldada por estadounidenses y británicos, entre otros). Este principio tan cacareado tiene sentido —o al menos podría tenerlo— si, desde un punto de vista honrado, se confir-[37]ma que se lleva a la práctica con seriedad. Pero solo unos pocos pueden ejercer este derecho, lo cual resquebraja su credibilidad; y las ilusiones se disipan por completo cuando recordamos los dos ejemplos acaecidos en 1999.

Aun cuando Indonesia carecía de legitimidad para ejercer la soberanía en Timor Oriental, sus pretensiones fueron tratadas con el mayor respeto y delicadeza, como corresponde a la práctica de los principios defendidos por los países progresistas; al par que las tropas indonesias iban imponiendo un nuevo imperio del terror, los estados occidentales insistían en que debían ser ellas las que garantizaran la seguridad en la zona. En cuanto a Kosovo, los EE.UU. y sus aliados exigieron que permaneciera bajo soberanía serbia, quizá por el temor a una «gran Albania»; pero si bien en el juego de la OTAN se puede «derrotar» a la soberanía serbia con la carta de la defensa de los derechos humanos, en Timor Oriental la supuesta soberanía de Indonesia «derrota» a la inquietud por los derechos humanos (que están siendo brutalmente violados por los líderes de la OTAN).

La nueva era es ciertamente prodigiosa.

En Timor Oriental, la realidad que describió Richard Butler se podía comprobar ya en abril de 1999, en el momento de máxima euforia por asistir a la aurora de un tiempo nuevo. Por entonces, las masacres organizadas por un ejército armado y entrenado por estadounidenses y británicos eran el pan de cada día; las más crueles ocuparon un importante espacio en los medios de comunicación, sobre todo en los australianos. El 6 de agosto —casualmente, el mismo día en que se difundía la nueva Doctrina Clinton, comprometida a «detener» la masacre de «civiles inocentes» siempre que «esté en nuestras manos»—, la iglesia timoresa notició que, solo en 1999, se había asesinado a entre tres y cinco mil personas. Son aproximadamente el doble de las que habían muerto por parte de todos los bandos del conflicto kosovar durante el año anterior al bombardeo de la OTAN (según fuentes de la propia [38] OTAN); y en circunstancias muy diferentes. Las víctimas que morían en Timor a manos de asaltantes indonesios respaldados por Occidente eran civiles indefensos; no había ninguna guerra abierta; ninguna guerrilla con base en el extranjero había conquistado territorios, y nadie había agredido a la policía y los civiles con el objetivo declarado de despertar una venganza cruel, que diera paso a la intervención militar occidental. Las escasas fuerzas de la resistencia timoresa estaban confinadas en zonas montañosas aisladas y carecían casi por completo de contactos internacionales; y las atrocidades fueron responsabilidad, casi por entero, del ejército agresor y sus socios paramilitares (y, claro está, también de sus protectores extranjeros, sobre todo los EE.UU. y el Reino Unido, como ha venido sucediendo desde hace veinticuatro años). La realidad kosovar, sobre la que volveremos en el capítulo 3, se diferenciaba claramente de la timoresa.

En 1999, los principios y valores de los países ilustrados dictaron para Timor Oriental la misma conclusión que habían dictado antes en Turquía y Colombia, donde se estaba produciendo una matanza diaria: hay que apoyar a los asesinos. Es cierto que hubo noticias de una masacre en Kosovo, concretamente en Racak, el 15 de enero, en la que murieron 45 personas; se supone que este acontecimiento inspiró tal horror en el sentimiento humanitario de Occidente que, diez semanas después, fue necesario bombardear Yugoslavia, con la esperanza —prontamente satisfecha— de que ello derivaría en una escalada de la violencia. 

Todos estos ejemplos no son más que un botón de muestra de las diversas circunstancias que despertaron el considerable coro de autobombo, que se felicitaba por la llegada de una nueva era en la [39] que los líderes occidentales se entregaban con denuedo a perseguir un «objetivo moral» en nombre de la «comunidad internacional» (que se opone a ello decididamente, aunque sin éxito). Dejando de lado lo acontecido de verdad en Kosovo, la actuación teatral se vio muy favorecida por la mentira y el silenciamiento de lo que, si de verdad se hubieran respetado los principios morales citados al principio, se hubiera puesto sobre el tapete.

Para poder determinar cuál de las dos interpretaciones de la «nueva era» es más acertada, hemos visto ya los ejemplos más significativos: las masacres más graves de nuestro tiempo podían haberse atenuado —o impedido— fácilmente, con solo retirar una participación directa que resultaba imprescindible para su realización. Digámoslo en los términos predilectos de los apologistas de la violencia estatal: se hubieran impedido las masacres «permitidas» por los EE.UU., que «no han sido capaces de proteger» a las víctimas. Sin embargo, hay otros ejemplos preferibles, como los de Chechenia o el Tibet (entre otros), que parten con una importante ventaja: la fase actual de las masacres puede ser atribuida a una tercera parte. En estos casos, solo tenemos que preguntarnos cómo estamos reaccionando ante los crímenes ajenos. Es menos incómodo.

Dentro de esta segunda categoría, el caso más extremo lo representan las guerras africanas. Aun descartando por el momento varios episodios históricos muy relevantes, las atrocidades no son respaldadas directamente por la «nueva generación», a diferencia de lo que sucedía en los ejemplos anteriores. En esta ocasión, la actitud de los EE.UU. es más bien la que resumen las palabras del consejero de Seguridad Nacional, Sandy Berger, o el diplomático Richard Butler: como la ayuda a las víctimas del terrorismo no va a redundar en provecho de ninguna gran potencia, no hay nada que se pueda hacer (excepto seguir enviando armas para avivar el conflicto). Mientras se remataban los planes del bombardeo de Serbia, en febrero de 1999, algunos diplomáticos occidentales enjuiciaron la política de Clinton [40] en África, concluyendo que consistía en «dejar que África resuelva sus propias crisis». Asimismo, varios representantes de Europa y la ONU dieron cuenta de que «los EE.UU. no han cesado de frustrar los intentos de Naciones Unidas por organizar misiones de paz que podían haber impedido alguna de las guerras africanas». En el Congo, por ejemplo, EE.UU. se negó a conceder una aportación insignificante para colaborar con una operación de paz de Naciones Unidas, lo cual «dinamitó» la propuesta, según el máximo delegado de la ONU en África. Sierra Leona es un caso especialmente llamativo. En 1997, «Washington retrasó deliberadamente la discusión de una propuesta británica, que pedía el envío de una misión de paz», y no movió un dedo ante el incremento de los horrores. En mayo de 2000, el secretario general de la ONU, Kofi Annan, reclamó ayuda militar para reforzar el contingente de paz, que no lograba frenar las atrocidades; pero los representantes estadounidenses precisaron que «la colaboración de nuestro gobierno se limitará a brindar soporte técnico y logistico», lo cual, además, se reveló como un engaño: si bien Clinton ofreció los aviones estadounidenses, exigió el pago de una tarifa desorbitante. «Cuando Washington ofrece material logistico, por ejemplo para transportar tropas de otros países, "exige unas compensaciones que triplican el importe habitual"», en palabras de Annan, y además «no autoriza a sus funcionarios a participar sobre el terreno». Sea como sea, Naciones Unidas tiene dificultades incluso para cumplir con las tarifas comerciales, puesto que los EE.UU. se niegan a satisfacer su deuda con la institución. 

De nuevo llegamos a las mismas conclusiones; con una cota de claridad inusual en las cuestiones de política internacional, la [41] valoración escéptica de la nueva era triunfa arrolladoramente. Pero esto carece de efectos prácticos, debido a la cubierta opaca que tejen los intelectuales responsables: como mucho, sucede que «permitimos» los crímenes ajenos y, en ocasiones, nos imponemos un castigo por no haber logrado responder como debíamos... lo cual pone de relieve nuestro compromiso profundo con los principios morales más elevados, así como la buena disposición con que reconocemos incluso nuestros errores más graves.
A pesar de que estas consideraciones elementales bastan para apagar la euforia que acompañó al bombardeo de Serbia, todavía falta responder a dos cuestiones: por qué se tomó la decisión de ir a la guerra, y con qué legitimidad se contaba. Queda la posibilidad de que exista una auténtica «incoherencia», aunque no de la clase de las postuladas por la literatura apologética: existe la posibilidad, como decía, de que en el caso concreto de Kosovo la nueva generación estuviera operando de un modo diferente al estándar y procurara un verdadero «objetivo moral» (como proclamaba, con más pasión que razonamiento).

Como se ha indicado antes, la justificación oficial de la guerra, que se ha mantenido sin excesivos cambios, fue expuesta entre otros por el secretario de Defensa, William Cohen, y el jefe del Estado Mayor, Henry Shelton, en enero de 2000. Se adujeron tres razones principales:
1.   Asegurar la estabilidad de la Europa oriental
2.   Evitar la limpieza étnica
3.   Afianzar la credibilidad de la OTAN
La segunda de ellas, sin embargo, no hubiera bastado, como determinó el consejero de Seguridad Nacional, Sandy Berger; en consecuencia, lo que estaba en juego era el «interés nacional», al que se refieren el primero y el tercero de los motivos expuestos.
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El tercero es el que ha sido repetido con más frecuencia, y es poco discutible, cuando se lo interpreta correctamente: la «credibilidad de la OTAN» debe identificarse con la «credibilidad del poder estadounidense»; y los elementos que generan «desorden» en el mundo han de saber que lo pagarán caro... si no obedecen las órdenes de Washington, el amo.  En cuanto al primer motivo, tampoco carece de verosimilitud, siempre que volvamos a interpretarlo correctamente: no en el sentido literal, sino en el doctrinal. Así entendido, una región es «estable» cuando se encuentra integrada en el sistema global que, dominado por los EE.UU., sirve a los intereses sancionados oficialmente y está controlado por determinados centros de poder.

Si lo interpretásemos literalmente —no doctrinalmente—, deberíamos reconocer que la Europa oriental, cuando estaba bajo dominio del Kremlin, era mayoritariamente estable. Pero en el sentido doctrinal, las regiones subyugadas por Yakarta se convirtieron en «estables» en 1965, cuando se impuso una dictadura militar, precedida de una matanza similar a la de Ruanda, que destruyó al PKI, un partido de base popular formado por los campesinos pobres. El PKI «había obtenido un respaldo general, no tanto por postular ideas revolucionarias como por defender los intereses de los pobres sin romper el sistema establecido»; gracias a este «vigor en la defensa de los intereses ... de los pobres» se había ganado «el apoyo mayoritario del campesinado». Ante la imposibilidad de vencer al PKI por «los medios habituales en una democracia», Washington emprendió en 1958 una guerra clandestina que pretendía arruinar Indonesia y, al fracasar esta, apoyó al ejército, cuyo objetivo principal era «exterminar al PKI».  Unidas al hecho de que el [43] PKI se había posicionado a favor de China, estas eran las razones de que fuera considerado una fuente de «inestabilidad». Sin embargo, es comprensible que los EE.UU. y el Reino Unido colaboraran en las brutalidades subsiguientes de los responsables de la matanza de 1965, puesto que Indonesia es «esencial en la estabilidad de la región», como se reiteró en 1999, de forma paralela al recrudecimiento de los ataques indonesios.
Del mismo modo, Washington se vio obligado a imponer en Guatemala una dictadura militar extremadamente cruel, porque su primer gobierno democrático «representa una amenaza creciente para la estabilidad de Honduras y El Salvador», según se advirtió desde el Departamento de Estado. El riesgo de inestabilidad en la región no debe entenderse a la letra; lo que sucedía es que «la reforma agraria [de Guatemala] es una poderosa arma propagandística; su generoso programa social, centrado en ayudar a los trabajadores y campesinos y opuesto frontalmente a los intereses de las clases superiores y las grandes corporaciones extranjeras, resulta de gran atractivo para los pueblos centroamericanos vecinos, que viven bajo condiciones similares». Después de cuarenta años de terrorismo, ya no existen tales programas, con lo cual Guatemala ya no es una amenaza para la estabilidad. Téngase en cuenta que, en el sentido doctrinal, ni siquiera se considera contradictorio el «desestabilizar» con miras a «estabilizar»; así, Nixon y Kissinger «pusieron todo su empeño en desestabilizar el gobierno marxista que habían escogido los chilenos en unas elecciones libres», porque «estábamos decididos a lograr la estabilidad», según un reconocido experto en relaciones internacionales. 

Si nos ajustamos a la interpretación doctrinal, está ciertamente justificada la creencia de que los motivos principales del bombar-[44]deo eran «asegurar la estabilidad de la Europa oriental» y «afianzar la credibilidad de la OTAN».
En cuanto a lo de «evitar la limpieza étnica», ya durante la guerra resultaba un motivo poco creíble, pero hoy lo es aún menos a la luz de las numerosas pruebas que han venido aportando los EE.UU. y otras fuentes occidentales. Cuando elaboraban esta segunda justificación, Cohén y Shelton afirmaron que, antes de los bombardeos, «la cruel represión de los kosovares a manos del régimen de Belgrado [había] originado una gravísima crisis humanitaria», y que «la campaña de Milosevic —que él mismo había bautizado como "Operación Herradura"— hubiera incrementado todavía más las penurias y el número de muertos o desplazados, de no habernos enfrentado a su total falta de escrúpulos». Antes del bombardeo del 24 de marzo de 1999, Milosevic estaba «dando los últimos toques a su bárbaro proyecto»; el 21 —un día después de que se retiraran los inspectores de la Comisión de Supervisores de Kosovo (CSK)—, las fuerzas serbias «lanzaron una importante ofensiva ... denominada "Operación Herradura"». Algunos meses más tarde, Cohén declaró ante el Congreso que «desde nuestra perspectiva actual, sabemos que [Milosevic] pensaba realizar sus objetivos mediante la Operación Herradura, que confiaba poder llevar a cabo en muy poco tiempo, alrededor de una semana», si el bombardeo no hubiera frustrado sus planes. 

Son numerosos los comentaristas que, pese a estar bien informados, han aducido la «Operación Herradura» como justificación del bombardeo. Como botón de muestra, baste citar a Ivo Daalder y Michael O'Hanlon, dos importantes miembros de la Brookings Institution con experiencia en los asuntos de los Balcanes e integrados durante algún tiempo en el gobierno, quienes han escrito [45] que, a finales de 1988, «Milosevic había dado el visto bueno a la Operación Herradura, un plan de una magnitud verdaderamente diabòlica, que pretendía transformar Kosovo mediante la expulsión permanente de una gran parte de su población». Es por ello que, hoy en día, «los problemas que sufren los kosovares son una minucia en comparación con lo que hubiera podido suceder de no haber mediado la intervención de la OTAN». 
Sin embargo, hay un hecho constatado con certeza: al bombardeo de la OTAN siguió una rápida escalada de las atrocidades y la limpieza étnica. Y ello debería servir para reprobar el bombardeo, no para justificarlo. Respecto de las otras cuestiones, hay muchos matices que hacer.

En primer lugar, la extensa documentación proporcionada por Washington, la OTAN y el resto de fuentes occidentales no contiene ninguna prueba significativa de la supuesta ofensiva serbia que se dice siguió a la retirada de la CSK; en cambio, sí que ofrece numerosos testimonios de operaciones de limpieza étnica a manos de los serbios después de iniciarse el bombardeo. Volveremos sobre esta cuestión; pero téngase en cuenta por el momento que, incluso si la retirada de los supervisores fue efectivamente seguida por una ofensiva que preparaba el terreno para una invasión militar, ello difícilmente serviría para justificar ni la retirada —que se produjo en contra del deseo expreso de los serbios, lo cual ha aparecido poco reflejado en nuestros medios más destacados, aun cuando las objeciones serbias a la retirada de la CSK eran bien conocidas el día antes de los bombardeos—  ni el ataque militar del cual iba a ser un preludio.

Otro de los matices imprescindibles consiste en diferenciar entre un proyecto y su realización. Los proyectos de las grandes potencias y sus clientes para casos de contingencia son, hasta [46] donde los conocemos, terribles; pero aún peores son los que ni siquiera conocemos.  Nadie duda de que Milosevic albergara planes de «una magnitud verdaderamente diabólica» para Kosovo, sin necesidad siquiera de acceder a los documentos internos de su gobierno; tampoco los requerimos para tener la certeza de que Israel proyecta desalojar a gran parte de la población palestina y que, si Irán o Siria amenazaran con bombardearlo o invadirlo, se dispondría a llevar a efectos esos planes. Así pues, es indudable que, en marzo de 1999, bajo el riesgo inminente e insistente de que Serbia fuera bombardeada e invadida por la superpotencia dominante y la alianza militar que esta controla, el ejército serbio se disponía a realizar un plan similar en Kosovo. Pero dista un gran paso entre la existencia de planes o su preparación y la conclusión de que solo se impedirá que se lleven a cabo si se ataca militarmente al que los ha concebido; es este embate el que provoca la realización de los planes. Posteriormente —y haciendo gala de una lógica prodigiosa— esto se ha utilizado para justificar, retroactivamente, la necesidad del ataque.

Así pues, es razonable que «nadie dude de que, antes de los bombardeos, existían proyectos de limpieza étnica sistemática»; vistas las circunstancias, es difícil imaginar que pudiera ser de otro modo. Pero sigue siendo necesario demostrar con pruebas la aseveración de que «los servicios de inteligencia occidentales confirman que [la limpieza étnica] se había iniciado ya antes de los primeros ataques aéreos de la OTAN» e, igualmente, antes de la retirada de la CSK, si es que se pretende que la afirmación tenga algún valor.  Asimismo es necesario explicar por qué Washington, [47] que ha generado una cuantiosa documentación al respecto, ha sido incapaz, hasta ahora, de ofrecer esas pruebas; volveremos sobre esta cuestión.

También debe matizarse lo referido a la «Operación Herradura». Se dice que la descubrieron las autoridades alemanas dos semanas después de que se iniciaran los bombardeos y que la conocemos «desde nuestra perspectiva actual» (como afirmó el secretario de Defensa, W. Cohén); en consecuencia, no pudo haber motivado el bombardeo. Resulta curioso que este proyecto no fuese revelado a Wesley Clark, comandante general de la OTAN, quien, a las preguntas de la prensa un mes después de que comenzaran los bombardeos, respondió que «no se me ha hecho partícipe» de ese plan.  Heinz Loquai, un general alemán retirado del ejército que trabaja para la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), ha declarado en un libro reciente que «el proyecto fue fabricado a partir de unos informes ordinarios del servicio de inteligencia de Bulgaria» y que, por su parte, había «llegado a la conclusión de que la Operación Herradura no existió jamás». Según el semanario alemán Die Woche, el supuesto plan fue «un análisis general del comportamiento de los serbios en la guerra, compuesto por una agencia de espionaje búlgara»; el mismo noticiario precisa que «los mapas retransmitidos por los medios de comunicación de todo el mundo como testimonio de las informaciones obtenidas por la OTAN habían sido dibujados en los cuarteles centrales del ejército alemán» y que el informe búlgaro «consideraba que los militares serbios pretendían eliminar al Ejército de Liberación Kosovar, y no expulsar a toda la población albanesa, como dijeron más tarde [el ministro de Defensa alemán, Rudolf] Scharping y los representantes de la OTAN». Loquai postula que Scharping fue «incluso [el que] inventó el nombre de "Herradura"» y pone el dedo sobre [48] «un error fundamental de la versión alemana: se afirmó que los serbios proyectaban la Operación Potkova, usando un término croata», y no la palabra serbia, que es potkovica. El libro de Loquai ha sido bien recibido por la prensa alemana, que ha criticado también otras «mentiras propagandísticas» de Scharping (p. ej., referirse a la presencia de 40.000 soldados serbios antes del bombardeo, cuando en realidad no pasaban de 20.000) y las evasivas con que ha pretendido sortear estas acusaciones. 
Por último, debe recordarse aquí que el general Clark tampoco era consciente de que se estuviera procurando «evitar la limpieza étnica». Antes al contrario, al comenzar los bombardeos, el 24 de marzo, indicó a la prensa —repetida, insistente y enérgicamente— que entre las consecuencias «plenamente predecibles» del ataque se encontraba una intensificación de las brutalidades serbias; más tarde precisó también que las operaciones militares de la OTAN no buscaban ni impedir «la limpieza étnica por parte de los serbios», ni tan siquiera combatir a las fuerzas serbias destacadas en Kosovo. Estas consideraciones de Clark acrecientan su plausibilidad cuando analizamos la información del momento, tanto del gobierno de los EE.UU. como de otras fuentes; desde entonces, el Departamento de Estado, la OTAN, la CSK, la OSCE y otras muchas fuentes occidentales e independientes han publicado un material muy extenso sobre la guerra de la OTAN, en gran medida con la intención de justificarla. Volveremos sobre ello en el capítulo 3, limitándome aquí a observar que la información confirma decididamente los análisis de Clark, hasta un extremo [49] que me pareció sorprendente. Aún me sorprendió más, sin embargo, que —contra lo que parecía razonable temer en su momento— ni siquiera hay pruebas que demuestren que las atrocidades se intensificaron significativamente después de la retirada de los supervisores de la CSK.

Como puede verse, las consecuencias de la política de la OTAN eran, efectivamente, previsibles, y ello se contradice a todas luces con la supuesta ejemplaridad de sus intenciones. Desde los bombardeos, la versión preferida —y repetida hasta la saciedad— indica que se tenía como meta «contener a los serbios, que pretenden expulsar de Kosovo a la etnia albanesa» mediante la Operación Herradura. Ahora bien, este desarraigo fue causado, según parecen, por los propios bombardeos —o, virtualmente, por el anuncio de su inminencia, en opinión del secretario de Defensa (aunque esta idea no casa con los archivos oficiales de Washington, como veremos más adelante)— y el objetivo no solo era desconocido para el comandante de las operaciones (al igual que la propia Operación Herradura), sino que este negó enérgicamente su importancia. Algunos han criticado la guerra aérea, al considerar que «los ataques por aire no lograron frenar la limpieza étnica, a pesar de que fue esta la que motivó la intervención de los líderes occidentales»; pero con ello se invierte el orden cronológico de los acontecimientos, que no ofrece demasiadas dudas, sea cual sea la valoración que nos pueda merecer su desarrollo. En un libro reseñado muy elogiosamente, el historiador David Fromkin postula —sin demostrarlo— que los EE.UU. y sus aliados actuaron movidos tan solo por el «altruismo» y el «entusiasmo moral», abriendo el camino a «una nueva manera de utilizar la fuerza en la política mundial», puesto que «reaccionaron ante la deportación de más de un millón de kosovares, expulsados de su patria», bombardeándolos para salvarlos «de un sufrimiento horrible, o incluso la muerte». Se refiere, claro está, a los que fueron desalojados como consecuencia anticipada de los bombardeos. También Alan Kuperman, [50] experto en seguridad y política internacional, ha escrito que en Timor Oriental y Kosovo, «la amenaza de bombardeos o sanciones económicas ha provocado secuelas violentas y funestas»; «la intervención occidental ha llegado demasiado tarde para impedir la generalización de la masacre». En Kosovo, empero, la amenaza de los bombardeos no llegó «demasiado tarde para impedir la generalización de la masacre», sino antes de que ocurriera; lo mismo cabe decir de los propios bombardeos, si hemos de hacer caso a los documentos oficiales. En cuanto a Timor Oriental, no hubo ninguna iniciativa occidental que derivara en «secuelas violentas y funestas»; no se propuso recurrir a la fuerza, y tampoco se quiso hacer uso de la amenaza de sanciones hasta que se consumaron las atrocidades; en definitiva, desde Occidente no se hizo nada que pueda merecer el nombre de «intervención». 

Se confirma, por tanto, que debemos quedarnos con tan solo dos de los motivos expuestos para justificar los bombardeos, e interpretarlos de acuerdo con su sentido doctrinal: se buscaba asegurar tanto la «estabilidad» como la «credibilidad de la OTAN».
Como estas dos razones no proporcionan un apoyo consistente a la tesis de que la nueva generación perseguía un «objetivo moral» en Kosovo —ni, menos todavía, a la utopía de la nueva era—, se han buscado otros argumentos. Uno de ellos, ya mencionado anteriormente, refiere que la guerra fue un precedente de la posterior «intervención humanitaria» en Timor Oriental. Aun cuando hubiera sido cierto, es evidente que ello no sirve para justificar un bom-[51]bardeo; pero como la conclusión carece de todo fundamento, no hay que darle más vueltas.

Otra de las versiones con que se suele defender el bombardeo de Serbia en 1999 implica que Occidente se sentía avergonzado por haber sido incapaz de intervenir en Bosnia. La OTAN optó finalmente por el bombardeo, según Fouad Ajami,
desoyendo los sondeos de opinión y las advertencias de los realistas y los partidarios de decisiones «geoeconómicas», para desarrollar una guerra justa; en Kosovo se sintieron empujados —como antes en Bosnia— por la vergüenza que les producía lo que habían visto, por la imagen de sí mismos que reflejaba el espejo de los Balcanes.

Según Aryeh Neier, lo que «inspiró a los defensores de la intervención humanitaria» en Kosovo fue que «muchas personas, desde dentro y fuera del gobierno, estaban decididas a no tolerar que se repitiera en Kosovo» lo que había sucedido en Bosnia. 
Estas afirmaciones se presentan sin prueba alguna, en tanto que verdades evidentes, como es habitual en la justificación de la violencia estatal. No tienen en cuenta cuáles fueron las razones oficiales que se adujeron en su día; además, aunque pretendan abogar por «los defensores de la intervención humanitaria» en Kosovo, no logran más que acusarlos gravemente, tanto a ellos como, más en general, a la cultura moral y política de Occidente. En efecto, según esta tesis, Occidente viola radicalmente los principios éticos de los que hace gala, puesto que se siente avergonzado por la imagen que le devuelve «el espejo de los Balcanes» —donde su culpa consiste [52] en no haber sabido dar respuesta a los crímenes ajenos—, pero no así la contenida en otros espejos que muestran crímenes cometidos por su propia mano: los que se han analizado anteriormente, por ejemplo, cuya intensificación no fue «permitida» por Occidente (como prefieren formularlo Neier y otros), sino instigada con decisión. Además, esta teoría implica que nuestra moral nos exige no volver a tolerar que nuestros enemigos oficiales cometan crímenes similares, pero nada dice respecto de la repetición de nuestros propios crímenes, que son comparables, si no mayores; con ello no solo se libera de la inquietud a los agentes de la «intervención humanitaria» y las «numerosas personas» que los respaldan, sino incluso del mero recuerdo de esa responsabilidad.

Una ilustración particularmente significativa de esta teoría y sus implicaciones es la proporcionada por Timor Oriental, que, en el discurso público de 1999, se ha equiparado a Kosovo. Es necesario destacar, por tanto, que la terrible carnicería de años anteriores en Timor es (cuando menos) de la misma magnitud que la que se puede adscribir a Milosevic en Yugoslavia; con la diferencia de que la responsabilidad está mucho más clara, ya que no hay factores adicionales que compliquen el panorama. Si alguien creía sinceramente que no podía «repetirse lo de Bosnia», ya a principios de 1999 debería haber exigido el bombardeo de Yakarta —y de Washington y Londres—, para «no tolerar que se repitiera en Timor Oriental» la masacre que Indonesia, los EE.UU. y el Reino Unido llevaban perpetrando desde hacía un cuarto de siglo. Y cuando la nueva generación de líderes mundiales se negó a perseguir una meta tan loable, debiera al menos haber estimulado a la gente honrada a procurarlo por sí mismos, uniéndose, por ejemplo, a la red de Bin Laden. Se trata nada más que de simples corolarios de esta teoría, a no ser que se reconozca que con ella solo se pretende, lisa y llanamente, realizar una apología de la violencia estatal.
Dejemos ahora de lado estos detalles —la autoinculpación a bombo y platillo, o la negativa a aportar pruebas, por burdas que [53] fueran— para fijarnos en que esta teoría es una justificación como se han visto pocas de la violencia estatal: es legítimo recurrir a la fuerza militar cuando, al no hacerlo, podemos estar induciendo a un tercero a cometer atrocidades (las atrocidades que, como es previsible, va a cometer después del ataque y, probablemente, en respuesta a este). Según esta nueva norma, los estados violentos pueden actuar como les plazca e incluso merecer el aplauso de las clases instruidas.

Otra de las argucias con que se pretende escapar a las consecuencias de haber «abogado por la intervención humanitaria» en Kosovo es sostener que la OTAN cometió un error: no debía haber optado por el bombardeo, sino por la invasión. Ahora es fácil decirlo; la propuesta podría tener su grado de razón, si se acompañara de razonamientos que, en ese momento o más tarde, dieran cuenta de las consecuencias más probables de una invasión (sobre todo a la luz de la doctrina militar estadounidense), aparte de varias dificultades logísticas y de otra índole, y no precisamente triviales.  Pero no hay ni rastro de ello, aunque, como es lógico, los partidarios del uso de la fuerza deben —independientemente de las razones que aduzcan—justificar su necesidad aportando cuando menos toda esta carga de pruebas y razonamientos.
Otro de los métodos utilizados para justificar el bombardeo consiste en sacarse de la chistera críticas absurdas y de refutación evidente, al par que se hace oídos sordos a las críticas serias. Una [54] de las dianas clásicas de esta práctica es el argumento —atribuido, sin más precisiones, a los «izquierdistas» y «revisionistas»—, de que los EE.UU. no tienen derecho a intervenir en parte alguna debido a su historial negativo. Es innegable que la historia de un estado ha de jugar un papel importante en la evaluación de sus posibles derechos de intervención; pero afirmar que unos precedentes negativos hacen prescribir esos derechos es adoptar una postura irracional (y, por tanto, fácil de rebatir). Esta práctica solo se comprende, una vez más, como resultado del reconocimiento tácito de cuán arduo de llevar es el peso de haber creado justificaciones para el uso de la violencia; un peso ciertamente arduo, pero no insuperable, excepto para algunos pacifistoides sin remedio.

La conclusión deviene todavía más clara si analizamos los —más bien escasos— intentos de citar una fuente real. Es raro, como digo, pero se dan algunos casos; por ejemplo, el del corresponsal Ian Williams, que ha reunido un currículo brillante en otras cuestiones, y que escribe que Edward Said y yo nos fijábamos «en el historial de inactividad de Occidente: como en Palestina, en Timor Oriental o en el Kurdistan no se había hecho nada, dedujeron que la intervención no podía obedecer a ningún motivo respetable y, por tanto, debían oponerse a ella». Para demostrar la acusación y hacer chacota sobre esta «actitud excesivamente teológica» y sobre el «componente moralizador» que «se comparte en todo el espectro del izquierdismo», no cita ni una frase de Said y tan solo una mía, que ni siquiera viene al caso.  Ni siquiera leyendo mi texto en diagonal puede surgir la más mínima duda de que yo sostenía la posición contraria, hasta el punto de recordar los pocos ejemplos existentes de intervenciones militares con consecuencias positivas (y, por ende, defendibles, a pesar de los terribles antecedentes de sus responsables). Pero es aún más llamativo el modo en que Williams cae en la trampa de las jus-[55]tifícaciones habituales de la violencia estatal: ni Said ni yo nos hemos fijado «en el historial de inactividad» de Occidente en los diversos casos que menciona, sino, bien al contrario, en una acción decidida y decisiva (lo cual, según parece, no cabe en la cabeza de muchos intelectuales occidentales). De nuevo, solo se me ocurre pensar que el peso de la apología es demasiado arduo.

Se requiere un empeño considerable para no reconocer la exactitud del informe presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU por Yiri Dienstbier, un antiguo disidente checo que hoy es Investigador Especial de Naciones Unidas sobre la antigua Yugoslavia. Según Dienstbier, «el bombardeo no ha resuelto ningún problema; tan solo ha multiplicado los ya existentes y creado algunos nuevos». Lo corrobora Michael MccGwire: «si bien no hay duda de que el "desastre humanitario" fue obra directa de las fuerzas serbias, una de sus causas primeras fue el deseo de la OTAN de entrar en guerra, un deseo largamente acariciado»; y seria una «auténtica patochada» referirse al «bombardeo como "intervención humanitaria"»:

Nadie pone en duda que, en el fondo, se tuvieran buenas intenciones; pero tiendo a pensar que gran parte de la retórica moralista —y de la demonización del enemigo, y de la pretensión de estar abriendo al camino a una nueva forma de política internacional, basada no solo en los intereses sino también en los valores— implicaba una negación de esas intenciones: servía para ocultar a nuestra vista el desagradable hecho de que los líderes políticos y sus pueblos han de aceptar su parte de culpa en las consecuencias indeseadas de su iniciativa; en el caso de Serbia, el desastre humanitario y las muertes de civiles. Y aun así, estas derivaciones son tan solo una parte del desastre. 
[56]

Los comentarios de MccGwire parecen realistas, al matizar la cuestión de las «intenciones». Pero la mención de las «consecuencias indeseadas» encubre el hecho de que habían sido previstas por anticipado, aun cuando quizá no fueran tan «plenamente predecibles» como declarara el comandante de la OTAN al iniciarse los bombardeos (en unas declaraciones recogidas por MccGwire). Y, además, no es tan evidente que «nadie [ponga] en duda que, en el fondo, se tuvieran buenas intenciones», puesto que esos propósitos se cuestionan «en gran parte del mundo», como puso de relieve el mismo MccGwire (véase la p. 15). Resulta difícil aceptar sin reparos la relevancia de las buenas intenciones, vistos los archivos de la historia pasada y presente, que incluyen ejemplos cruciales como los que se han analizado anteriormente, con miras a verificar las diferentes valoraciones de la «nueva era».

Haciendo una generalización, lo cierto es que se constatan pocas incoherencias tanto en la práctica de las grandes potencias, como en los principios y valores que rigen la política real. No debería sorprendernos, a no ser que prefiramos acomodarnos a lo que en ocasiones se ha denominado la «ignorancia intencionada».  En los siguientes capítulos nos ocuparemos de examinar más en detalle las dos catástrofes humanitarias que se han aducido como relevantes para fundamentar la teoría del «objetivo moral» y la visión del futuro que se ha erigido sobre esta base.
 [57]


2. «Luz verde» a los crímenes de guerra


Cuando uno ha de escribir sobre los hechos que se desencadenaron en Timor Oriental en 1999, se requiere un gran esfuerzo siquiera para fingir un mínimo de calma o desapasionamiento; pero las sensaciones de horror y vergüenza se intensifican al pensar que se trata de crímenes habituales, a los que hubiera sido muy sencillo poner fin. Así ha sido, en efecto, desde que Indonesia invadió Timor en diciembre de 1975, con el respaldo de las armas y la diplomacia de los EE.UU.; si bien puede alegarse que estos fueron usados ilegítimamente, existía una autorización secreta para ello, ya que los suministros de armamento continuaron incluso bajo la tapadera de un embargo oficial. Lo cierto es que no había necesidad de amenazar con bombardeos, o siquiera sanciones; hubiese bastado, con toda probabilidad, con que los EE.UU. y sus aliados retiraran su participación e informaran a sus consocios en el mando militar indonesio de que debían terminar con las atrocidades y respetar el derecho de autodeterminación del territorio timorés (que ha sido confirmado por Naciones Unidas y el Tribunal Internacional de Justicia). No podemos deshacer el pasado, pero al menos debemos estar dispuestos a reconocer nuestros actos, y a asumir la responsabilidad moral de proteger lo poco que queda en pie y disponer compensaciones generosas, como un triste gesto de reparación ante unos crímenes horripilantes. El último capítulo de esta dolorosa historia de traición y complicidad se inició tras el referéndum del 30 de agosto de 1999, en el [58] que la generalidad de la población votó a favor de la independencia. A partir de entonces, las atrocidades —organizadas y dirigidas por el TNI (el ejército indonesio)— se incrementaron radicalmente. El 11 de setiembre de 1999, una misión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas evaluaba la situación en estos términos:
Existen pruebas irrefutables de una conexión directa entre la milicia y el ejército, como ha sido claramente documentado por la UNAMET [la Misión de Ayuda de Naciones Unidas] durante los últimos cuatro meses. Pero la magnitud y la rotundidad de la desolación perpetrada en la última semana es testimonio de que se ha alcanzado un nuevo grado: el ejército participa abiertamente en la realización de lo que, hasta ahora, era una operación más velada.

La Misión advirtió, asimismo, de que «lo peor quizá esté por venir... No se puede descartar que esto no sea sino la primera fase de una campaña genocida con la que se pretende resolver por la fuerza el problema de Timor Oriental». 

También John Roosa, un historiador experto en Indonesia que actuó como observador oficial durante el plebiscito, ha descrito la situación con dureza:
El pogromo era perfectamente predecible y, por tanto, podía haberse evitado ... Pero en las semanas anteriores al referéndum, la administración de Clinton se había negado a estudiar con Australia y otros países la constitución de [una fuerza internacional]. Incluso después de los primeros estallidos de violencia, la administración estadounidense estuvo dudando durante varios días. 
[59]

El gobierno de los EE.UU. no emprendió ni siquiera un gesto tímido —como las amenazas de vetar los préstamos e interrumpir la colaboración militar— hasta verse obligado a ello por la presión tanto internacional (sobre todo, la de Australia) como nacional. Algunos meses más tarde, la cooperación fue «retomada a las calladas», «sin publicidad, para evitar ser objeto de las críticas del Capitolio y los grupos de defensa de los derechos humanos».  Aun así, aquellas medidas tan limitadas bastaron para convencer a los generales indonesios de que debían rectificar y aceptar la presencia de una fuerza internacional; ello evidencia que siempre hemos tenido a mano un poder enorme, y más todavía desde la ruina financiera de Indonesia, en 1997.

Los acontecimientos de 1999 deberían traer al recuerdo memorias amargas, puesto que fueron una repetición vergonzante de lo sucedido veinte años atrás. En efecto, después de cometer —con el apoyo de la administración de Carter— una terrible masacre entre 1977 y 1978, el general Suharto se sintió lo suficientemente fuerte para permitir una breve visita de los diplomáticos destinados en Yakarta, entre ellos el embajador de EE.UU., Edward Masters. Embajadores y periodistas pudieron comprobar la colosal catástrofe humanitaria, similar a las de Biafra o Camboya. Las secuelas fueron descritas en una sesión de Naciones Unidas por Benedict Anderson, un experto en temas indonesios: «Durante nueve largos meses, el embajador Masters se abstuvo deliberadamente de defender —ni siquiera en el círculo del Departamento de Estado— la necesidad de ayuda humanitaria en Timor Oriental», esperando «a que los generales de Yakarta dieran luz verde»; esto es, a que se sintieran «seguros de poder permitir la visita de extranjeros», como se indica en un documento interno del Departa-[60]mento de Estado. Solo entonces se aprestó Washington a considerar qué podía hacer en relación con las consecuencias de sus actos. 

Mientras Clinton continuaba con la actitud de sus predecesores, entre febrero y agosto de 1999, el ejército indonesio desarrollaba una campaña apenas encubierta de terrorismo e intimidación, que ha terminado con la vida de miles de personas, según la Iglesia y otras fuentes creíbles. Y mientras «estuvo dudando» en las últimas semanas, la mayoría de la población timoresa fue expulsada de sus casas y se causó un número aún indeterminado de muertes y la desolación de gran parte del territorio. Según las estimaciones de la ONU, la campaña de los paramilitares del TNI «desalojó de sus casas a unos 750.000 timoreses, de un total de 880.000»; se cree que unos 250.000 debieron de trasladarse a las posesiones indonesias en Timor Occidental, y el resto a otras zonas, según numerosos informes, aunque no hay al respecto ninguna investigación abierta. Se estima, asimismo, que alrededor del 70 por 100 del territorio quedó arrasado. Ello habría acarreado, a su vez, la muerte de unas diez mil personas, según el obispo Carlos Felipe Ximenes Belo, Premio Nobel de la Paz en 1996, que fue obligado a abandonar la región bajo una lluvia de balas; su casa fue incendiada y derruida, y los refugiados que se cobijaban en ella se vieron en la necesidad de marchar hacia un destino incierto. 
[61]

La misma fuerza aérea que, unos pocos meses antes, había sido capaz de destruir con una precisión extrema objetivos civiles en Novi Sad, Belgrado y Pancevo, carecía sin embargo de la capacidad de suministrar alimentos a los cientos de miles de personas que, al borde de la inanición, habían sido obligadas a buscar refugio en las montañas por las fuerzas del TNI, armadas y entrenadas por los Estados Unidos (y varios de sus aliados, no menos cínicos). El gobierno estadounidense tampoco hizo nada por rescatar a los varios cientos de miles de prisioneros que los paramilitares habían recluido en Timor Occidental. Y tampoco se pudo oír que nadie tomara la voz para exigir esta clase de iniciativas, especialmente entre los que llevaban varios meses alabándose a sí mismos por regirse por unos principios morales sin parangón en la historia.
El 20 de setiembre de 1999 —cuando el ejército de ocupación indonesio empezó a retirarse, toda vez que Washington se había decidido a dar la señal— entró en el territorio timorés la INTERFET, una misión de pacificación de Naciones Unidas, comandada por Australia; pero antes de que tomara el control definitivo de la zona, los militares indonesios aprovecharon su retirada para seguir cometiendo asesinatos, como el del corresponsal Sander Thoenes, el 21 de setiembre.  Quizá valga la pena recordar que el proceso de la invasión Indonesia comenzó, en octubre de 1975, con el homicidio de cinco periodistas occidentales, al que se le sumó un sexto dos meses más tarde, en el momento de la invasión definitiva.

Japón, que había apoyado durante mucho tiempo y sin reservas al régimen indonesio, aportó cien millones de dólares para la INTERFET, a los que Portugal añadió cinco. Los Estados Unidos no solo no ofrecieron nada, sino que la administración de Clinton pidió a la ONU que «redujera la magnitud» de su pequeña misión de [62] paz. No es sorprendente, dado que Washington no ha «contribuido con nada a los 37,9 millones de dólares destinados a sufragar los costes iniciales de la intervención civil de la ONU en Kosovo, a pesar de haber votado a su favor en el Consejo de Seguridad». Siete meses después de la llegada de la INTERFET, los Estados Unidos habían satisfecho poco más del 60 por 100 de su mísera promesa de aportar 13 millones para la reconstrucción de la zona, una quinta parte del total entregado hasta entonces. 

A finales de 1999, según un informe de Amnistía Internacional (AI) todavía permanecían en Timor Occidental entre cien mil y ciento cincuenta mil personas —o quizá más— que, recluidas «virtualmente como prisioneros» y «encerradas en campamentos provisionales, viven en un estado de temor incesante, bajo el control de los mismos grupos de paramilitares que habían desolado Timor Oriental... y que con frecuencia las amenazan, hostigan, extorsionan y, en ocasiones, las agreden sexualmente o las asesinan». Este es «el único lugar del mundo en que los trabajadores de ACNUR [la Alta Comisaría de Naciones Unidas para los Refugiados] no pueden moverse por los campamentos sin la protección de una importante escolta de la policía o el ejército», según la misma asociación; «si un nativo de Timor Oriental expresa el deseo de abandonar el campamento y regresar a casa, lo hace arriesgando su vida». Los representantes de AI calculan que deben de haber muerto unas 500 personas, «debido a las graves carencias sanitarias y médicas»; se trata sobre todo de niños, víctimas de diarreas y disentería. Pero «cada día mueren varias personas debido a la malaria, a infecciones respiratorias o enfermedades gastrointestinales graves», en palabras [63] de Arthur Howshen, un médico cooperante; y «también escasea la comida, suele faltarnos incluso el arroz, y muchos de los niños han enfermado por déficit de vitamina A». La llegada de la estación de las lluvias, a finales de 1999, ha empeorado estas condiciones. Tras una visita a algunos campamentos situados a ambos lados de la frontera, Harold Koh, ayudante del secretario de Estado de los EE.UU., ha declarado que los refugiados «se mueren de inanición y están aterrorizados», y que cada día se producen varias desapariciones «inexplicadas». Amnistía Internacional ha estimado que, al terminar diciembre, había al menos 100.000 refugiados; fuentes de Timor Occidental elevan la cifra a 150.000. A finales de enero, la prensa australiana se hacía eco de que en Timor Occidental quedaban más de 150.000 refugiados. 

Como en épocas precedentes, hubiera bastado un gesto de Washington para terminar con todos estos crímenes.
En enero de 2000, un profesor australiano escribió que
en realidad, nadie sabe con certeza cuánta gente ha sido asesinada antes y después del referéndum. Siguen apareciendo nuevos cadáveres, con frecuencia en fosas comunes, y se cree que muchas otras personas fueron arrojadas a un mar infestado de tiburones. Además, no se tienen noticias de un número inquietantemente alto de [64] timoreses: cerca de 80.000. Sin duda, muchos se desperdigaron por la región, pero su sombra hace que un escalofrío recorra el espinazo de cualquiera que se pare a pensar sobre las implicaciones de esta falta de noticias. 

Unas implicaciones que alcanzan bastante más allá de Indonesia: hasta Washington y Londres, en primer lugar, pero no solo allí. Entretanto, en un país desolado,

Los más débiles de Timor Oriental —los ancianos, los niños— se mueren cada día debido a enfermedades tan fáciles de evitar como la gastroenteritis, que les provoca vómitos y diarreas. El agua limpia, la carne, las proteínas de cualquier origen o el combustible para cocinar son —al igual que la medicina moderna o el mínimo cobijo— un lujo fuera del alcance de la mayoría de timoreses, sin excluir la capital, Dili. Durante su retirada, el ejército indonesio contaminó los pozos, arrojando cadáveres y componentes químicos, destruyó el sistema de abastecimiento de agua y de comunicación telefónica y, finalmente, robó el resto. 

En el caso de Kosovo, Slobodan Milosevic y otros líderes serbios fueron acusados por el Tribunal de Crímenes de Guerra en mayo de 1999, en el apogeo de los bombardeos de la OTAN. La inculpación se realizó por iniciativa de Washington y Londres, que pusieron a disposición del tribunal una gran cantidad de información secreta, como no se había hecho hasta entonces. En cambio, en el caso de Timor Oriental se ha tratado bien calmosamente de la posibilidad de realizar una investigación, con importantes retrasos y una deferencia constante hacia los deseos y necesidades de Ya-[65]karta. «Es pura comedia: están construyendo una tapadera perfecta» —como indicó una portavoz de AI a la prensa británica— que «va a causar a los timoreses un trauma aún mayor del que ya han sufrido»; «a estas alturas, sería ciertamente insultante» que se otorgara a Indonesia una función destacada. Son pocos los que confían en que los EE.UU. y el Reino Unido entreguen información secreta de relevancia, y los generales indonesios aparentan sentirse tranquilos, con la seguridad de que sus viejos amigos no les van a dejar en la estacada. Y no lo van a hacer, porque les resultaría difícil cortar la cadena de la responsabilidad en el eslabón preciso. A mediados de enero de 2000, varios funcionarios de Naciones Unidas han declarado que les parece improbable que se constituya un tribunal, puesto que el embajador de EE.UU., Richard Holbrooke, entre otros, «cifran su esperanza en que se celebren juicios internos en la misma Indonesia, cuyo ejército dominó Timor Oriental entre 1975 y agosto [de 1999] y, según las asociaciones de defensa de los derechos humanos, es el responsable de las atrocidades». También se ha alegado que China y Rusia se oponen a la constitución del tribunal; si bien sucedía lo mismo en el caso de Serbia, esta vez no se le ocurre a Occidente ninguna manera de salvar el obstáculo. 

El 31 de enero de 2000, una comisión de Naciones Unidas —la Comisión Internacional de Investigación sobre Timor Oriental— publicó un informe en el que reclamaba la creación de un tribunal internacional de derechos humanos que, bajo los auspicios de la ONU, estableciera la responsabilidad de los hechos. Su función debía consistir en «juzgar a los que, de resultas de las averiguaciones de un cuerpo independiente, fueran acusados de las graves violaciones de los derechos humanos fundamentales y de la ley humani-[66]taria internacional que han ocurrido en Timor Oriental desde enero de 1999». Según las conclusiones de este informe, «es esencial, para la futura estabilidad social y política de Timor Oriental, que se determine la verdad y se lleve ante la justicia a los responsables de esos crímenes. Debe emprenderse, asimismo, un proceso lo más completo posible de reparación de las víctimas, pues esta es la única manera de lograr una verdadera reconciliación». Entre los que exigían la constitución de este tribunal, además de Amnistía Internacional y la comisión de la ONU, se hallaba el obispo Belo, quien atribuye la responsabilidad directa de las masacres de 1999 a Wiranto, capitán general del ejército de Yakarta. 

El mismo día, una Comisión de Investigación del gobierno de Yakarta hizo público un «informe incriminatorio» que reprobaba las atrocidades cometidas por el «ejército indonesio y sus delegados paramilitares ... con posterioridad a la votación del 30 de agosto, favorable a la independencia», incluido el ex general Wiranto.  El presidente indonesio, Abderramán Wahid, que a la sazón estaba participando en la conferencia de Davos (en Suiza), pidió a Wiranto que renunciara a su puesto en el gabinete, al par que le prometía indultarlo en caso de que fuera condenado. Mary Robinson, Comisaria de derechos humanos de Naciones Unidas, expresó su «espe-[67]ranza de que se mantenga el empeño de castigar a los culpables de las atrocidades cometidas en Timor Oriental». Pero «no hay demasiadas probabilidades» de que sea así, como indicó el corresponsal Dan Murphy, ya que «en la ONU, la idea de un tribunal de crímenes de guerra cuenta con escasos apoyos». Lo decisivo, no obstante, es que entre las grandes potencias el apoyo no es «escaso», sino «nulo». Como muestra de la disposición general, puede citarse el siguiente editorial del Washington Post: «Pero antes de que se cree un tribunal similar al de Bosnia, debemos dar a Indonesia la oportunidad de realizar los juicios por sí misma». Y de perdonar, por tanto, a los máximos responsables de las matanzas, como el mismo presidente Wahid había corrido a anunciar. 
Mark Riley, corresponsal australiano en Naciones Unidas, ha informado desde Nueva York de que la ONU «está decidida a hacer caso omiso de su propio comité de derechos humanos, que exhortaba a instituir un tribunal de crímenes de guerra en Timor Oriental; en su lugar, va retrasando el estudio de la cuestión hasta que los indonesios completen sus investigaciones. Esta decisión representa una victoria política del [gobierno] de Yakarta, que pretendía que se le permitiera investigar por sí mismo las supuestas atrocidades perpetradas en un territorio del cual reclama la soberanía». Según añadía el propio Riley, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, «no ha dado su aprobación al tribunal [internacional] en la carta con que acompañaba el informe». En opinión de un funcionario de la ONU, «la falta de resolución del sr. Annan es un indicio claro de que difícilmente se llegará al acuerdo de instituir un tribunal». 

La «sugerencia de que se establezca una representación doble [esto es, conjunta con Indonesia] es ya un alejamiento significativo del modelo judicial impuesto en Ruanda o Bosnia», como recoge Riley, «que pretende [68] evitar que los persecutores sean acusados de parcialidad». No hay duda de que sería esencial controlar el proceso con miras a evitar la parcialidad de los jueces, dado que los criminales actuaban con el apoyo y la complicidad de los EE.UU., el Reino Unido y sus aliados; pero ese tribunal internacional no ha llegado siquiera a existir, así que dejemos la cuestión a los filateros.

«Abrigamos pocas esperanzas de que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe la institución de un tribunal internacional», según ha afirmado con pesimismo Sonia Picado, directora de la ya mencionada comisión de investigación de Naciones Unidas. Picado, cuyas palabras fueron recogidas por Riley, ha declarado que «los timoreses merecen una compensación, una compensación moral y material, porque se ha aniquilado a sus familias y destruido sus territorios... Naciones Unidas debe concedérsela [y] ello no sería posible mediante un tribunal indonesio». Picado «no creía que una corte indonesia, tal cual se ha planteado, pudiera hacer justicia a la población de Timor Oriental»; en sus propias palabras, «es sencillamente imposible que [los indonesios] puedan crear un tribunal de la nada y juzgar a sus propios generales». Además, en la capital indonesia no podría realizarse un juicio justo porque «los timoreses no han perdido el miedo a las autoridades indonesias, y la mayoría se resisten a viajar a Yakarta para declarar ante un tribunal gubernamental. ¿Y acaso sería lógico que el pueblo de Timor Oriental esperase recibir justicia de los tribunales militares indonesios?». Pero «no por ello debemos echar en olvido a Timor Oriental» y, si bien se desvanece la posibilidad de crear una corte internacional, Picado recomienda que se instituya al menos una Comisión para la Reconciliación y la Verdad, al estilo de la sudafricana, en la que participen representantes escogidos por Timor Oriental, Indonesia y Naciones Unidas, que cuente con el poder legal de acusar o perdonar y se reúna fuera del territorio indonesio. 
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Por su parte, Lindsay Murdoch, corresponsal en Asia del periódico australiano Age, ha aseverado que «existen serias dudas de que los culpables comparezcan ante la justicia. El sistema legal de Indonesia está totalmente minado por la corrupción, y ofrece un historial lamentable en lo que se refiere a las violaciones de los derechos humanos». El fiscal general de Indonesia, Marzuki Darusman, es un «destacado defensor de los derechos humanos», pero «la tarea a la que se enfrenta —juzgar a algunas de las personas más poderosas de su país— amedrentaría a cualquiera, si no es que es sencillamente impracticable»; la postura pesimista parece confirmada por el hecho de que el presidente Wahid, al parecer, ha «cedido a las presiones del general Wiranto», al declarar que, si se le considerara culpable, le indultaría. En opinión de Murdoch, «la mera posibilidad del indulto es una afrenta». Se diría, no obstante, que el criterio de Washington y Londres no es exactamente el mismo. 

«En el caso de los derechos humanos, la justicia no debe provenir nunca de un solo bando», según Picado. Pero la apuesta más segura indica que, si acaso cabe esperar algo, será como mucho esa justicia unilateral. Además, es poco probable que los culpables —y muy especialmente los EE.UU. y el Reino Unido— se decidan a proporcionar la «compensación moral y material» que deben a las víctimas; y no se oyen voces que exijan esa reparación, al igual que no se les exigió que socorrieran a los exánimes refugiados desalojados de sus casas por un ejército al cual aquellas potencias habían armado y entrenado; ni que dispusieran sumas significativas para el mantenimiento de la fuerza de paz que puso fin a los veinticuatro años de terror y padecimientos impuestos a la población de Timor Oriental. La responsabilidad de los más poderosos y los más privilegiados no se extiende demasiado allá en esta tan cacareada «nue-[70]va era de progreso e ilustración» que proclaman a la par la nueva generación de líderes mundiales y sus acólitos.

En los medios de comunicación estadounidenses, apenas se hizo mención al informe de la ONU, que abogaba por la creación de un tribunal internacional que juzgara los crímenes cometidos desde enero de 1999, y sus cuestiones centrales recibieron escasa atención. Por el contrario, se cubrieron (y respaldaron) decididamente las evoluciones del tribunal gubernamental indonesio, cuyo objetivo solía presentarse como limitado al periodo posterior al plebiscito.  Del mismo modo, casi todo el análisis se centraba en la idea de que «en Timor Oriental, la violencia fue provocada» por el referéndum del 30 de agosto, que desató «la destrucción de la provincia, el año pasado, después de que esta votara a favor de su independencia». 

Se trata de una limitación muy significativa, puesto que, en los meses anteriores, la colaboración internacional con las operaciones terroristas había tenido consecuencias catastróficas para Timor y sus habitantes. Si nos restringimos al periodo post-referéndum, resulta algo menos absurdo el postular que las potencias occidentales tuvieron poco tiempo para responder a la masacre; pero esta posibilidad se esfumaría si se ofreciera un reflejo fiel de lo que ocurrió en los meses anteriores (por no hablar de los años anteriores). Esta restricción del tribunal de Yakarta tiene aún otras ventajas adicionales: es improbable que los timoreses se atrevan a testificar ante los jueces indonesios; ya se ha anunciado el indulto para el máximo mando militar; habrá una importante presión para evitar la referencia a los hechos más comprometedores, y nadie escrutará la cooperación de las grandes potencias. Claro está que un tribunal internacional tampoco iba a castigar los crímenes de los líderes occi-[71]dentales, como ha demostrado el Tribunal Internacional para Kosovo y como, por otra parte, era de esperar y requiere pocos comentarios más. Solo los que se aplican denodadamente en la práctica de la «ignorancia intencionada» dejarán de ver que los procesos penales de ámbito mundial, al igual que tantos otros aspectos de las relaciones interestatales, están sujetos al yugo de la fuerza, que borra cualquier otra consideración sobre la justicia, los derechos humanos o la responsabilidad por los propios actos.

En Timor Oriental, las fuerzas de paz y la misión de Naciones Unidas «no tienen ni los medios ni la autoridad necesarios para determinar a los culpables» de las atrocidades, y se están descubriendo muy pocas pruebas incriminatorias: «a diferencia de lo que aconteció en Kosovo, donde se empezaron a investigar las violaciones de los derechos humanos al mismo tiempo que las tropas de la OTAN pasaban a controlar el terreno, las fuerzas de la ONU carecen de esas atribuciones».  «Entretanto, en Timor Oriental, las pruebas que demuestran que se cometieron crímenes contra la humanidad — y, con ellas, la posibilidad de una inculpación exitosa — se están pudriendo, literalmente, porque faltan los recursos necesarios.» Así, la policía civil de la ONU encuentra muchos cadáveres y fosas comunes, pero la financiación insuficiente impide continuar las investigaciones. Según David Wimhurst, portavoz de UNAMET, «es muy urgente, es de veras urgente que acudan expertos forenses» a la región, puesto que «ni INTERFET ni UNAMET cuentan con medios para realizar este trabajo. Es esencial que acudan a Dili, con la máxima celeridad, equipos profesionales de investigación». En palabras de Wimhurst, «al cabo de pocos días de que la OTAN entrara en Kosovo, estaban trabajando sobre el terreno varios equipos de policías, forenses y juristas del Tribunal Internacional de La Haya para los Crímenes de Guerra, que se encargaban de [72] censar, vallar y proteger las fosas. En cambio, en Timor Oriental son solo unos cuantos policías atemorizados los que han de exhumar los cadáveres y recopilar todas las pruebas que puedan hallar». 

El propio retraso en iniciar las averiguaciones coadyuvaba a minimizar los resultados, incluso si se hubiera llegado a facilitar la colaboración de los forenses requeridos. Muchas de las pruebas fueron destruidas por el TNI; muchos de los cadáveres fueron enterrados por la población timoresa, y de otros muchos cuerpos se han eliminado los restos o han sido devorados por los animales. Andrew McNaughan, un médico australiano, ofreció una rueda de prensa en noviembre, en la que expuso detalladamente la experiencia de sus trabajos en Timor Oriental, donde había residido durante siete años. Isabel Ferreira, coordinadora de la Comisión pro Derechos Humanos en Timor Oriental, con sede en Dili, añadió a ello que «cuando empiece la estación de las lluvias, la crecida de los ríos hará desaparecer los cuerpos y, por tanto, los testimonios de la masacre». Kosovo bullía de equipos de policías y forenses, de EE.UU. y otros países, que trabajaban con denuedo para demostrar que se habían cometido atrocidades en gran escala. En Timor Oriental, por el contrario, era importante ocultar las pruebas: INTERFET disponía de diez investigadores y no había ni especialistas forenses ni depósito de cadáveres. También en noviembre, varios patólogos australianos confirmaron que, debido al efecto conjunto de la elevada temperatura tropical y la estación de las lluvias, se perdería la mayor parte de las pruebas. A finales de ese mismo mes, el administrador de Naciones Unidas en la región, Sergio Vieira de Mello, reiteró la petición de más medios y más expertos, pero en vano. Un mes más tarde se anunció que «en enero llegarán peritos forenses internacionales, para colaborar en el estudio de las fosas comunes» y recoger información sobre los crímenes perpetrados.
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En enero de 2000, sin embargo, INTERFET llevaba cuatro meses en la región y hacía varias semanas que habían caído las lluvias tropicales, lo cual, unido a otros factores, había reducido en mucho las posibilidades de evidenciar lo que había ocurrido. 
Así pues, existe una diferencia clara en el trato que recibieron las dos máximas brutalidades de 1999. En Kosovo, era desesperadamente indispensable que un tribunal juzgara a sus responsables. Además, «por razones políticas, la OTAN necesita demostrar la escala de los crímenes, para justificar que se requirieran 78 días de ataques aéreos contra el ejército y la infraestructura serbia», siempre con esa extraña lógica recurrente en el adoctrinamiento occidental: que las atrocidades de los serbios cargan de razón a los bombarderos de la OTAN, aun cuando aquellas se produjeran en respuesta al ataque y hubieran sido previstas por anticipado.  La lógica puede dejarse a un lado cuando, a diferencia de lo que ocurría en Kosovo, el causante inmediato de los crímenes de Timor Oriental no es un enemigo oficial, sino un ejército armado, instruido, financiado y respaldado durante años por los EE.UU. y sus aliados, hasta el mismo momento del terrible desenlace. Por consiguiente, lo más aconsejable es que esas brutalidades se conozcan lo menos posible, para conjurar la amenaza de que alguien pueda extraer conclusiones racionales.
Son muy otras las conclusiones y reacciones preferidas, aun cuando hayan ido variando a lo largo de estos años. A finales de [74] los setenta —la época más sanguinaria, en que las violentas agresiones perpetradas con el armamento y el respaldo diplomático de los EE.UU. alcanzaron un nivel verdaderamente horripilante—, se optó por el silencio, interrumpido de tanto en cuanto por la difusión de mentiras ora del Departamento de Estado, ora de los generales indonesios. Después de que se diera «luz verde» y se comenzaran a conocer unos hechos tan terribles, la descripción habitual pasó a referirse a «la ignominia indonesia», en el marco de «una guerra típica de la región asiática sudoriental, en la que la crueldad no conoce límites y los dos bandos atropellan sin cesar a una población mayoritariamente apolítica para que no se "pase al enemigo"».  

Nadie menciona la «ignominia estadounidense» y, en cualquier caso, las guerras de Europa y sus colonias se han realizado siempre poniendo límites claros a la crueldad. Algunos de los comentaristas, como Stanley Karnow, especialista en temas asiáticos, o Richard Valeriani, corresponsal en el extranjero, entendían que toda esta atención pública —que ni siquiera sacaba a relucir la función de los EE.UU.— era innecesaria y más bien irritante. Después de todo, es evidente que se trata de una cuestión menor, del simple hecho de que «Washington ha armado y entrenado al ejército indonesio, responsable del mayor genocidio cometido desde la segunda guerra mundial», como decía una revista señera en la región australoasiática. 

Más tarde, cuando la enormidad de la masacre llegó al conocimiento público, hubo que admitir que los EE.UU. «habían apartado la vista de Timor Oriental» y que «podían haber hecho un esfuerzo bastante mayor para distanciarse de la carnicería», en palabras de James Fallows. Para distanciarse de una carnicería en la que estaban colaborando con la máxima dedicación y entusiasmo, se entiende. En suma, sucedió que, como en el caso de los kurdos, los EE.UU. «permitieron» [75] los crímenes de Timor Oriental y «no fueron capaces de proteger» a las víctimas. 

Hoy en día, lo acostumbrado es comentar con tristeza que «las inversiones del Pentágono en Indonesia no han devengado rédito» o que «el empeño de América por acrecentar su influencia mediante la instrucción de oficiales resulta vano, como demuestran los actos de violencia en Timor Oriental». Ocurre que «durante años, el Pentágono ha gastado millones de dólares en programas que pretendían no solo instruir a los oficiales más prometedores de los ejércitos extranjeros —incluido el de Indonesia—, sino imbuirles de los valores y la influencia de América».  En concreto, durante veinticinco años, en lo que atañe a Indonesia; allí —como en otras partes del mundo— esa inculcación de valores ha derivado en un terrorismo estatal de notable consistencia, que aplica con todo rigor la doctrina que se les enseña y que, cuando es necesario, no dejan de aplicar los propios profesores. No por ello hemos de preguntamos qué implican exactamente «los valores de América». Ni resulta demasiado significativo el hecho de que los máximos responsables de nuestra planificación sí estén impresionados por los «réditos» devengados por nuestras «inversiones [militares] en Indonesia», sobre todo después de los colosales y tempranos logros de 1965. 
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Mientras las fuerzas del TNI y sus colaboradores paramilitares (designados con frecuencia como «milicias») asolaban la capital timoresa, Dili, en setiembre de 1999, incendiando, asesinando y rapiñando con intensidad renovada, el Pentágono anunció que «el 25 de agosto había concluido con éxito un ejercicio de entrenamiento conjunto de los ejércitos de EE.UU. e Indonesia, centrado en tareas humanitarias y de socorro»; esto es, cinco días antes del referéndum.  La lección se aprendió y se puso en práctica sin más dilaciones, como es habitual y debería reconocer —después de tantos años de idénticos cuentos e idénticos resultados— todo el que no se niegue a ver.

Un ejemplo singularmente sombrío de esta cooperación fue el golpe de estado que llevó al poder al general Suharto, en 1965. Su ejército masacró en pocos meses a centenares de miles de indonesios, sobre todo campesinos sin tierras, aniquilando así al PKI —el partido de la izquierda, mayoritario entre la población—, en lo que representó «una de las mayores hecatombes del siglo XX», según la CÍA, equiparable a «las purgas soviéticas de los años treinta, las matanzas masivas de los nazis durante la segunda guerra mundial o el baño de sangre provocado por los maoístas a principios de los cincuenta». 
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Esta masacre, similar a la de Ruanda, despertó una euforia sin mengua en Occidente y valió una buena serie de elogios empalagosos a los «moderados» indonesios —Suharto y sus cómplices militares— por haber extirpado el tumor, y a la administración estadounidense, que había contribuido a la hazaña sin abandonar, sabiamente, el segundo plano, para no entorpecer la labor de los moderados. James Reston, un analista tenido en gran estima, dio la bienvenida en el New York Times a la «brutal transformación de Indonesia»; en su artículo, titulado «Un rayo de luz en Asia», consideró que «Washington tiene el tacto de no arrogarse ningún mérito por esta transformación», aunque «es difícil creer siquiera en un proyecto de golpe sin la demostración de fuerza de los EE.UU. en Vietnam y sin la ayuda clandestina que se les ha suministrado indirectamente». Es probable que la información partiera de filtraciones gubernamentales. Por su parte, el secretario de Defensa, Robert McNamara, informó al Congreso de que la ayuda militar y formativa del ejército estadounidense había «reportado beneficios», en cuya cuenta deben figurar medio millón, o tal vez más, de cadáveres, lo cual representa unos «beneficios colosales», como se concluía en un informe del Congreso. McNamara también puso en conocimiento del presidente Johnson que el apoyo militar de los EE.UU. «había animado [al ejército] a luchar contra el PKI en cuanto se presentara la oportunidad». El contacto con los oficiales del ejército indonesio, que comprendía incluso becas universitarias, fue «un factor determinante en la orientación favorable de la nueva élite política de Indonesia» (es decir, el ejército). Los EE.UU. «formaron a 4.000 oficiales del ejército indonesio, incluyendo a la mitad del cuerpo de mandos y un tercio del estado mayor», según dos expertos australianos. 
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Como era de esperar, se ha reaccionado ante la masacre situándola fuera de su contexto histórico. No del todo, sin embargo: algunos años más tarde, McGeorge Bundy, consejero de Seguridad Nacional de los presidentes Kennedy y Johnson, se apercibió a la postre de que nuestro «empeño» en Vietnam podía haber finalizado después de octubre de 1965, en tanto que «un nuevo gobierno anticomunista había tomado el poder en Indonesia y destruido el Partido Comunista». Así pues, dado que Indonesia se hallaba al fin protegida del contagio, Bundy entendía que quizá resultaba «excesivo» continuar arrasando Indochina, una empresa que nos acarreaba un coste desproporcionado; con ello ponía sobre el tapete los auténticos motivos del ataque estadounidense primero contra Vietnam del Sur y posteriormente contra toda Indochina, así como la naturaleza de la victoria parcial de los EE.UU. en esa guerra. Por su lado, Robert McNamara, el antiguo secretario de Defensa de Kennedy y Johnson, declara en sus memorias su admiración por la forma en que Indonesia «dio marcha atrás» después del asesinato de «cuando menos 300.000 miembros del PKI ... y hoy se rige por el nacionalismo independiente, liderado por Suharto». McNamara refiere, asimismo, su frustración ante la irracionalidad del enemigo vietnamita, que se negó a acordar una paz modelada a imagen del «nacionalismo moderado» de la Indonesia de Suharto: ellos entregarían las armas a un gobierno «independiente y no comunista de Vietnam del Sur» que trataría a las fuerzas de la resistencia survietnamita —esto es, del único «partido político survietnamita de base verdaderamente popular», según Douglas Pike, un experto en Indochina integrado en el gobierno de los EE.UU.— con la misma magnanimidad dispensada al único partido político indonesio de base auténticamente popular por parte del «nacionalismo independiente y moderado». 
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Los Estados Unidos son una potencia mundial, cuya política tiende a ser similar en todas las regiones. Así pues, de forma simultánea, los mismos planificadores estaban poniendo en manos del ejército el gobierno de varios nuevos estados terroristas, de acuerdo con un principio que McNamara aclaró a McGeorge Bundy del siguiente modo: los militares deben derrocar al gobierno civil «siempre que, a su juicio, la actitud de esos líderes sea perjudicial para el bienestar de la nación». Esta necesidad se percibe claramente en «el entorno cultural de Latinoamérica» y es probable que se pueda realizar adecuadamente, dado que esos militares han «comprendido los objetivos de los EE.UU. y acomodan» sus decisiones a estos, como resultado de la ayuda e instrucción militares proporcionadas por la administración de Kennedy. 
Visto lo cual, nada varió en Indonesia, que durante tres décadas ha continuado recibiendo ayuda e instrucción militar y gozando de la cooperación de las potencias occidentales con un genocida y torturador que, pese a ser «de corazón bondadoso», según lo describía el Economist londinense, es injustamente reprobado (en palabras de Irian Jaya) por «los propagandistas de las guerrillas» en Timor Oriental y Papua Occidental, quienes «refieren supuestas brutalidades y torturas del ejército». Los responsables innominados de esa «propaganda» eran, en concreto, los más importantes grupos de defensa de los derechos humanos, la Iglesia de Timor Oriental y otros tantos miopes que no alcanzan a percibir los méritos de Suharto, «uno de los nuestros» (por decirlo en los mismos términos elogiosos con que la administración de Clinton le recibió en Was-[80]hington, en octubre de 1995). También su yerno, el general Prabowo —«el cabecilla de los "escuadrones de la muerte" de los paramilitares indonesios, que dio carta blanca para los asesinatos y matanzas masivas», y que tuvo que ser trasladado a Jordania, pues estorbaba después de la caída de su suegro— resultaba ser «un líder político "progresista" que merecía que sus peticiones fueran estudiadas con toda rapidez y cortesía por parte de los políticos británicos», según George Robertson, ministro de Defensa británico y «libertador de la población musulmana de Kosovo». 
El respaldo directo de los EE.UU. a las fuerzas de ocupación de Indonesia en Timor Oriental se hubo de ver en un atolladero en 1991, cuando varios cientos de personas fueron asesinadas en Dili; no hubo manera de negar la masacre, ni mirar hacia otra parte, porque había sido grabada en secreto por el periodista gráfico Max Stahl y retransmitida en canales estadounidenses y británicos, y porque otros dos reporteros norteamericanos, Alan Nairn y Amy Goodman, la habían presenciado, a riesgo de su vida. Como consecuencia, el Congreso prohibió unas ventas de armamento de escasa cuantía y suspendió la financiación de la instrucción militar. Para eludir estas limitaciones, el gobierno de Clinton tuvo que recurrir a varias artimañas complejas, las mismas que estaba utilizando en el caso de Turquía; así, el Departamento de Estado quiso conmemorar el aniversario de la invasión indonesia con la precisión de que «la iniciativa del Congreso no empece para que Indonesia adquiera nuestro entrenamiento con sus propios fondos», con lo cual se pudo continuar con la instrucción militar, que tal vez Washington seguía pagando de algún otro bolsillo. El anuncio fue poco men-[81]cionado y nada comentado en la prensa, aun cuando provocó que el Congreso se declarase «agraviado» y recalcara «que era, y es la intención de este Congreso prohibir que Indonesia reciba instrucción militar de los Estados Unidos» (Comisión de gastos de la Cámara de Representantes). En un esfuerzo estéril, uno de los delegados quiso insistir claramente en que «no queremos que los funcionarios del gobierno de los EE.UU. entrenen a los [militares] indonesios». 

Desde la invasión de 1975, la venta de armas aprobada por el gobierno de los EE.UU. asciende a más de mil millones de dólares, incluyendo 150 millones durante el mandato de Clinton; si en 1997 se sancionaron ventas por valor de 3,3 millones de dólares, en 1998 se dio el visto bueno a 16,3 millones.  Por su parte, cuando la brutalidad vivió uno de sus apogeos entre 1977 y 1978, tanto el Reino Unido como Francia y otras potencias se aprestaron a compartir con los EE.UU. el suministro de armamento y apoyo diplomático a los asesinos.
Uno de los instrumentos más efectivos para extender la muerte y el pavor entre los civiles, según se ha podido demostrar en la práctica, han sido los Hawks [Halcones], un modelo de reactor fabricado en el Reino Unido. El actual gobierno laborista ha continuado proporcionando estos reactores a Indonesia, disponiendo para ello de los fondos públicos, hasta una fecha tan tardía como el 23 de setiembre de 1999: dos semanas después de que la Unión Europea hubiera impuesto un embargo; tres días después de que INTERFET desembarcara en Timor Oriental; mucho después de que se [82] desvelara que estos aviones habían sido desplegados en Timor antes del plebiscito, como parte de una operación intimidatoria; y dos semanas después de que las Fuerzas Aéreas Indonesias hubieran conducido los Hawks a la base aérea de Kupang, en territorio timorés, «para prevenirse ante la posible intrusión de aviones extranjeros en la región oriental del territorio indonesio y, muy singularmente, en Timor Oriental». Bajo el liderazgo del Nuevo Laborismo, el Reino Unido pasó a encabezar la lista indonesia de los abastecedores de armamento, haciendo caso omiso de la enérgica protesta de Amnistía Internacional, los disidentes indonesios y los timoreses supervivientes. Las razones las ha desvelado Robin Cook, ministro de Asuntos Exteriores y redactor de la nueva «política exterior basada en principios éticos»: «el gobierno ha asumido el compromiso de favorecer el sostenimiento de una fuerte industria de defensa, en tanto que componente estratégico del tejido industrial británico», al igual que sucede en los EE.UU. u otros países. Por la misma razón, el primer ministro Tony Blair no dudó en «aprobar la venta a Zimbabue de piezas de recambio de los reactores Hawk, que estaban siendo utilizados en una guerra civil que ha causado la muerte de decenas de miles de africanos». 
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Tal vez, sin embargo, la «nueva generación» esté «dictando las reglas» de un modo ligeramente similar al de sus predecesores tories, cuya posición fue definida, entre otros, por Alan Clark, máximo encargado del abastecimiento militar bajo el mandato de Thatcher: «No acepto más responsabilidad que la que atañe a mi gente. No me preocupa demasiado lo que un grupo de extranjeros le esté haciendo a otro».  Sea como sea, se trata de ejemplos no especialmente llamativos del nuevo humanismo, de esta espléndida nueva era de la política mundial que dirigen los Estados Unidos —«en la cima de su gloria»—  y su socio británico.
En 1997, el Pentágono todavía entrenaba abiertamente a las fuerzas militares indonesias; en 1998, los programas continuaron, esta vez cifrados bajo el nombre de «Balanza de Hierro» y «ocultos de la cámara legislativa y el público», puesto que contravenían la intención expresa de las limitaciones impuestas por el Congreso. «Entre las unidades instruidas por los EE.UU., destaca el batallón Kopassus, una brigada de élite con un currículo sangriento que fue entrenada con más rigor que cualquier otra unidad», según los documentos del Pentágono; esta formación proporcionaba «una experiencia militar que solo podía servir interiormente, en contra de la población civil, mediante guerra de guerrillas urbanas, servicios de vigilancia y contraespionaje, francotiradores y "operaciones sicológicas"». Asimismo, entre los comandantes se encontraban varios implicados en el rebrote de violencia de 1999 y otras masacres anteriores, como las de Krasas en 1983 y Dili en 1991. Tampoco se descuidaba la instrucción de los timoreses «leales». En cuanto al Reino Unido, estaba desarrollando programas similares. 
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Desde 1997, y de forma muy intensa durante todo 1998, «Timor Oriental fue utilizado como campo de entrenamiento de las tropas de élite», que, a su vez, «supervisaban directamente a las brigadas de paramilitares», en un «recrudecimiento obvio» para los observadores desplazados en la región. Gracias a varias filtraciones de documentos del TNI, en agosto de 1998 se contaba con demostraciones detalladas de que Kopassus controlaba los batallones paramilitares. Pero ya antes, los cooperantes australianos habían estado informando al gobierno australiano de un «desarrollo inquietante de las "milicias", respaldadas» por el TNI. 
En noviembre de 1998, los integrantes de Kopassus desembarcaron en una ciudad portuaria de Timor Oriental —disimulados entre una primera partida de los 5.000 nuevos efectivos que el TNI había reclutado en Timor Oriental y varias regiones de Indonesia— y se situaron al frente de los batallones paramilitares que, desde febrero de 1999, comenzaron una campaña de violencia contra la población civil, designada como «Operación Limpieza Total», cuyo «objetivo [era], sencillamente ... asolar una nación». El mando militar envió, como consejero más destacado, al general Makarim, un especialista entrenado por los servicios secretos estadounidenses, que tenía una considerable experiencia en Timor Oriental y la «reputación de hombre violento y sin entrañas»; también se le asignó el papel de mediador con la misión de observadores de Naciones Unidas. En los últimos meses de 1998, «murieron cientos de timoreses, varios centenares más desaparecieron, y miles de ellos fue-[85]ron expulsados de sus casas» y sometidos a una «opresión brutal», según Lansell Taudevin, director de un proyecto de cooperación australiano. Las atrocidades siguieron creciendo durante enero, y cada vez se percibía con más claridad la responsabilidad de los paramilitares, acaudillados por Kopassus al modo tradicional, tal cual práctica en tantas regiones del mundo, como Turquía, Colombia o Kosovo. No hay duda de que los servicios de inteligencia occidentales estaban al cabo tanto de los proyectos como de su realización. 

No hay duda, asimismo, de que desde principios de 1999, las atrocidades atribuidas a las «milicias» eran organizadas, dirigidas y, en ocasiones, incluso perpetradas por las unidades de élite de Kopassus, la «unidad de fuerzas especiales» que «se había entrenado regularmente junto a las tropas estadounidenses y australianas, hasta que su comportamiento empezó a abochornar en exceso a sus amigos extranjeros», según refiere un veterano corresponsal en Asia, David Jenkins; no es el caso de los amigos de Washington, sin embargo. La «crueldad [de las tropas Kopassus] es legendaria», ha comentado Benedict Anderson; en Timor Oriental «fueron pioneras y ejemplares en todas y cada una de las brutalidades imagi-[86]nables», desde la violación sistemática a las torturas, ejecuciones y coordinación de pistoleros. Según Jenkins, adoptaron las mismas tácticas que los EE.UU. habían empleado en Vietnam del Sur con el programa Fénix, que acarreó la muerte de decenas de miles de campesinos y una mayoría de los líderes indígenas survietnamitas; ello sin descuidar las «tácticas utilizadas por la contra» en Nicaragua, que habían aprendido de los instructores de la CIA. Este terrorismo estatal «no perseguía tan solo a los que se hubieran destacado en abogar por la independencia, sino igualmente a los moderados y a cualquier persona que pudiera tener influencia en la comunidad». «Se trata de Fénix», recalcó una fuente de Yakarta, habitualmente bien informada; «el objetivo es aterrorizar a todo el mundo: a las OONNGG, a la Cruz Roja, a Naciones Unidas, a los periodistas». 
Es innegable que los servicios de inteligencia de Australia, el Reino Unido y los EE.UU. conocían al detalle esta evolución, que venían siguiendo durante veinticinco años, gracias a la información de la base noraustraliana de la Dirección de Señales de Defensa, entre otras muchas fuentes. Resulta difícil creer que las autoridades civiles no eran conscientes de a qué actos estaban prestando su apoyo.

Entre abril y mayo de 1999, el gobierno australiano «reconoció formalmente, al fin, que los militares estaban detrás de las atrocidades de los paramilitares».  Des Ball, la máxima autoridad académica de Australia en los temas de espionaje, ha confirmado que desde abril de 1999 se estaban recibiendo pruebas a través de una multitud de canales, «que referían minuciosamente, en primer lugar, las relaciones de cooperación entre varias unidades del ejérci-[87]to indonesio y varios componentes y líderes de las "milicias", pero también demostraban, de forma aún más explícita y evidente, la implicación directa de Wiranto en el abastecimiento de armas y materiales a los paramilitares». El 20 de abril, los servicios de inteligencia australianos informaron de que «los mandos militares de Indonesia apoyan directamente a los activistas proindonesios de Timor Oriental» e involucraron a Wiranto. Al mismo tiempo, la dirección del ejército y las milicias advertían de que, si la población continuaba obcecada en la idea de la independencia, estaban dispuestos a «liquidar por completo al CNRT [el Consejo Nacional de la Resistencia Timoresa], los proindependientes, sus padres, sus hijos, sus hijas y sus nietos», de acuerdo con lo ordenado por el comandante militar de la región, Adam Damili; esta información fue transmitida con toda celeridad a los servicios secretos australianos. Un mes más tarde, cuando UNAMET —la misión de observadores de Naciones Unidas— llegó a Timor, «pudieron reunir una auténtica biblioteca de datos que demostraban la trama de conspiración que unía a militares y paramilitares». 

Las tropas del TNI culpables del terror y la desolación de febrero han sido descritas, en los medios occidentales, como «elementos canallas». No obstante, hay muchas razones que respaldan la aseveración del obispo Belo, entre otros, que achaca la responsabilidad directa a Yakarta, en concreto al general Wiranto;  y ello no solo en el periodo posterior al referéndum, en el cual se suele centrar la atención.

De febrero a julio, fueron asesinados entre tres y cinco mil timoreses, según fuentes de la Iglesia que merecen todo el crédito. 
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El sadismo de los terroristas y sus ataques indiscriminados pretendían servir de advertencia a los timoreses —o a cualquier otro pueblo indonesio—, mostrándoles el destino que se les reservaba a los imprudentes que desobedecieran las determinaciones del ejército. Estos acontecimientos se dieron a conocer ampliamente al público australiano, y en cierta medida al británico; en Australia, un importante movimiento de protesta exigió una intervención que detuviera las atrocidades. También en los EE.UU. se intensificaron las protestas, a pesar de que la información fue mucho más escasa.  Así, el 22 de junio, el Senado aprobó por unanimidad una enmienda relativa a una autorización anterior del Departamento de Estado, pidiendo a la administración de Clinton que «reduplicara el esfuerzo para forzar al gobierno y el ejército indonesio» a reprimir a los paramilitares; esta enmienda fue ratificada el 30 de junio, en una nueva votación, con el resultado de 98-0. En un comunicado de prensa del 8 de agosto, el portavoz del Departamento de Estado, James Foley, volvió a incluir la cantaleta oficial: «el ejército indonesio tiene la responsabilidad de domeñar a las milicias»; esto es, a las milicias que estaba organizando, entrenando y dirigiendo.  Con [89] un resultado predecible, la búsqueda de referencias en las bases de datos indica que la noticia no tuvo eco en los EE.UU.
Mucho antes del referéndum, el coronel Tono Suratman, jefe de las tropas indonesias en Dili, había avisado de lo que iba a suceder: «Quisiera transmitirles lo siguiente: si finalmente triunfan los partidarios de la independencia... todo quedará arrasado... Será aún peor que hace 23 años.» El 24 de julio, Suratman mantuvo una reunión, en los cuarteles generales de Dili, con un mando policial y los líderes paramilitares, y se adoptaron «las decisiones más importantes ... pues se sabía que era improbable que el partido integrador venciera en el plebiscito», según comunicó Wayne Sievers, miembro de los servicios de inteligencia australianos. Sievers se expone ahora a ser condenado por haber revelado al Comité Parlamentario de Asuntos Exteriores, Defensa y Comercio los informes secretos que había estado remitiendo a Naciones Unidas desde su llegada, en junio, donde se anticipaba el estallido de violencia que iba a seguir al referéndum y se identificaba a varios jefes paramilitares como miembros de los servicios secretos indonesios; el gobierno australiano disponía de la misma información, gracias a su embajada en la ONU. En un documento del TNI fechado a principios de mayo —es decir, cuando la ONU, Indonesia y Portugal suscribieron el acuerdo del referéndum—, se ordenaba «masacrar a la población pueblo por pueblo si, cuando se anuncien los resultados de la votación, han vencido los partidarios de la independencia». El movimiento independentista «debe ser erradicado por entero». 
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Igualmente, ciertos documentos descubiertos en Dili en octubre de 1999, «y analizados en Yakarta tanto por investigadores indonesios como por fuentes diplomáticas occidentales, demuestran ... que, desde varios meses antes del referéndum de agosto, el plebiscito estaba siendo sistemáticamente saboteado por el mando del ejército indonesio», incluyendo un proyecto de «deportación forzosa de cientos de miles de timoreses». Uno de los agregados occidentales que analizaron estos documentos los describe como «el eslabón perdido [de] una cadena de órdenes que unía todos los niveles, desde la base al mando superior», y deja entrever su sorpresa ante la «tremenda cantidad» de armas suministradas a las «milicias» locales y los cabecillas afectos a Yakarta». El 5 de mayo, al par que se firmaba el acuerdo de celebración del referéndum, el general Subagyo envió una carta al coronel Suratman, con copia al resto de máximos responsables del ejército, en la que disponía que se preparara «un plan de seguridad para evitar la guerra civil, compuesto de acciones preventivas (destinadas a crear las condiciones necesarias), medidas policiales, medidas represivas/coercitivas y un proyecto de retirada/evacuación caso que triunfe la segunda opción [la independencia]». Asimismo, en un documento de julio, redactado por el coronel Soedjarwo, oficial de la región militar con capital en Dili, esboza las líneas maestras de un plan de combate dirigido contra lo que se denominan «fuerzas enemigas», es decir, «no solo las guerrillas de FALINTIL, el movimiento de la resistencia, sino también los civiles, incluidos los grupos estudiantiles y las organizaciones políticas, armadas o no». En agosto, el departamento de policía de Dili trazó «un meticuloso plan para desplazar a cientos de miles de timoreses después del referéndum»; el plan, en efecto, no descuida ni [91] el más mínimo detalle. Estos proyectos fueron llevados a la práctica con celeridad, y parece inimaginable que los servicios de inteligencia occidentales no conocieran cuando menos sus líneas básicas. 

En julio de 1999, la prensa australiana se basó en fuentes diplomáticas, eclesiásticas y militares para afirmar que «se están almacenando cientos de rifles de asalto, granadas y morteros, dispuestos para su uso en caso de que, en el plebiscito, se rechace la opción de la simple autonomía». También advertía de que los paramilitares, dirigidos por el ejército, podían estar planeando una invasión violenta de gran parte del territorio timorés si, a pesar de la intimidación terrorista, se expresaba sin reservas la voluntad popular. La filtración de algunas comunicaciones oficiales permite saber que «el gobierno australiano valoraba con dureza la "generosa interpretación" que Washington daba a la relación del TNI con las milicias». 

Por su parte, los generales indonesios no titubearon en interpretar que las evasivas y pretextos de sus viejos amigos de Occidente eran una señal de «luz verde» para llevar a cabo los planes.
Compárese, pues, la reacción del Occidente ilustrado y progresista ante los planes indonesios y serbios de limpieza étnica y destrucción en gran escala. Respecto del primer caso, evidente y conocido de todos, Occidente se hizo de nuevas; en cuanto al segundo, en realidad fue «descubierto» dos semanas después del inicio de los bombardeos, y lo más probable es que la Operación Herradura fuera de cosecha propia (aunque existía, sin duda, algún tipo de proyecto similar). En el primer caso, la responsabilidad debe atribuirse a la «nueva generación»; en el segundo, se ha achacado a un enemigo oficial, para justificar así los bombardeos.
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Los actos terroristas se intensificaron de nuevo en abril de 1999, con varias masacres brutales, como la de Liquica, donde sabemos que fueron asesinadas cerca de sesenta personas —aunque quizá fueran muchas más— que habían buscado amparo en una iglesia. Actualmente, los investigadores occidentales elevan la cifra de muertos a más de 200; como indica un policía estadounidense, «tenemos que ajustamos a la cantidad de cadáveres que se han levantado oficialmente, pero en este distrito han matado a muchas más personas, son cifras casi astronómicas». Nunca sabremos lo que sucedió de verdad, como en tantas otras ocasiones, porque Occidente se niega a permitir una indagación rigurosa. 
Pocos días después de la matanza de Liquica, el almirante Dennis Blair, al mando de las tropas estadounidenses en el Pacífico, se reunió con Wiranto, el capitán general del TNI, para garantizarle el apoyo y la asistencia de los EE.UU. y proponer un nuevo programa de entrenamientos conjuntos. Podrían citarse varios contactos similares. 

Ante todas estas evidencias, de las que no mostramos sino una pequeña parte, pero que se repiten sin cesar en muchos otros lugares, Washington se limita a elogiar «la relevancia de la larga instrucción dispensada en nuestro país a los futuros líderes del ejército indonesio, así como de la ayuda militar por valor de varios millones de dólares», y aun encarece la necesidad de extender este tipo de asistencia a otras regiones del mundo. Como pequeño contraste, los analistas reconocen que, por alguna razón, estos colosa-[93]les programas de ayuda no han logrado «imbuirles de los valores y la influencia de América». 

En ocasiones, se ha sido lo suficientemente sincero para admitir las causas de este historial de miseria. Durante la última fase de las atrocidades, un destacado diplomático de la delegación estadounidense en Yakarta resumió el «dilema» al que se enfrentan las grandes potencias: «Indonesia importa, Timor Oriental no».  Es, por ende, comprensible que Washington se atenga a una serie de ineficaces gestos de reprobación, al tiempo que insiste en que la seguridad interna de Timor Oriental es «responsabilidad del gobierno de Indonesia, una responsabilidad de la que no queremos desproveerle». Este es el mensaje oficial, repetido hasta la saciedad: pocos días antes del referéndum de independencia —a pesar de que se estaba al corriente de cómo se había desempeñado esa función— e igualmente bastantes días después, mientras se cumplían las predicciones más funestas.  Como ya se ha indicado más arriba, se utiliza la misma doctrina para negarse a que las averiguaciones sobre los crímenes recaigan en manos ajenas al gobierno de Yakarta, como las de un tribunal internacional.

Este razonamiento del diplomático fue glosado por dos expertos en temas asiáticos del NYT: la administración de Clinton «ha calculado que los EE.UU. deben hacer prevalecer su relación con [94] Indonesia —una nación rica en recursos minerales, y con una población superior a los 200 millones de personas— por encima del destino político que se le depare a Timor Oriental, un territorio exiguo y empobrecido, con tan solo 800.000 habitantes, y que pretende ser independiente». El segundo periódico de los EE.UU. citaba a Douglas Paal, presidente del Asia Pacific Policy Center [Centro de Política del Pacífico Asiático]: «En nuestro camino a Yakarta, topamos con Timor, unas "bandas sonoras" que debemos superar sin arriesgar nuestra seguridad. Indonesia es un país extraordinariamente grande, y resulta crucial para la estabilidad de la región». 

Hace ya tiempo que el término «estabilidad» se utiliza como una clave codificada, referida a lo que Robert McNamara, el antiguo secretario de Defensa, definía como «la orientación favorable de la nueva élite política»; favorable a los inversores extranjeros y los administradores mundiales, claro está, y no a la población del país. 
Según afirmó repetidamente a lo largo de 1999 la administración de Washington, «no corre ninguno de nuestros galgos en la carrera de Timor Oriental». En consecuencia, lo que suceda allí no ha de preocuparnos; la postura varió un tanto debido a la intensa presión ejercida por Australia, de modo que «tenemos allí un galgo de peso, como es Australia, y debemos apoyarlo», en palabras de un importante funcionario del gobierno.  Al parecer, los supervivientes de unos crímenes que, con el respaldo de los EE.UU., se han cometido en «un territorio exiguo y empobrecido», no pesan ni lo que un perro pequinés.
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Richard Butler, el veterano diplomático australiano, ha expuesto que «tengo muy claro, por mis varios contactos con importantes comentaristas estadounidenses, que la alianza [entre EE.UU. y Australia] se reduce a lo siguiente: los EE.UU. responderán de forma proporcionada, lo cual se define de acuerdo con sus propios intereses, sin excluir siquiera el recurso a la intimidación». Esta censura no se dirige tanto a Washington como a sus propios paisanos, que no están al cabo de cómo son las cosas: en esta nueva era de progresismo y principios éticos, no son los EE.UU., sino el resto, los que deberán asumir y compartir tanto la carga como los costes, de no ser que alguna gran potencia pueda obtener provecho de la situación. 

Todo esto ya había sido reconocido por los expertos más serios. Hace veinte años, por ejemplo, el corresponsal Daniel Southerland aseveró que «al hacer concesiones a Indonesia en la cuestión [de Timor Oriental], la administración de Carter, al igual que había hecho la de Ford, parece haber dado toda la prioridad a la lucha por el poder político, en detrimento de los derechos humanos». Southerland se refería, ante todo, al papel desarrollado por Richard Holbrooke, el actual embajador de EE.UU. en la ONU, quien se aplicó denodadamente a implantar la política de Carter, que respaldaba la agresión y la masacre a manos indonesias. Holbrooke se cuidaba tan poco de los corolarios de su actuación —unas 200.000 muertes, por entonces— que ni tan solo halló una ocasión para testificar al respecto ante el Congreso, aun cuando, según Southerland, el mismo día de la sesión «sí que tuvo tiempo para actuar como anfitrión de una cena de etiqueta». 
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No obstante, la historia se reconstruye a conveniencia, se hace caso omiso del pasado y se presenta a Holbrooke como un héroe que ha logrado dar a una catástrofe humanitaria «la respuesta más rápida de la historia de las misiones de paz de Naciones Unidas»; se dice que es «la primera vez que, en la era posterior a Ruanda y Srebrenica, el Consejo de Seguridad arrostra de frente una emergencia». «De frente» quiere decir, en concreto, después de desolar el país y masacrar o deportar a su población, según unos planes que, con toda certeza, hacía tiempo que eran conocidos por Washington. El actual embajador en Naciones Unidas, Holbrooke,
se refirió a la operación declarando que al fin se había cumplido a la letra el sueño de Churchill y Roosevelt, cuando sentaron las bases de la ONU. «Han hecho falta veinte años, una pérdida inconmensurable de vidas humanas y el saqueo a manos de los militares indonesios», añadió Holbrooke con tristeza.
Pero no se dice una palabra de su función como promotor de esta situación, ni de la función general de los EE.UU., con la mera excepción de una referencia a que Clinton «había estado dando largas durante algunos días» antes de amenazar a Indonesia con vetar los préstamos. 

Estos principios rectores ya fueron comprendidos a la perfección desde un inicio, por parte de los responsables de asegurar el éxito de la invasión indonesia de 1975. Los expuso con lucidez Patrick Moynihan, el entonces embajador en Naciones Unidas, en unas palabras que debería consignar en su memoria toda persona interesada en las relaciones internacionales, los derechos humanos y la eficacia de la ley. El Consejo de Seguridad había conde-[97]nado la invasión y exigido la retirada de Indonesia, pero sin éxito. En sus memorias, publicadas en 1978, Moynihan explica por qué:

Los Estados Unidos querían el resultado que finalmente se produjo, y se esforzaron en provocarlo. El Departamento de Estado pretendía que las Naciones Unidas demostraran su inutilidad en todas y cada una de sus medidas; esta tarea me fue confiada a mí, y puedo decir que la supe llevar a término con un éxito nada despreciable.
El «éxito», desde luego, no fue «nada despreciable», puesto que el propio Moynihan admitió que, en tan solo dos meses, habían muerto alrededor de 60.000 personas, «el 10 por 100 de la población, prácticamente la misma proporción de bajas que sufrió la Unión Soviética durante la segunda guerra mundial».  Uno de los indicadores más claros de este buen resultado, añadió, es que, en un año, «el tema desapareció de las portadas». Esta afirmación, rotundamente cierta, coincide con la intensificación del asalto y las atrocidades a lo largo de 1977 y 1978; gracias a los nuevos suministros estadounidenses de armamento de última tecnología, el ejército de Indonesia pudo llevar a cabo un ataque devastador contra los cientos de miles de timoreses que habían huido a las montañas, y apoderarse de los supervivientes. Fue entonces cuando varias fuentes de la Iglesia de Timor intentaron dar a conocer públicamente sus estimaciones, según las cuales habían perdido la vida más de 200.000 personas; esta cifra no ha sido aceptada hasta mucho más tarde, después de haber ridiculizado y negado constantemente las [98] afirmaciones de «los propagandistas de las guerrillas». En cuanto a la reacción de Washington ante esta masacre, ya se ha visto más arriba.

Antes de la invasión indonesia, los medios de comunicación habían dedicado una atención considerable a los acontecimientos de Timor Oriental, por la inquietud que despertaba la ruina del fascismo portugués y su sistema imperial. La cobertura se fue reduciendo a medida que la agresión y la masacre, respaldadas por los EE.UU., se cobraban su trágico saldo y, en lo que respecta a la prensa estadounidense (tanto en los diarios como en los semanarios), en 1978 había cerrado los ojos por completo, cuando la brutalidad era tal que casi puede hablarse de genocidio.  En cualquier caso, todas las menciones a Timor, incluso durante la fase más cruel de las atrocidades, se atienen en gran medida a las invenciones del Departamento de Estado y las garantías de los generales indonesios, según los cuales la población timoresa huía para acogerse al amparo de Yakarta. En 1980, sin embargo, la historia real empezó a abrirse paso, aun cuando ni siquiera hoy se admita la responsabilidad de los EE.UU. En esa fecha, se sabía también que se trataba de atropellos comparables a los perpetrados contra Camboya en aquellos mismos años, a pesar de que, en este último caso, además de los crímenes contra la humanidad —consumados durante una agresión directa, apoyada por las grandes potencias— se trataba de auténticos crímenes de guerra de la mayor magnitud.
Los primeros intentos de romper el silencio zahirieron notablemente a la prensa. Al repasar la información semanal, Stanley Karnow aseveró que no pensaba leer un artículo recién aparecido sobre Timor Oriental, pues «no tiene nada que ver conmigo». Le secundó su compañero Richard Valeriani: «no me preocupa lo que pase [99] en Timor». En la reseña del primer libro que relataba por extenso lo sucedido y dejaba constancia de la renuencia de los medios, A. J. Langguth, antiguo corresponsal del New York Times en Indonesia, desatendió la cuestión con el pretexto de que «aunque la prensa mundial concentrase de repente su atención en Timor Oriental, con ello no se mejoraría la suerte de un solo camboyano». Lo había formulado con elegancia el director de un periódico parisiense de izquierdas, Le Nouvel Observateur. «La historia transcurre por unas determinadas corrientes principales, y hoy en día la corriente más relevante pasa por Camboya, no por Timor». 

Estas observaciones sobre Timor y Camboya son, sin duda, exactas. Y, lo que resulta aún más significativo, reflejan claramente los criterios que rigen la pretendida inquietud humanitaria: una masacre de la que somos responsables, y que podíamos haber aliviado o terminado con facilidad, «no tiene nada que ver» con nosotros; y no debe ser motivo de preocupación especial, pues esta nos apartaría de una tarea moralmente relevante, como es la de reprobar las masacres cometidas por nuestros enemigos oficiales, ante las cuales estamos casi atados de pies y manos. Aun así, cuando los vietnamitas pusieron fin a sus atrocidades, Washington se creyó en la obligación de castigar este crimen abominable imponiendo fuertes sanciones económicas y colaborando en una invasión china y el regreso de los Jemeres Rojos (la KD o «Kampuchea Democrática»). Sin embargo, algunos expresaron su incomodidad por la idea de que, al tiempo que denunciábamos enérgicamente unas atrocidades —las de Camboya—, «apartábamos la vista» de otras equiparables —las de Timor Oriental—. Esta es la forma tradicional de pre-[100]sentar la verdad, inaceptable, de que Washington «había clavado la vista allí» y fomentaba la escalada de la violencia. La desazón se pudo apaciguar en 1982, cuando el Departamento de Estado hizo saber que la KD, formada sobre todo por los Jemeres Rojos, era «innegablemente» más representativa del pueblo camboyano que la resistencia timoresa del pueblo de Timor; por tanto, era de justicia que protegiéramos a Pol Pot y Suharto. De esta forma se desvanece el sentimiento de contradicción, junto con las pruebas que demostraban esa mayor representatividad, que no se hicieron ni se han hecho públicas. 

Durante los veinte años siguientes, no se detuvo esta historia amarga: matanzas y brutalidades, complicidad de Occidente, negativa a ceder. En 1998 surgió un tímido rayo de esperanza, pues Suharto había admitido alguno de sus desmanes y, por tanto, ya no era «uno de los nuestros»; además, había perdido el control del país después de una grave crisis financiera, y no sabía cómo esquivar la necesidad de implantar un programa económico severo, diseñado por el FMI. Después de que este buen «indonesio moderado» tomara el poder, se le había concedido una demora de la deuda, pero no así a los 200 millones de indonesios a los que ahora se reclama el pago de las cifras colosales que habían pedido Suharto y sus comilitones: más del 140 por 100 del PIB, gracias a la corrupción general del régimen y la excelente disposición del Banco Mundial, el FMI y los gobiernos e instituciones financieras occidentales, que proporcionaron fondos muníficos para el general y su camarilla, y gracias, igualmente, a la función del FMI como «supervisor comunitario de la devolución de créditos», en palabras de su actual director ejecutivo para los EE.UU. 
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El 20 de mayo de 1998, la secretaria de Estado, Madeleine Albright, pidió a Suharto que abdicara de su cargo y diera paso a «una transición democrática». Pocas horas más tarde, Suharto transfirió su autoridad formal a un vicepresidente de su elección, B. J. Habibie. Es obvio que entre ambos hechos no existe una relación de causa-efecto, pero lo ocurrido simboliza, cuando menos, la importancia de los vínculos. Tras la marcha de Suharto, se abrió el camino para las primeras elecciones democráticas en cuarenta años. Las primeras, por tanto, desde que el sistema parlamentario quedó desvirtuado por las operaciones clandestinas de los EE.UU., que, en 1958, pretendían debilitar a Indonesia favoreciendo la autodeterminación de las islas exteriores, de gran riqueza; Washington estaba preocupado porque el régimen indonesio era tan excesivamente independiente y democrático, que permitía participar incluso a un partido de izquierdas, muy arraigado entre la población. 

Estas primeras elecciones merecieron el aplauso general de nuestros medios, pues demostraban que —y podemos sentir un legítimo orgullo por ello— estamos difundiendo la democracia por el mundo retrasado. Estos comentarios requirieron de una buena dosis de habilidad para prescindir del contexto, que fue consignado a la (extensa) categoría de las «operaciones secretas», al igual que los otros hechos que «no "sería bueno" mencionar», por utilizar la [102] expresión de Orwell en su análisis de la «censura voluntaria» en las sociedades libres.

Para sorpresa de muchos analistas, Habibie se afanó por distanciarse de Suharto y, en junio de 1998, defendió la necesidad de otorgar una «condición especial» a Timor Oriental. En agosto, el ministro de Asuntos Exteriores, Ali Alatas, sugirió la posibilidad de aprobar una «autonomía de alcance».

El 27 de enero de 1999, Habibie anunció, de forma inesperada, que el gobierno recomendaría a la Asamblea Consultiva del Pueblo que Indonesia cediera el control de Timor, un territorio anexado por la fuerza, en caso de que los timoreses no quisieran aceptar su oferta de autonomía. El 5 de mayo, Indonesia y Portugal, bajo los auspicios de Naciones Unidas, acordaron que esta decisión debía realizarse mediante un referéndum, programado en origen para el 8 de agosto y posteriormente aplazado hasta el 30 del mismo mes.
Entretanto, el ejército emprendía un camino bien diferente, como ya hemos visto; de hecho, lo había emprendido ya antes incluso del anuncio de Habibie en enero, para impedir, mediante el terrorismo y la intimidación, una elección verdaderamente libre.
A pesar de la represión, a pesar de la violencia y las amenazas, la gran mayoría de la población timoresa demostró un coraje asombroso y encontró la manera de ejercer su derecho a voto (en muchos casos, abandonando para ello los escondrijos donde se refugiaban). Casi el 80 por 100 de los votantes se decantó por la independencia. Pero al plebiscito siguió la última fase de las cruentas atrocidades del TNI, que pretendía subvertir el escrutinio mediante las masacres y las deportaciones, al tiempo que reducía a cenizas gran parte del país. Por las razones que se han analizado más arriba, nunca sabremos todo lo que sucedió entonces, ni lo que había acontecido hasta el momento.

Esta sórdida historia debería ser analizada ante el telón de fondo de las relaciones de Indonesia y los EE.UU. en la época de pos-[103]guerra.  Hay dos factores que han garantizado que el archipiélago ocupara un papel central en la planificación mundial de los EE.UU.: es muy rico en recursos naturales, y se halla en una ubicación estratégica vital. Estas son las causas de que, hace cuarenta años, Washington intentara dividir Indonesia; de que luego apoyara a los militares en la preparación de un golpe previsto; y de que haya sentido una admiración sin reservas por ese régimen de asesinos y torturadores que adoptó «una orientación favorable» en 1965, e igualmente por su líder, que no dejó de ser «uno de los nuestros» hasta 1997, cuando empezó a desviarse del camino y, consiguientemente, fue abandonado junto con los otros criminales que o bien han perdido su antigua utilidad o bien se han vuelto díscolos: Trujillo, Somoza, Marcos, Noriega, Sadam Huseín, Mobutu, Ceausescu y tantos otros. Como se ha indicado, la exitosa limpieza étnica de 1965, aparte de convertir a la rica Indonesia en un «paraíso para los inversores», se ha interpretado como una vindicación del buen nombre de las guerras de Indochina, motivadas en gran parte por una doble inquietud: por un lado, el «virus» del nacionalismo independiente podía «infectar» a Indonesia (por decirlo en la retórica estándar); por otro, la autonomía del archipiélago (y, más tarde, sus excesos democráticos) hacía temer que se iniciara una «epidemia» de «comunismo» (esto es, de nacionalismo independiente) que «se extendería hacia el oeste», contagiando a todo el sur de Asia, como advirtió George Kennan en 1948.

En este contexto, es plausible que el apoyo prestado a la invasión de Timor Oriental y las atrocidades subsiguientes fuera una decisión perfectamente meditada; aun así, debe tenerse en cuenta el hecho de que la caída del imperio portugués produjo efectos similares en África, donde cupo a Sudáfrica el papel de delegado del terrorismo occidental. En ambos casos, se solían alegar pretextos re-[104]lacionados con la guerra fría; pero cuando se los examina con rigor, es fácil percibir que se trataba de meras tapaderas de motivos y acciones no demasiado nobles, y sin correspondencia alguna con las cambiantes relaciones de los EE.UU., Rusia y China. Así ha estado ocurriendo no solo en el sur de Asia, sino también en Latinoamérica, el Oriente Próximo y muchas otras regiones.
En suma: la historia de Timor Oriental no comienza en 1975. No es cierto que Timor hubiera pasado por alto a los planificadores mundiales de la posguerra; si bien era un territorio al que debería concederse la independencia, según las ponderadas conclusiones de Sumner Welles, un destacado consejero de Roosevelt, para ello «se tardarían mil años, sin duda».  Desde entonces, demostrando un arrojo y una fortaleza admirables, el pueblo de Timor Oriental ha luchado por quitar la razón a ese presagio, a costa de desastres monstruosos. Durante la segunda guerra mundial, cerca de 50.000 timoreses dieron su vida por proteger a un pequeño contingente de soldados australianos, enfrentados a los japoneses; su heroísmo quizá salvara a Australia de la invasión japonesa. A cambio, alrededor de un tercio de la población de Timor cayó a manos del ejército indonesio en la invasión de 1975 y los años inmediatamente posteriores.

Dejemos, pues, la mitología a un lado, y miremos de frente las causas y las consecuencias de nuestras acciones. No solo en Timor Oriental; aunque hoy, en ese rincón tan torturado, tenemos la oportunidad de remediar en parte uno de los crímenes más espantosos y trágicos de este siglo de horror, que se ha cerrado con un broche desgarradoramente pavoroso.
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3. Kosovo, con perspectiva


Una vez se ha apaciguado el vocerío, debería sernos posible reconocer y analizar con relativa calma la guerra de la OTAN en Kosovo. Se esperaba que esta iba a ser la cuestión estrella del milenarismo de finales de 1999, dada la euforia que, respecto del advenimiento de una nueva era de la historia de los hombres, había despertado la guerra en los círculos intelectuales de Occidente. Pero apenas se le prestó atención.

Una de las escasas excepciones fue el Wall Street Journal, que dedicó el artículo principal de la edición de fin de año a comentar -minuciosamente lo que había ocurrido.  El titular reza así: «La guerra de Kosovo fue brutal, cruel, acerba, pero no un genocidio». Esta conclusión discrepa marcadamente de la propaganda de tiempos de guerra; un rastreo de noticias referidas al «genocidio», aun limitado a la primera semana de bombardeos, se detuvo al alcanzar el tope de la base de datos: 1.000 documentos. 
La exageración histérica de la inaudita protervia del enemigo es un clásico de la propaganda; especialmente, cuando tras abrir los ojos debería reconocerse que no hay razones necesarias para recu-[106]rrir a la fuerza. Es un mecanismo habitual en los estados totalitarios, aunque fue inventado en las democracias, donde resulta casi imprescindible ganarse el apoyo popular. La primera guerra mundial es un ejemplo de libro; no lo es menos la campaña de bombardeos de la OTAN, iniciada el 24 de marzo de 1999. En el caso de Kosovo, la propaganda no se paró en barras y equiparó la situación al holocausto nazi; lo hizo con una intensidad desconocida, y no en los sectores marginales, sino a toda plana, lo cual representa una auténtica ofensa a la memoria de las víctimas de Hitler. En una primera fase, la atención se centró en la persona de Milosevic, un nuevo Hitler que ponía en peligro la propia supervivencia de la civilización. Cuando quedó claro que los bombardeos no se dirigían contra el ejército serbio, sino contra la sociedad civil, hubo que improvisar una finta y demonizar a los serbios, los «ejecutores voluntarios de las penas de muerte impuestas por Milosevic», que tenían bien merecido su destino: ser objeto de la «limpieza» del vengador justiciero.  Los autores de los bombardeos, sin embargo, no se consideran «ejecutores voluntarios» de las penas capitales impuestas por la Casa Blanca y sus queridos clientes, a pesar de la relativa facilidad con que se les pueden achacar crímenes nefandos y de los corolarios que se derivan de los principios morales.

Cuando las fuerzas de la OTAN entraron en Kosovo, se puso un gran empeño en descubrir las pruebas de las brutalidades del enemigo, en todo un «modelo de celeridad y eficiencia», para que no se perdiera o se pasara por alto ningún dato relevante. Este empeño «parte de lo que hemos aprendido en nuestras equivocaciones pasadas», y refleja «un esfuerzo creciente de la comunidad internacional por llevar ante los tribunales a los criminales de guerra». Además, según los analistas, «por razones políticas, la OTAN necesita demostrar la escala de los crímenes, para justificar que se re-[107]quirieran 78 días de ataques aéreos contra el ejército y la infraestructura serbia». 

El razonamiento es mayoritario, pero no por ello menos intrigante. No se puede negar que las matanzas en gran escala se iniciaron después que los bombardeos; no fueron la causa, por tanto, sino la consecuencia. Pero aunque hagamos caso omiso de la lógica subyacente o del hecho de que se trataba de consecuencias anticipadas, hace falta ser muy audaz para postular que los crímenes justifican, retroactivamente, la iniciativa que contribuyó a que se cometieran.

Entre «lo que hemos aprendido» se encuentra una lección aplicada sin demoras: era imprescindible evitar que se emprendieran averiguaciones serias sobre los crímenes que se estaban perpetrando en Timor Oriental, de forma paralela, pero con una virulencia muy superior a la de Kosovo antes de los bombardeos. Como se ha podido ver en el capítulo 2, en Timor no se puso en práctica ningún «modelo de celeridad y eficiencia», sino que tanto los EE.UU. como el Reino Unido continuaron apoyando a los criminales durante la horrible apoteosis de setiembre de 1999, y se negaron a permitir la más mínima interferencia en esta tarea monstruosa hasta que el agravio internacional fue tan considerable que no se pudo ignorar. Así, cuando al fin se dieron instrucciones para que el ejército indonesio abandonara un país que había desolado, se enviaron muy pocos forenses a la región —desatendiendo las peticiones repetidas de la misión de paz de Naciones Unidas—, y aun así se retrasó varios meses su llegada, hasta que la estación de las lluvias arrastró consigo la mayoría de pruebas. La propia misión de paz vio retrasado su viaje, incluso después de que se hubiera destruido casi todo el país y desalojado a casi toda la población.
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La diferencia es sencilla: estriba en que, en Timor Oriental, los crímenes eran obra directa de un estado terrorista respaldado por Occidente. Ello explica que no se tome en consideración la cuestión de la responsabilidad, y que no se vean señales del «esfuerzo creciente de la comunidad internacional por llevar ante los tribunales a los criminales de guerra». En Kosovo, por el contrario, se entendía que la demostración de las atrocidades podía servir para justificar, retrospectivamente, la guerra de la OTAN, con la lógica inmutable del sistema doctrinario, que hemos analizado en repetidas ocasiones.

A despecho de los esfuerzos denodados, la «obsesión por las fosas comunes» (como la denominaban los comentaristas del Wall Street Journal) produjo un resultado decepcionante: en lugar de las «tremendas carnicerías que preveían algunos investigadores ... se encontraron testimonios de matanzas aisladas», esto es, de una «limpieza étnica moderada». Lo confirma un informe detallado de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), publicado en diciembre de 1999, que «apunta a la existencia de cierta clase de razonamiento militar en las expulsiones, que se concentraron en áreas controladas por los insurgentes o en las rutas más posibles de una invasión». 

Los articulistas del New York Times concluyen que «la OTAN intensificó su denuncia de los supuestos "campos de la muerte" en Serbia» cuando «se apercibió de que la prensa, fatigada, empezaba a reprobar lo contrario: la muerte de civiles por efecto de las bombas de la OTAN» (y, lo que es mucho más significativo, la destrucción voluntaria de las infraestructuras civiles, así como los crímenes de guerra, incluyendo ataques químicos y biológicos). Si tienen razón, este nuevo enfoque de la propaganda —concebido específicamente para la prensa— es un reflejo especular de la clara trans-[109]formación del frente propagandístico interno, según se ha referido más arriba. El portavoz de la OTAN, Jamie Shea, hizo pública una «información» cuyo origen se remonta al UCK (el Ejército de Liberación Kosovar); asimismo, de resultas de las pesquisas de los investigadores, sabemos que eran falsas muchas de las historias apocalípticas que coparon las portadas, atribuidas a refugiados y otras fuentes. Paralelamente, la OTAN intentó negar sus propias matanzas, como en otras ocasiones; por ejemplo, mostrando un montaje videográfico en el que «las imágenes se sucedían al triple de su velocidad real» para convencer a los medios de que «el asesinato de un mínimo de catorce civiles a bordo de un tren que, el pasado abril, cruzaba un puente serbio» fue inevitable, pues «el tren viajaba tan rápido que fue imposible variar a tiempo la trayectoria de los misiles».  La creación de atrocidades del enemigo y la supresión de las propias son, de nuevo, un clásico esperable de la propaganda bélica, al que se recurre sobre todo cuando empiezan a aflorar las «fabulaciones de los inconformistas».

Desde el Wall Street Journal, sin embargo, se entiende que Serbia cometió unos crímenes «tan aborrecibles», incluida la gran campaña de expulsión, «que bien pueden justificar» los bombardeos de la OTAN, a partir del repetido principio doctrinal de la justificación retroactiva.

El citado estudio de la OSCE apareció después de otros dos informes sobre los crímenes de Serbia. El primero fue la acusación del Departamento de Estado contra Milosevic y sus adláteres, publicada en mayo de 1999; el segundo, casi inmediato, la incriminación formal del Tribunal Internacional de Crímenes de Guerra. Estas dos fuentes son muy similares, acaso porque la «incriminación [del Tribunal], notablemente rápida» se basaba en la «información de los servicios de inteligencia [de los EE.UU. y el Reino Unido], en [110] contra de la costumbre de los gobiernos occidentales, que suelen negarse a proporcionar estos datos» al Tribunal. No es de esperar, en cambio, que se den tales facilidades para un tribunal que juzgue los crímenes de guerra de Timor Oriental. En diciembre de 1999, el Departamento de Estado presentó una acusación actualizada —incorporando todo lo que se pudo obtener de los refugiados y las averiguaciones de posguerra—, que legitimaba por completo los bombardeos, según algunas voces. 
Tanto en los dos informes del Departamento de Estado como en la incriminación del Tribunal, la cronología detallada se limita, casi por entero, al periodo posterior al inicio de la campaña de bombardeos, el 24 de marzo de 1999. Así, el texto de diciembre de 1999, por ejemplo, se refiere de forma imprecisa a «finales de marzo» o «después de marzo», con la salvedad de una referencia a la denuncia, por parte de unos refugiados, de una ejecución del 23 de marzo (esto es, dos días después de que se anunciara el ataque aéreo y un día después de que la OTAN hiciera público que estaba a punto de comenzar).  El propio Departamento de Estado, por tanto, nos demuestra de modo fehaciente que los desmanes de los «ejecutores voluntarios de las penas de muerte impuestas por Milosevic» no fueron una razón determinante del ataque. Se cometieron demasías, sin duda, pero con posterioridad a los bombardeos, según consta en la versión definitiva del informe acusatorio contra Milosevic, y como respuesta a ellos.
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Hay una excepción relevante: el 15 de enero de 1999, se masacró a 45 personas en Racak. Pero ello no pudo haber motivado los bombardeos, por dos razones. En primer lugar, porque se trató de un acontecimiento aislado, según los observadores de la OSCE y otras agencias internacionales (incluida la OTAN), que no se volvió a repetir hasta después de los bombardeos, como ahora veremos. Y en segundo lugar, a qué pretender ahora que eso pueda preocupar a Washington o sus aliados. Las pruebas de esta indiferencia son apabullantes; poco después de la matanza de Racak, por citar solo un caso, las fuerzas militares indonesias y sus adláteres paramilitares asesinaron de forma brutal a decenas de personas —quién sabe cuántas— que habían buscado amparo frente a los terroristas indonesios en una iglesia de Timor Oriental, en la población de Liquica, a poco más de 30 km de Dili, la capital. Esta masacre se conoció al momento, pero no ha sido investigada y ha recibido escasa atención de los medios. Y, a diferencia del caso de Racak, no fue la única masacre perpetrada en Timor Oriental en esas fechas. Ante las matanzas de Timor, los EE.UU. y sus aliados reaccionaron como es habitual en ellos: no dejaron de proporcionar armamento y otros suministros a los asesinos, velaron por las buenas relaciones de los respectivos ejércitos (hasta el punto de realizar ejercicios militares conjuntos) y cerraron el paso a cualquier interferencia internacional. 

En suma, ni el Departamento de Estado ni el Tribunal han ofrecido ninguna justificación razonable para la campaña de bombardeos; tampoco para la retirada de los observadores de la OSCE (la Comisión de Supervisores de Kosovo, CSK) el 20 de marzo, con la que se preparó el terreno para el ataque.

El informe de la OSCE, por su parte, se ajusta estrechamente a las citadas acusaciones del Departamento de Estado (en mayo y diciembre) y del Tribunal Internacional. Da fe del «modo con que se procedió a las deportaciones, así como del terrible incremento de los saqueos, asesinatos, violaciones y secuestros después de que la [112] OTAN iniciara los bombardeos, el 24 de marzo».  «Los acontecimientos dieron su giro más perceptible después de que la OTAN emprendiera sus primeros ataques aéreos», según la OSCE. «Por un lado, la situación parecía haber escapado al control de todas las autoridades, y se infringía la ley con pillajes y asesinatos constantes. Por el otro, la expulsión colectiva de miles de residentes de las ciudades, que se produjo sobre todo en la última semana de marzo y las primeras de abril, seguía un esquema determinado y, presumiblemente, había sido organizada con mucha antelación.» 

Esta última valoración se queda corta; no es tan solo «presumible» que existieran planes para la deportación colectiva, sino casi indudable, sin necesidad siquiera de documentarlo. Y se pensaba llevarlos a cabo si la OTAN bombardeaba Serbia, como así sucedió, especialmente ante la posibilidad de que al ataque aéreo siguiera una invasión. Se suele aducir que estos proyectos evidencian la justicia de los bombardeos, aunque en realidad su realización práctica fuera consecuencia de estos; es una lógica interesante. Si aplicamos el mismo razonamiento a otros casos, sería de justicia que los EE.UU. sufrieran un ataque terrorista, en caso de que estos respondieran iniciando una guerra, o los ataques nucleares previstos en los planes de defensa conocidos como first strike, una respuesta preventiva que no excluye siquiera a estados desprovistos de armamento nuclear y que han firmado los tratados de no proliferación.  Con la misma lógica, sería de ley que Irán atacara con misiles a Israel, acompañándolos de una amenaza seria de invasión, si los is-[113]raelíes respondieran llevando a cabo sus proyectos de expulsión de la población palestina —unos proyectos que, presumiblemente, existen—. Las implicaciones de la teoría, si se tomara en serio, son de impresión. 

El informe de la OSCE indica asimismo que «después de que la CSK abandonó el territorio kosovar, el 20 de marzo de 1999, y sobre todo después del 24 de marzo, cuando la OTAN empezó a bombardear la República Federal de Yugoslavia [RFY], la policía serbia y/o el VJ [Vojska Jugoslavije, ejército yugoslavo], acompañados con frecuencia de paramilitares, fueron de pueblo en pueblo y, en las ciudades, de barrio en barrio, expulsando y amenazando a la población albanokosovar».  La salida de los supervisores de la CSK precipitó, a su vez, un aumento de las emboscadas del UCK contra la policía serbia, «lo que provocó una reacción enérgica» de la policía y una escalada de «la atmósfera prebélica, puesto que las fuerzas serbias se estaban encarando más decididamente con los rebeldes, quienes por su parte secuestraban a civiles del bando contrario y tendían celadas a los policías y los soldados». 

«Los ataques indiscriminados contra núcleos de población civil, que eran esporádicos antes del 24 de marzo de 1999, se generalizaron a partir de esta fecha», según la OSCE. «Entre los objetivos más típicos, se encontraban personas que tenían —o se pensaba que tenían— vínculos con el UCK», lo cual, antes de la retirada de los supervisores (el 20 de marzo), «podía derivar en arrestos», pero «después de ese día las intenciones de las fuerzas serbias y yugoslavas tendían a ser más mortíferas». «El número de incidentes relacionados con ejecuciones sumarias e inmotivadas se acrecentó de [114] un modo radical justo después de la salida de la CSK»; en esa fecha, el 20, se registraron dos episodios de esa clase, y otro, más grave, el 24. A continuación, el informe de la OSCE indica que «la violencia prosiguió su ascenso después del 24 de marzo. En todo el territorio kosovar se generalizaron las ejecuciones sumarias e inmotivadas, después de la noche del 24 de marzo, en que la OTAN inició su campaña aérea contra la RFY».

«Hasta esa fecha [el 24] —prosigue la OSCE—, el ejército y las fuerzas de seguridad de Serbia y Yugoslavia habían dirigido su atención, sobre todo, a las comunidades kosovares que estaban en las rutas de paso del UCK o eran bases de sus guerrillas ... Después del 24 de marzo, sin embargo, se adoptó un nuevo filtro y se incluyeron áreas que anteriormente eran relativamente tranquilas.» «El propio 24 de marzo, se realizó una ofensiva simultánea que incluyó, como primeros objetivos, las zonas de influencia del UCK y las zonas estratégicas, que continuaron recibiendo ataques durante algún tiempo.» 

«En marzo de 1999, el ejército y las fuerzas de seguridad de Yugoslavia se centraban en dos empresas: derrotar al UCK y prepararse para resistir los ataques de la OTAN», y dirigieron «su mirada y sus recursos» ante todo «a la región occidental de Kosovo y la frontera con Albania», donde «no solo existía un posible camino de entrada de la OTAN, sino un área de particular actividad del UCK, cercana a los "puertos seguros" y suministros de Albania, desde donde se podía extender la influencia del UCK en Kosovo, de no ser que los militares y la policía llegaran a controlar el terreno». Las fuerzas yugoslavas adoptaron, como prioridades máximas, el «afianzamiento de las líneas de comunicación» y el «control de los pueblos situados junto a las rutas estratégicas», que «fueron inmediatamente bombardeados y desalojados», al igual que los «emplazados en encrucijadas importantes»:
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Además de enfrentarse al UCK en las montañas y los pueblos, las fuerzas de seguridad decidieron intentar acabar con las bases de apoyo al UCK, incluyendo el abastecimiento de productos no militares. Ello implicaba la deportación forzosa de los albanokosovares residentes en los pueblos de las regiones controladas por el UCK, así como la persecución de los desplazados que se habían refugiado en las montañas (especialmente, de todos los hombres en edad de combate). En cuanto a la región oriental, se ocuparon más que nada de establecer y fortificar puestos defensivos del VJ, comenzando por la frontera e internándose luego en Kosovo. 

En resumen, en marzo de 1999 las autoridades serbias respondían como cabía esperar, dada la eventualidad de bombardeos o incluso una invasión en toda regla por parte de la gran superpotencia mundial y sus aliados, que apoyarían a unos guerrilleros cuyas bases se encuentran en el territorio de Albania, pero que operan en una provincia que —según declara Washington con insistencia— es parte de Serbia.

De acuerdo con lo expuesto por Marc Weller, consejero legal de los albanokosovares y partidario acérrimo de los bombardeos, tras retirarse la CSK, «en pocos días, el número de desplazados había vuelto a ascender, hasta superar los 200.000»; estas cifras se ajustan, grosso modo, a las estimaciones de los servicios de inteligencia de los EE.UU.  Ese fue el momento en que se iniciaron los bombardeos y la terrible intensificación de las atrocidades y deportaciones.

Para comprender el porqué de la iniciativa bélica de la OTAN, debemos analizar en detalle lo ocurrido en los meses anteriores. Y, naturalmente, resulta vital analizar el modo en que la OTAN percibió estos acontecimientos, si pretendemos evaluar su decisión de [116] bombardear Yugoslavia sin la autorización del Consejo de Seguridad. Por fortuna, poseemos una información directa y detallada sobre este periodo, debido a los informes de los supervisores de la CSK y otros observadores internacionales. Pero por desgracia, el estudio de la OSCE pasa de puntillas por encima de estos meses y recoge pocos datos al respecto, puesto que se concentra en las fechas posteriores a la retirada de la comisión; en cuanto al Departamento de Estado y el Tribunal, desatienden casi por completo este periodo. Sin embargo, se dispone de una selección de los informes de la CSK, la OTAN y diversos observadores internacionales independientes;  estas fuentes merecen un análisis minucioso. El primer hito cronológico se sitúa en diciembre, cuando se rompió la tregua que había permitido el regreso de numerosos refugiados.  A lo largo de los meses siguientes, los supervisores informaron de que, aun cuando las agencias humanitarias fueron objeto del hostigamiento ocasional tanto de las fuerzas de seguridad serbias como del UCK, «en general, han podido acceder sin problemas a todas las zonas de Kosovo». Es de suponer, por tanto, que la información recogida será lo suficientemente amplia. Antes de pasar a su análisis, no obstante, veamos un breve resumen del contexto histórico.
En 1998, Kosovo había sido un lugar muy poco atractivo, en el que, según la OTAN, murieron alrededor de 2.000 personas, la mayoría albaneses; fue el resultado de una lucha violenta que comenzó en febrero de ese año, después de que las guerrillas del UCK —que, protegidas por el hecho de tener sus bases en Albania y muy bien armadas, habían sido incluidas por Washington en su lista de «terroristas»— empezaran a atacar a los policías y los civiles serbios, [117] y los serbios repelieran la agresión con no menor dureza. En verano, el UCK se había apoderado de unas dos quintas partes de la provincia, a lo cual los militares y paramilitares serbios reaccionaron con ferocidad, acometiendo a los civiles que, según sus informes, apoyaban a las guerrillas. En setiembre, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidió un alto el fuego y el establecimiento de negociaciones; el representante de los EE.UU., Richard Holbrooke, negoció un acuerdo entre los dos bandos, tras el cual se envió a la zona a la CSK. La tregua representaba «un balón de oxígeno para las guerrillas», según Tim Judah, porque «estaban con el agua al cuello, arrinconadas en las montañas» y el acuerdo les proporcionó «una conmutación de la pena, tiempo para reorganizarse y rearmarse, y —como le contaban a todo el que quisiera escucharles— tiempo para preparar su ofensiva de primavera [de 1999]». 

El UCK también compartía sin reparos su estrategia y las razones de esta. Los servicios secretos estadounidenses advirtieron de que la guerrilla albanokosovar «pretendía provocar a los serbios, para que la OTAN respondiera a los crímenes de estos involucrándose en la lucha del UCK por la independencia». El UCK se estaba armando y, «para lograr que Occidente entrara en la crisis, buscaba provocar a los serbios como fuera», intentando que respondieran con la máxima crueldad; son palabras del propio Holbrooke, unos meses más tarde. 

El 8 de diciembre de 1998, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea «hicieron pública su inquietud ante la "reciente intensificación de las acciones militares" en Kosovo y observaron que la creciente actividad del UCK había causado que se incrementara la presencia de las fuerzas de seguridad serbias en la región». Poco antes, el Consejo del Atlántico Norte había conclui-[118]do que los guerrilleros del UCK fueron «los que rompieron el fuego» como parte de «una campaña deliberada de provocación»; en las deliberaciones internas, esta tesis contó con el apoyo del embajador estadounidense William Walker, que encabezaba la CSK. Los motivos de esta campaña de provocación fueron desvelados por el mismo UCK y otros líderes militares albanokosovares: «cada vez que tomemos las armas, lograremos que los serbios ejerzan su venganza contra la población civil», y «cuantos más civiles maten, más oportunidades de que haya una intervención». En la práctica sucedió así: la reacción serbia fue brutal, se le dio toda la publicidad necesaria y las potencias occidentales aprobaron la intervención militar. «No teníamos la más mínima duda de que nuestras iniciativas armadas provocarían una represalia cruel contra nuestro pueblo», según declaró a unos investigadores de la BBC Hashim Thaci, uno de los cabecillas del UCK, en referencia al asesinato de cuatro policías serbios, una semana antes de la masacre de Racak: «éramos conscientes de que estábamos poniendo en peligro la vida de los civiles, de un gran número de civiles». Otro de los líderes del Ejército de Liberación Kosovar confirmó que «estaba claro: cada vez que tomáramos las armas, [los serbios] se vengarían en los civiles»; aludía de nuevo al asesinato de los policías, que condujo al ataque serbio contra Racak, un «combate sin cuartel» en el que ambos bandos «sufrieron graves pérdidas», según Thaci. «El comandante de las guerrillas, Agim Ceku, alardeaba ... de que el UCK compartía la "victoria" [de Racak], puesto que "después de todo, ha sido el UCK el que ha traído la OTAN a Kosovo"», mediante agresiones que incluso los EE.UU. habían calificado de «terroristas» y que fueron concebidas expresamente para desencadenar una venganza violenta. 
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La prensa británica ha noticiado, además, que varios agentes de la CÍA habían admitido que se hicieron pasar por representantes de la CSK para cooperar de forma encubierta en la planificación de este tipo de acciones armadas contra la policía y los civiles serbios. Cierto comisionado de la CIA comentó que se encargaba de «indicarles qué montañas tenían que evitar, en qué bosque podían ocultarse, ese tipo de cosas». «Varios diplomáticos europeos que en esa época trabajaban para la OSCE aseveran que fueron traicionados por una política estadounidense que hizo inevitable la solución de los bombardeos.» 

Al comenzar los bombardeos, el ministro de Defensa británico, lord George Robertson (que luego fue secretario general de la OTAN), comunicó a la Cámara de los Comunes que, hasta mediados de enero de 1999, «el UCK había causado más muertos en Kosovo que las autoridades yugoslavas»;  una estimación que no debió de variar en exceso hasta los bombardeos de marzo, si es que debemos [120] dar crédito a la extensa documentación proporcionada por el gobierno de los EE.UU. y otras fuentes occidentales. Robertson puso el límite en la masacre de Racak, acontecida un 15 de enero, en la que, como se ha dicho, murieron alrededor de 45 personas. Pero dejando a un lado este caso aislado, la documentación occidental —que no coincide con los comentarios públicos— no ofrece testimonios de que, en las diez semanas siguientes, se produjeran cambios significativos. De modo que, si las palabras de lord Robertson ante el Parlamento británico eran ciertas, debe seguirse que la responsabilidad de los crímenes cometidos antes de los bombardeos ha de achacarse también al UCK. Dada la magnitud relativa de los dos ejércitos implicados, la estimación de Robertson parece poco creíble, pero nos sirve como ejemplo ilustrativo de las ideas de los que iniciaron los bombardeos.

Al darse cuenta de las consecuencias más probables de su iniciativa, los planificadores de la OTAN empezaron a sentirse intranquilos por la reacción que podría tener el público cuando, a los pocos días, «los noticiarios televisivos comenzaran a verse sacudidos por las primeras imágenes de la catástrofe humanitaria y, probablemente, de la masacre de albaneses con que los serbios se tomarían la revancha». Sin embargo, el 20 de marzo (el día en que se mandó retirarse a la CSK, como medida preparatoria de los bombardeos), parece que se sentían más intranquilos porque «la credibilidad de la OTAN puede salir menoscabada si continúa titubeando y no se decide a ejecutar sus amenazas», a pesar de que se reconocía que «ninguna solución militar puede resolver un problema político difícil» como el de Kosovo.  Como se ha podido ver anteriormente, la cuestión de la «credibilidad de la OTAN» fue muy importante en este proceso, si no esencial.
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Volvamos, entonces, al estudio documental del periodo transcurrido entre diciembre de 1998, por una parte, y finales de marzo de 1999, cuando se retiró la CSK y principiaron los bombardeos.

En cuanto a diciembre de 1998, los «incidentes más serios» de los que da noticia el CICR [Comité Internacional de la Cruz Roja] se refieren a enfrentamientos en la frontera albano-yugoslava y «lo que aparentan ser los primeros ataques deliberados contra lugares públicos de zonas urbanas». En un memorándum de actualización compartido por las diferentes agencias de Naciones Unidas, con fecha de 24 de diciembre, se enumeran estas agresiones. La primera es un intento de los albaneses armados de pasar a territorio de Kosovo, que causó la muerte de al menos treinta y seis soldados y el asesinato de seis adolescentes serbios: mientras estaban en un café de Pec, una población de mayoría serbia, entraron unos hombres enmascarados que vaciaron sus metralletas indiscriminadamente. Luego se menciona el secuestro y posterior asesinato del teniente de alcalde de Kosovo Polje, atribuido por la OTAN al UCK.  A continuación, se ofrece un resumen de los «secuestros imputados el UCK». En el citado memorándum del 24 de diciembre, el secretario general de la ONU recoge los mismos datos, y calcula que, hasta el 7 de diciembre, el UCK había raptado (en lo que respecta a la RFY) a un mínimo de 282 civiles y policías.
La impresión general es que, tras el alto el fuego de octubre, «las unidades paramilitares del UCK han aprovechado la suspensión de los combates para restablecer su control sobre muchas de las poblaciones de Kosovo, así como sobre varias regiones cercanas a los centros urbanos y las autopistas ..., lo cual ha llevado a afirmar [a las autoridades serbias] que si [la CSK] es incapaz de frenar a esas unidades, su gobierno sí que sabe cómo hacerlo». Nótese que es la misma conclusión a la que, de forma paralela, habían llegado el [122] Consejo del Atlántico Norte y los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea.

El 11 de enero se dio a conocer un nuevo memorándum de la ONU, de contenido similar. Se resumen en él los enfrentamientos entre el UCK y las fuerzas de seguridad serbias; pero tras «el incidente más grave de los ocurridos desde la declaración de la tregua, en octubre de 1998, este periodo ha visto cómo se incrementaba el número de asesinatos (aparentemente, achacables al UCK), lo cual ha provocado represalias drásticas de las fuerzas de seguridad gubernamentales». En los once primeros días del año, la «violencia indiscriminada» había acarreado la muerte de veintiuna personas; solo se menciona un ejemplo concreto, el primero en afectar a la capital: una bomba que estalló «junto a un café de Pristina, que hirió a tres jóvenes serbios y provocó que los civiles serbios buscaran venganza en la población kosovar». Los otros incidentes recogidos son la captura de ocho soldados por parte del UCK, el asesinato de un civil serbio y noticias de la muerte de tres policías serbios. El informe de la OTAN acerca de estos días es parecido, aunque añade otros ejemplos: verbigracia, el bombardeo de instalaciones civiles y del UCK por obra del VJ [ejército yugoslavo], que causó la muerte de «un mínimo de 15 albanokosovares», o el asesinato de un juez serbio y varios policías y civiles a manos del UCK.

El 15 de enero se perpetra la masacre de Racak, tras lo cual los informes retornan al mismo tenor de los precedentes. El informe mensual de la OSCE, por ejemplo, fechado el 20 de febrero, describe la situación como «volátil»; si bien «los enfrentamientos directos [entre las fuerzas serbias y el UCK] han disminuido considerablemente», han continuado, por el contrario, los ataques del UCK contra la policía y el «intercambio esporádico de fuego cruzado»; se observa asimismo «el uso ocasional de armamento pesado por parte del VJ». El «rasgo más característico de los últimos días del periodo cubierto por este análisis ha sido un crecimiento alarmante del terrorismo urbano, con una serie de bombardeos indiscrimina-[123]dos y ametrallamientos de civiles en lugares públicos de numerosas ciudades de Kosovo»; no son «atribuibles a ningún bando» y carecen de «motivos criminales o políticos». A esta precisión sucede una enumeración de los conflictos entre policía y UCK, el secuestro de «cinco civiles serbios de edad avanzada» por obra del UCK y la negativa tanto del UCK como del VJ a cumplir las resoluciones del Consejo de Seguridad. Otros cinco paisanos fueron asesinados a resultas del «aumento significativo de la violencia urbana»; tres de ellos, como consecuencia de una bomba colocada junto a una verdulería albanesa. «Se recibieron más noticias que confirmaban que el UCK está actuando como "policía" de la comunidad albanesa, imponiendo castigos a los acusados de colaborar con los serbios», y asimismo que asesinaba o raptaba a supuestos colaboracionistas albaneses y a agentes de seguridad serbios. El «ciclo de estos enfrentamientos puede describirse aproximadamente del siguiente modo»: ataques iniciales del UCK contra la policía y los civiles serbios, «una respuesta desproporcionada de las autoridades de la RFY» y «la actividad renovada del UCK en varios frentes».

Por su parte, en su informe mensual del 17 de marzo, el secretario general de Naciones Unidas recoge que las escaramuzas entre las fuerzas de seguridad serbias y el UCK «prosiguieron a un nivel relativamente inferior», pero los civiles «son cada vez más el principal objetivo de los actos violentos»: asesinatos, ejecuciones sumarias, palizas o secuestros. En cuanto a ACNUR, entre el 20 de enero y el 17 de marzo «tuvo noticias de más de 65 muertes violentas» de civiles albaneses y serbios, e igualmente de varios romaníes. Parece que se trataba de [124] atentados aislados, bien fuera mediante pistoleros o el lanzamiento de granadas contra tiendas y cafés. Entre las víctimas se contaban presuntos colaboracionistas albaneses y «civiles reputados por su capacidad de diálogo y flexibilidad en las relaciones comunitarias». No se interrumpieron los secuestros, dirigidos casi exclusivamente contra serbios y, mayoritariamente, paisanos. La OSCE ofrece una representación similar en su informe del 20 de marzo. En él da fe de los «ataques del UCK contra la policía, sin mediar provocación previa» y del aumento del número de bajas en las filas de las fuerzas de seguridad serbias, así como de «operaciones militares que afectaban a la población civil», «ataques terroristas indiscriminados contra objetivos civiles, sobre todo en las ciudades», «asesinatos no imputables» (en especial, de albaneses) y raptos de civiles albaneses, aparentemente por obra de las «fuerzas de seguridad» del UCK e iniciativa de «un control central». Luego se pasa a relatar los diversos episodios.

El último informe de la OTAN (que cubre del 16 de enero al 22 de marzo) refiere varias docenas de incidentes. Alrededor de la mitad debieron de ser provocados por el UCK, la otra mitad por la policía serbia. Se notician asimismo media docena de acciones de represalia por obra de las fuerzas de seguridad serbias, al igual que varios enfrentamientos con el UCK, que incluyen «ataques violentos del ejército serbio contra los pueblos de los que se tenía la sospecha de que albergaran tropas o centros de mando del UCK». Las bajas se produjeron mayoritariamente entre los militares, y el total estimado es similar al de los meses anteriores.

Para hacernos una idea de la magnitud de estos hechos, el estándar de comparación debería ser el conflicto entre Israel y el Líbano. El ejército israelí, apoyado por los EE.UU., ha emprendido numerosas operaciones militares de gran virulencia y capacidad destructiva en el Líbano, cada vez que sus tropas —que ocupaban el sur del país en contra de las disposiciones del Consejo de Seguridad— o sus mercenarios locales eran atacados por la resistencia libanesa. A lo largo de la década de los noventa, la situación no ha [125] sido mejor que la de los años precedentes, y las represalias que han arrostrado los libaneses superan de lejos las que han perpetrado las fuerzas de seguridad yugoslavas en un territorio que, según el criterio inflexible de la OTAN, pertenece a la RFY.

En Kosovo, como se habrá podido ver, no hay noticias que demuestren ninguna transformación significativa desde la ruptura de la tregua, en diciembre de 1998, y la decisión de bombardear Yugoslavia, hecha pública el 22 de marzo de 1999. Es indisputable que, incluso si pusiéramos a un lado la masacre de Racak, aparentemente aislada, las autoridades y las fuerzas de seguridad de la RFY fueron responsables de crímenes muy graves. Pero su estudio desprovee por completo de crédito a la afirmación estándar de que esos crímenes motivaron los bombardeos: frente a atrocidades comparables, y otras mucho peores, cometidas durante el mismo periodo, los EE.UU. y sus aliados optaron por no reaccionar, o —lo que es más ilustrativo— mantuvieron o incluso reforzaron su respaldo a los criminales. No será necesario mencionar muchos ejemplos: el caso de Timor Oriental, contemporáneo al de Kosovo, es el más evidente, pero no el único.
La masacre de Racak era el acontecimiento que esperaban los partidarios del bombardeo, y se arrojaron sobre ella. La secretaria de Estado, Madeleine Albright, llamó al Consejero de Seguridad Nacional, Sandy Berger, para indicarle que «la primavera ha llegado a Kosovo con antelación»; lo más probable es que se refiriera a la ofensiva de primavera que, como se indicó más arriba, el UCK «contaba a todo el que quisiera escucharles». En un artículo dedicado a reconstruir «la historia de la crisis», el corresponsal del Washington Post Barton Gellman postuló que «Racak ha metamorfoseado la política de Occidente en los Balcanes con una intensidad poco habitual en un hecho aislado». Esta fue «la última de las barbaridades», la que «pone el motor en marcha», según reza el titular. Se ha comentado que Albright se sintió «terriblemente dolida por la masacre», aunque, de ser verdad, no se me ocurre un insulto peor, visto como reacciona la secretaria de Estado ante otras [126] masacres en las que ha puesto todo su empeño; lo mismo cabe decir de otros que tienen diferentes varas de medir, según participen o no en la responsabilidad de las matanzas. 

Al parecer, Albright se apercibió al instante de que Racak tiene que «hacernos abrir los ojos, sin duda alguna, y debemos activar a los aliados con la máxima celeridad»; «en seguida comprendió que podía utilizarse esa matanza de forma muy efectiva, para promover una respuesta internacional más decidida» contra Milosevic. Así pues, se borraron de la agenda tanto las posibles dudas sobre lo que hubiera pasado en realidad como la conciencia de que el UCK provocaba este tipo de represalias —incluida la propia masacre de Racak— para lograr la intervención de la OTAN. 

Solo tengo noticias de otro informe redactado por fuentes oficiales de algún país occidental: unos documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán y de varios tribunales del país. 
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El 12 de enero de 1999, los servicios de inteligencia del citado ministerio alemán dieron parte de que «ni siquiera en Kosovo es posible verificar que exista una persecución política expresa de las personas de etnia albanesa. La región oriental de Kosovo, por ejemplo, está libre de conflictos armados. Asimismo, la vida pública de ciudades como Pristina, Urosevac, Gnjilane, etc., ha podido continuar a un ritmo relativamente normal durante todo el conflicto.» La «actividad de las fuerzas de seguridad [serbias] no se dirigía contra los albanokosovares en tanto que etnia diferenciada, sino contra el enemigo militar y sus partidarios, reales o presuntos».

El 4 de febrero, el tribunal administrativo alemán encargado de revisar las peticiones de asilo sentenció que, entre mayo y julio de 1998, las noticias del Ministerio de Asuntos Exteriores «no permiten concluir que exista una persecución colectiva de la población kosovar de etnia albanesa ... Las acciones violentas que, desde febrero de 1998, llevan a cabo el ejército y los policías yugoslavos se dirigían contra las iniciativas de los separatistas y no demuestran que se persiga al grupo étnico albanokosovar, ni en la provincia ni en parte de ella.» Se trataba, más bien, de «un ataque selectivo contra el movimiento militar clandestino (especialmente, contra el UCK) y las personas que estaban en contacto con él en las zonas operativas ... No existe, ni ha existido hasta el momento, ninguna persecución programada por el estado en contra de la etnia albanesa».

Basándose en los informes periódicos del Ministerio de Asuntos Exteriores, una sentencia de 24 de febrero del Tribunal Superior Administrativo de Münster concluye que «se ha logrado evitar la tan temida catástrofe humanitaria, que amenazaba a la población albanesa», después de «la distensión de los combates, debido al acuerdo que se alcanzó juntamente con los líderes serbios a finales de 1998 ... Desde esa fecha, tanto la seguridad como las condiciones de vida de la población de origen albanés han mejorado ostensiblemente ... En lo que atañe específicamente a las grandes ciudades, la vida ha vuelto a una relativa normalidad». El tribunal [128] consideró que «no existen pruebas suficientes que demuestren la existencia de un plan secreto, ni tampoco de un consenso tácito en el bando serbio, para eliminar a la población albanokosovar, expulsarla de la provincia o perseguirla con la severidad que se ha descrito hasta el momento... Los hechos posteriores a febrero y marzo de 1998 no ponen de manifiesto ninguna persecución programática de la etnia albanesa. Las medidas adoptadas por las fuerzas armadas de Serbia están encaminadas a combatir al UCK y sus presuntos miembros o partidarios».

El 11 de marzo, el mismo tribunal falló que «la población kosovar de etnia albanesa no está, ni ha estado expuesta, a una persecución colectiva por parte de la RFY, ni en el ámbito provincial ni en el nacional». El 15 de marzo, los servicios secretos informaron de que «como se indicó en el informe del pasado 18 de noviembre de 1998, el UCK ha recuperado sus posiciones desde la retirada parcial de las fuerzas de seguridad [serbias], ocurrida en octubre de 1998, de modo que vuelve a controlar grandes extensiones de la zona conflictiva. Antes de la primavera de 1999, todavía se producían enfrentamientos entre el UCK y las fuerzas de seguridad, pero por el momento no han alcanzado la intensidad de los combates de la primavera y el verano de 1998».

Las fuentes documentales disponibles, por tanto, coinciden en señalar que, antes de los bombardeos, e incluso después de la retirada de la CSK, la situación se mantuvo estable, dentro de un orden; hubo movimientos del UCK (en los cuales es probable que estuviera implicada la CIA), destinados a provocar una respuesta serbia violenta y, a poder ser, desproporcionada. La estrategia tuvo éxito casi siempre, y las represalias serbias fueron utilizadas con afán por los partidarios del bombardeo, en su intento de incorporar a sus filas a la opinión pública internacional.

La expulsión masiva de kosovares se inició inmediatamente después del 24 de marzo. El 27, por ejemplo, ACNUR informó de que 4.000 personas habían abandonado Kosovo, y el 1 de abril, el [129] flujo de refugiados era de tal magnitud que ACNUR empezó a proporcionar estimaciones diarias; el 5 de abril, comenzó a desarrollar su Programa de Evacuación Humanitaria. Entre la última semana de marzo y el final de la guerra, en junio, «las fuerzas de la RFY y de Serbia deportaron o expulsaron de Kosovo por la fuerza a unos 863.000 albanokosovares», según la OSCE; además, muchos otros resultaron desplazados, tras huir a otras poblaciones de la provincia; y fueron también numerosos los serbios y romaníes que se vieron obligados a abandonar su tierra.

David Binder, ex corresponsal del New York Times en los Balcanes, llama la atención sobre un «hecho curioso», del que se da fe en este informe de la OSCE: durante los bombardeos, huyó de Kosovo el 46 por 100 de la población albanesa, junto con el 60 por 100 de la serbia o montenegrina. Así pues, «porcentualmente, el bombardeo desplazó a más serbios, los cuales, además, luego no regresaron a Kosovo». Les han seguido muchos otros residentes de etnia no albanesa, ante la mirada de unas fuerzas de ocupación de la OTAN que «han superado de lejos todos los registros de limpieza étnica en los Balcanes». 

Los EE.UU. y el Reino Unido estuvieron planificando el bombardeo durante tantos meses, que cuesta creer que no hubieran previsto todas estas consecuencias. A principios de marzo, el primer ministro italiano, Massimo D'Alema, advirtió a Clinton del enorme flujo de refugiados que seguiría al bombardeo: Sandy Berger, el Consejero de Seguridad Nacional, respondió que, en tal caso, «la OTAN no cejará en su intento» y provocará unos resultados todavía más terribles. Los servicios de inteligencia de los EE.UU. también pusieron sobre aviso: se avecinaba, «prácticamente, una "explosión" de refugiados», al igual que una campaña de limpieza étnica, lo cual convergía con las predicciones de otros observadores europeos. 
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Al comenzar la campaña de bombardeos, el estadounidense Wesley Clark, comandante general de la OTAN, informó a la prensa de que, entre las consecuencias «plenamente predecibles» del ataque, se encontraba una intensificación del terrorismo serbio. Poco después, insistió en que «las autoridades militares eran conscientes de que Milosevic respondería con una venganza cruel y la ejecutaría con una eficacia terrorífica». Algunas semanas más tarde, precisó que las operaciones militares de la OTAN, diseñadas por «los líderes políticos ..., no pretendían evitar la limpieza étnica por parte de los serbios. Y no pretendían, tampoco, combatir a las fuerzas serbias y del MUP [unidades especiales de la policía nacional] destacadas en Kosovo. De ningún modo. Ese nunca fue nuestro objetivo. No se trataba de eso». Como se vio en el capítulo 1, Clark también hizo público que no «se le había hecho partícipe» del supuesto plan serbio de deportación forzosa de los kosovares (la «Operación Herradura»), que habían sacado a la plaza los alemanes después de que los serbios contestaran los bombardeos con una serie de desmanes demostrables. Desde entonces, se ha convertido en un clásico de la argumentación, a pesar de que no se han disipado las dudas sobre su origen. 

La agencia encargada de velar por los refugiados es ACNUR. «Al terminar la guerra, el primer ministro británico, Tony Blair, llamó a capítulo a la agencia, para que explicara las razones de su deficiente actuación.»  No hay duda de que la obra de ACNUR habría resultado menos «deficiente» si las grandes potencias no hubieran recortado sus fondos; debido a estos recortes, ACNUR tuvo que despedir a más del 15 por 100 de su personal en 1998. En oc-[131]tubre, mientras se estaban planificando los bombardeos, ACNUR ya había anunciado que, en enero del año siguiente, se vería obligada a poner en la calle al 20 por 100 del personal restante: la «nueva generación» había rebajado hasta ese punto sus presupuestos. 

En suma, se retiró a los observadores de la CSK y se dio comienzo a una campaña de bombardeos de la que esperaban —como así fue— que derivara en un incremento brutal de las operaciones de venganza y limpieza étnica, que ni siquiera podría ser paliado por la organización responsable de la atención a los refugiados, a causa de sus graves problemas financieros. Y con la teoría de la justificación retroactiva, se suele considerar hoy que los desmanes abominables que siguieron al bombardeo son «suficientes para justificar» este ataque.

La responsabilidad de un crimen gravita, en primera instancia, sobre quienes lo cometen; pero a quien los incite y haya previsto las consecuencias incumbe también una responsabilidad secundaria (que se acrecienta si se actúa para agravar el sufrimiento de las víctimas). No hay muchos argumentos de peso que puedan incitar justamente a cometer un crimen; la única posibilidad al respecto sería postular que las atrocidades hubieran sido mucho mayores en caso de no tomarse la iniciativa. Pero esta pretensión —una de las más llamativas en la historia de la apología de la violencia estatal— exige, evidentemente, la presentación de pruebas numerosas e irrefutables. En lo que atañe a Kosovo, no se han presentado; y ni siquiera parece haberse reconocido su necesidad, o comprendido el tremendo alcance de esta teoría. 

Supongamos, a pesar de todo, que el argumento es válido. Pero dada la magnitud de las demasías derivadas de los bombardeos, pierde casi todo su peso; si los padecimientos de los albanokosova-[132]res no hubieran sido tan terribles como fueron, la decisión de bombardear la RFY podría contar con la justificación de que se han evitado atrocidades mayores. Al tiempo que se incrementa la escala de los crímenes resultantes, se reduce la fuerza del argumento. Resulta curioso, entonces, que los partidarios de las bombas intenten trasladar por todos los medios la descripción más escalofriante de unos crímenes en los que han contraído una parte de responsabilidad; se diría que la opción contraria es más lógica. Entiendo que esta paradoja es un reflejo de la exitosa inculcación de la idea de que los crímenes que el ataque aéreo de la OTAN indujo a perpetrar suponen una justificación retroactiva de este.

No es el único logro de la propaganda doctrinal, que también ha conseguido abrir un debate sobre los supuestos «dobles raseros» de la OTAN y la «incoherencia» que pone de relieve el hecho de que «aparte la vista» de otras crisis humanitarias, de que «hiciera poco» para evitarlas, o de que «permitiera» esos desmanes y «no fueran capaces de proteger» a las víctimas. Al entrar en el debate, se acepta que la OTAN intervino en Kosovo por razones humanitarias; y eso es lo que se busca. Porque lo cierto es que la administración de Clinton no «permitió» las atrocidades de Turquía, Timor Oriental, Colombia y tantos otros países, ni «apartó la vista» de ellas, sino que, junto con sus aliados, las agravó, frecuentemente de forma decidida y decisiva. Esto sí que es lo que se obstinan en no ver los que comparten la responsabilidad de esos crímenes y prefieren presentarlos de otro modo.

El triunfo del sistema propagandístico ha sido casi total, puesto que es muy raro que sus ideas se acepten hasta el extremo de convertirse en los puntos de partida del debate. Ahora se añadirán a «lo que hemos aprendido», para continuar disfrazando los ejercicios futuros con falsas intenciones humanitarias.

El principio de la justificación retroactiva es tan absurdo que se ha hecho necesario añadir alguna otra excusa. A este respecto, una de las estrategias típicas pretende que «Serbia asaltó Kosovo con [133] miras a aniquilar al movimiento separatista albanés, las guerrillas del UCK, pero en el intento mató a 10.000 civiles, y 700.000 refugiados buscaron amparo en Macedonia y Albania. La OTAN decidió atacar a Serbia con sus bombarderos, para proteger a los albaneses de las operaciones de limpieza étnica, [pero] mató a cientos de civiles serbios y provocó el éxodo de decenas de miles de residentes, que abandonaron las ciudades».  Si este hubiera sido el orden real de los acontecimientos, el bombardeo podría llegar a tener una lógica; pero, como se ha visto y documentado anteriormente, el orden real fue el inverso. Se trata de un ardid habitual en los medios, pero que tampoco falta entre los historiadores.

Esta reescritura de los hechos ha sido uno de los recursos más típicos. En una muestra temprana de la versión estándar, Thomas Friedman, un politólogo del NYT especializado en asuntos exteriores, resumió sus consideraciones al finalizar la guerra: «Cuando empezó el desalojo forzoso de los refugiados, hubiera sido injusto ignorar a Kosovo ... la única solución sensata consistía en emprender una guerra aérea en gran escala contra objetivos seleccionados».  El desalojo de los refugiados, sin embargo, fue posterior a la «guerra aérea en gran escala», como se ha indicado repetidamente. La misma estrategia, una y otra vez, pero es comprensible: sin ella, sería ciertamente difícil justificar la violencia estatal.

En otra de las justificaciones retroactivas repetidas con frecuencia se alude que, gracias al uso de la fuerza, los albanokosovares pudieron regresar a sus casas. «Occidente puede sentirse orgulloso de su papel: ha puesto fin al terrorismo y las expulsiones masivas en Kosovo», según los editores del New York Times. También el antiguo secretario general de la OTAN, Javier Solana, analizó el éxito abrumador de la guerra que se había emprendido durante su cargo, y escribió que
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Al no sufrir bajas entre sus filas, la OTAN ha vencido. Se ha evitado un desastre humanitario. Cerca de un millón de refugiados han podido retornar a sus casas con toda seguridad. Se ha terminado con la limpieza étnica.

No son pocos galones, siempre que no los contrastemos con el orden real de los hechos. Quizá, en la misma línea de razonamiento, hubiera sido preferible la alternativa —absurda, sin lugar a dudas, pero algo menos que la política que se adoptó—- de convencer a los albanokosovares de que empaqueten los bártulos y abandonen sus casas en paz, y luego se bombardea Yugoslavia, para asegurarse de que puedan volver: habrían sufrido muchos menos padecimientos que los que aguantaron mientras eran expulsados bajo las bombas de la OTAN.

Otra justificación retroactiva habitual refiere que, con anterioridad a los bombardeos, se había puesto en marcha una campaña de limpieza étnica. Recuérdese la versión oficial de la administración de Clinton, repetida por ejemplo en enero de 2000: el 21 de marzo, un día después de que se retiraran los inspectores de la Comisión de Supervisores de Kosovo (CSK), las fuerzas serbias «lanzaron una importante ofensiva ... denominada "Operación Herradura"». Con alguna variante, insiste en ello Marc Weller, profesor de Derecho en la Universidad de Cambridge, en el prefacio a su recopilación de documentos sobre Kosovo: si bien reconoce que los bombardeos de la OTAN, por los cuales había abogado resueltamente, entran en contradicción con la legislación internacional, entiende que pueden justificarse por el (pretendido) «derecho de intervención humanitaria». Este derecho se basa en la presuposición de que la negativa de la RFY «a aceptar un acuerdo muy elaborado sobre la cuestión de Kosovo [el ultimátum de Rambouillet] provocaría una emergencia humanitaria de terribles proporciones». Weller entiende, sin embargo, que los hechos «descargaron a la OTAN de la necesidad de definirse sobre esta posibilidad», puesto que se dio «comienzo a [135] una campaña masiva de deportaciones forzosas, planeada con antelación, que, en la fecha en que comenzaron los bombardeos, parecía que iba a afectar a toda la población albanesa de Kosovo». 

Como se ha visto, esta lógica falla por dos puntos. En primer lugar, las fuentes documentales no demuestran que su afirmación central sea cierta. De hecho, demuestran que es falsa, dado que no se han encontrado más que pruebas insuficientes, a pesar de haber destinado a esta tarea una variedad de medios sin precedentes; ello incluye tanto los informes del gobierno de los EE.UU. —concebidos, en teoría, como la justificación definitiva— como la recopilación de Weller, por ejemplo. En segundo lugar, la lógica más sencilla indica que, aun si posteriormente se hubieran descubierto pruebas suficientes de una deportación previa a los bombardeos, estas no bastarían para justificar una decisión anterior a ellas. Y, fuera corno fuese, aunque no haya ningún motivo imaginable para que las pruebas de una expulsión conocida antes de los bombardeos no consten en ninguna de las numerosas fuentes documentales, hubiera sido preferible tolerar una expulsión forzosa pero pacífica y, una vez terminada, bombardear Yugoslavia para garantizar el regreso de los desplazados (lo cual es absurdo, pero menos que la decisión que se tomó). En tercer lugar, el comandante Wesley Clark ha negado que la OTAN pretendiera evitar una limpieza étnica que le parecía un corolario «plenamente predecible» de los bombardeos entonces recién iniciados; y tampoco estaba al corriente de los supuestos planes de la «Operación Herradura». En cuarto lugar, aun si los serbios hubieran lanzado «una importante ofensiva» después de la retirada de la CSK (que, recordemos, preparaba el terreno para los ataques aéreos), ello no podría justificar esta clase de decisiones de la OTAN. Los hechos documentados hablan por sí mismos: todas estas variantes de la apología de la guerra no son más que un intento desesperado por justificarla.
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¿Qué otras opciones podían haberse seguido en marzo de 1999? Naturalmente, a quien correspondería aportar pruebas irrefutables es a quien defiende la violencia estatal; y, aunque es una tarea delicada, ni siquiera se ha abordado en serio. Pero dejémoslo de lado, una vez más, y analicemos qué opciones se presentaban.
Entre las primeras cuestiones que debemos determinar se destaca una sobre la que llamó la atención el periodista Eric Rouleau: saber si «las atrocidades serbias habían alcanzado un grado tan elevado que el único camino para evitar el genocidio de los kosovares pasaba por destruir los puentes diplomáticos». Rouleau comentó que «la OSCE se ha negado repetidamente a dar a la luz pública el informe [que realizaron los supervisores de la CSK entre noviembre de 1998 y la fecha de su retirada], lo cual contribuye a reforzar las dudas sobre la verdad de esa afirmación».  Como se ha indicado más arriba, las acusaciones del Departamento de Estado y el Tribunal de Crímenes de Guerra no contienen pruebas que demuestren que, de otro modo, la situación era insalvable; y ello no carece de importancia, puesto que ambos las buscaron con insistencia. ¿Qué cabe decir respecto del informe de la OSCE, que finalmente se accedió a publicar? Como se habrá podido ver, este análisis no solo no refuerza las alegaciones de la OTAN, sino que se ocupa muy someramente de un periodo tan crucial. Sus referencias, en cualquier caso, confirman el testimonio de Jacques Prod'homme, un observador francés integrado en la CSK; Rouleau reproduce su explicación con las siguientes palabras: «Durante el mes previo a la guerra se pudo mover con libertad por toda la región de Pec, pero ni él ni sus compañeros observaron nada parecido a una persecución sistemática, ya fuera mediante asesinatos colectivos o individuales, el incendio de las casas o la deportación de sus habitantes.» El informe de la OSCE, por tanto, omite numerosos datos relevantes que habían sido recogidos por los observadores de la CSK y otras comisio-[137]nes. Y aún habrá quien lo considere una evidencia de la necesidad de los bombardeos.

Así pues, la afirmación principal continúa sin demostrarse, aunque esté en el centro de la argumentación de la OTAN; lo han de reconocer incluso los partidarios más acérrimos del bombardeo, como Marc Weller. Permítanme insistir una vez más en que los que defienden la necesidad de recurrir a la fuerza tienen que demostrar sus postulados con toda serie de detalles. En este caso, la discrepancia entre las evidencias requeridas y las ofrecidas es tan notable, que quizá deberíamos hablar más bien de «contradicción», sobre todo si tenemos en cuenta unas declaraciones tan pertinentes como las del comandante militar de las operaciones.

Imaginemos que los observadores internacionales no hubieran tenido que abandonar Kosovo como antesala del bombardeo, y que se hubiera continuado con las negociaciones diplomáticas. ¿Es plausible? ¿Habría derivado en un resultado mejor o peor? Nunca lo sabremos con certeza, porque la OTAN se negó a considerar esta posibilidad; pero sí podemos repasar los documentos y preguntarnos hacia dónde apuntan.

El equipo de supervisores de la CSK, ¿podía permanecer en Kosovo y, preferiblemente, con más medios a su disposición? Se diría que sí; la retirada fue reprobada de inmediato por la Asamblea Nacional de Serbia. No se han dado a la luz indicios vehementes de que la escalada de las atrocidades que, según se dijo, siguió a la salida de la CSK se hubiera podido producir si la comisión permanecía en el terreno; y menos todavía en lo que respecta a la gravedad de las represalias que, como consecuencia anunciada, vinieron tras los bombardeos. La OTAN tampoco puso demasiado afán en agotar los medios pacíficos; antes de los bombardeos, ni siquiera recurrió al embargo de los suministros petrolíferos, por ejemplo, que es el elemento primario de cualquier intento serio de sanción.

La duda fundamental, sin embargo, atañe a las soluciones diplomáticas. La víspera del bombardeo había dos propuestas sobre [138] la mesa. Una de ellas, el acuerdo de Rambouillet, fue transmitida a Serbia bajo la forma de un ultimátum; Serbia respondió con un «segundo anteproyecto de acuerdo», de fecha 15 de marzo, y con una resolución de la Asamblea Nacional, del 23 de marzo.  Si de verdad se buscaba, como objetivo primordial, la protección de los kosovares, también podían haberse recuperado otras opciones; por ejemplo, la propuesta que realizó entre 1992 y 1993 Dobrica Cosic, presidente serbio de Yugoslavia: Kosovo podía ser dividido y separarse de Serbia con la salvedad de «determinados enclaves serbios».  En aquel momento, la propuesta fue rechazada por Ibrahim Rugova, jefe del gobierno paralelo de la República de Kosovo, que había declarado su independencia; pero bajo unas circunstancias diferentes y a principios de 1999, la idea podía haber servido como punto de partida de nuevas negociaciones. 
Atengámonos, sin embargo, a las dos posiciones oficiales de finales de marzo: el ultimátum de Rambouillet y la resolución del parlamento serbio.

Es importante señalar que el contenido de las dos propuestas no llegó al conocimiento público, con la excepción de los escasos lectores de los medios disidentes. Como se verá, no es una decisión irrelevante.

La resolución de la Asamblea Nacional de Serbia se ha mantenido prácticamente en secreto, a pesar de que las agencias de noticias dieron fe de su existencia con toda celeridad. Casi no se la menciona, y menos todavía su contenido. Pues bien, la resolución condenaba la retirada de los observadores de la CSK y pedía a Naciones Unidas y la OSCE que colaboraran en la obtención de un acuerdo diplomático mediante negociaciones «destinadas a alcanzar un acuerdo político» centrado en tres puntos: «que [Kosovo] [139] goce de una importante autonomía, se asegure la igualdad plena de todos los ciudadanos y comunidades étnicas, y se respete la soberanía y la integridad territorial de la República de Serbia y la República Federal de Yugoslavia». Dejaba la puerta abierta a una «presencia internacional» cuyas «características y magnitud» debían precisarse, y que llevaría a término «el pacto político de autogobierno que acuerden y acepten los representantes políticos de todas las comunidades presentes en [Kosovo]». La RFY se mostró dispuesta a «negociar las características y la magnitud de una misión internacional desplazada a Kosovo para asegurar el cumplimiento de los acuerdos que se han de firmar en Rambouillet»; así se lo comunicó a los negociadores el 23 de marzo y, el mismo día, lo hizo público en una conferencia de prensa.  No podemos, ni podremos saber si estos ofrecimientos eran sinceros o no, puesto que no se los tomó en consideración.

Resulta aún más llamativo que el ultimátum de Rambouillet —al que todo el mundo se refiere como la propuesta de paz— tampoco se hiciera público, sobre todo en lo que respecta a varias disposiciones «añadidas en la última fase de las negociaciones, que otorgaban a la OTAN la facultad de operar libremente en toda Yugoslavia» (Barry Posen). Según MccGwire, se trataba de una «cláusula bomba», que implicaba «renunciar a la soberanía, lo cual era claramente inaceptable» y exigía a Milosevic —en palabras de lord Carrington, antiguo secretario general de la OTAN y en ese momento presidente de la Conferencia de Paz de La Haya para Yugoslavia— que «permitiera a la OTAN utilizar el territorio serbio como si Serbia estuviera integrada en la organización».  Aunque [140] no se ha aclarado por completo la cuestión, parece que estas disposiciones se introdujeron después de que Serbia hubiera aceptado en lo fundamental las condiciones políticas, aun cuando aquellas aseguraban que Serbia rehusaría firmar el texto conjunto. La «cláusula bomba» que mencionan lord Carrington y varios comentaristas políticos se encuentra en los apéndices relativos a la implantación de los acuerdos, y concede a la OTAN el derecho «de acceder, con libertad y sin restricciones, a todo el territorio de la RFY, así como de utilizar su espacio aéreo y sus aguas territoriales»; todo sin limitaciones de ningún orden, sin obligaciones, sin respeto a las leyes del país o la jurisdicción de sus autoridades, a quienes, a pesar de ello, se exige que cumplan las órdenes de la OTAN «de forma prioritaria y con todos los medios pertinentes» (Apéndice B).
Según recoge Robert Fisk, este anejo fue cuidadosamente mantenido en secreto, sin revelarlo a los periodistas que cubrían las conversaciones de París y Rambouillet. «Los serbios afirman que lo denunciaron en su última conferencia de prensa en París: un encuentro con muy poca asistencia, celebrado en la embajada yugoslava a las 11 de la noche del 18 de marzo». A todo ello, los disidentes serbios que tomaban parte en las negociaciones responden que no se les puso al cabo de estas condiciones hasta el último día de las conversaciones de París, y que los rusos no las conocían. El apéndice tampoco se expuso en la Cámara de los Comunes hasta el 1 de abril, el primer día de suspensión de las sesiones del Parlamento Británico y una semana después de que se iniciaran los bombardeos. 

En las negociaciones posteriores, comenzada ya la campaña aérea, la OTAN abandonó por completo estas y otras tantas pretensiones a las que Serbia se había mostrado siempre contraria; tampoco hay señal de ellas en los acuerdos definitivos de paz. Fisk se pregun-[141]ta: «¿Cuál era la intención real de la OTAN al realizar estas peticiones de última hora? ¿Colocar un caballo de Troya ante las murallas de Yugoslavia? ¿Para qué, para salvar la paz, o quizá para sabotear el proceso?» Sea cual sea la respuesta, si la delegación de la OTAN hubiera sentido una inquietud sincera por el destino de los albano-kosovares, habría aceptado retirar las exigencias más provocativas —y a todas luces improcedentes— de la OTAN, para no cerrar el camino diplomático; y se hubiera ampliado la Comisión de Supervisores, en lugar de liquidarla.

En su intento de reconstruir el razonamiento de la OTAN, MccGwire llega a la conclusión de que «los datos de que disponemos confirman la impresión general de que la conferencia de Rambouillet fue un fracaso amañado», no solo por la mencionada «cláusula bomba», sino también por «la ausencia deliberada de cualquier referencia a Naciones Unidas, y la insistencia en que la operación se desarrollaría exclusivamente bajo los auspicios de la OTAN, dirigida por la OTAN con personal de la OTAN». El destino de las exigencias del apéndice es muy ilustrativo: fueron dejadas de lado tanto en los acuerdos de paz de junio como en la resolución de Naciones Unidas que los confirmaba; al menos, formalmente, a pesar de que los EE.UU. hicieron saber sin dilación que pensaban hacer caso omiso de los documentos que habían firmado y reinstalar los términos de la conferencia de Rambouillet, aun cuando habían sido oficialmente descartados.

Más tarde se alegó que la «cláusula bomba» entró «en el borrador por equivocación» y que no debía tomarse al pie de la letra. Pero, de ser así, comenta MccGwire, «nada más fácil que corregir el error, de modo que parece razonable suponer que estas condiciones evidentemente inaceptables se incluyeron con toda la intención». Esta conclusión parece confirmada por las declaraciones de lord Gilbert, el ministro de Defensa británico (que desempeñaba un papel muy importante durante la guerra, solo superado por el secretario de Defensa de los EE.UU.) y máximo responsable de los [142] servicios de inteligencia. En una sesión del Comité Especial de Defensa, «lord Gilbert afirmó que las potencias aliadas obligaron a Slobodan Milosevic a entrar en la guerra»: en sus palabras, «creo que, en ese momento, había varios miembros de la OTAN empeñados en provocar una guerra... Entiendo que los términos impuestos a Milosevic en Rambouillet eran del todo intolerables. ¿Cómo iba a aceptarlos? Fue una decisión deliberada». MccGwire apunta a la posibilidad de que se creyera «necesario demostrar que la Alianza había sido y continuaba siendo imprescindible, justo cuando cumplía su quincuagésimo aniversario; se pretendía aprovechar asimismo la oportunidad de la crisis de Kosovo para defender el derecho de la OTAN a actuar fuera de su zona de influencia y sin el mandato específico de Naciones Unidas», una «oportunidad» que, justo en esas mismas fechas, había sido denunciada por los países ajenos a la que se ha arrogado el nombre de «comunidad internacional». Un motivo adicional, según sugiere MccGwire, era el «ansia de castigar y humillar a Milosevic por su obstinación». Todas estas consideraciones se amparan en la interpretación doctrinal de la voluntad de «reforzar la credibilidad de la OTAN», como ya se ha visto.  En su sentido doctrinario, la «credibilidad de la OTAN» significa «credibilidad de los EE.UU.». Durante el proceso previo a los bombardeos, «el hecho de que Washington prefiriera la fuerza» y, en particular, el constante «desnudar la espada» de Albright habían irritado a otros países de la OTAN, aun cuando «los delegados de los EE.UU. se mantuvieron firmes en la línea más dura».  MccGwire también analiza la preferencia de los EE.UU. por la «solución» de la OTAN, y no la de la OSCE, que subordinaba el uso de la fuerza a las [143] negociaciones diplomáticas; la función de Europa se reduce al mínimo cuando las confrontaciones pasan al terreno de la violencia, en el cual los EE.UU. reinan sin competencia, acompañados solo del socio británico. «Los EE.UU. no consideraban aceptable» ni el enfoque diplomático ni el recurso a una fuerza «menos amenazadora», según MccGwire; ello obedece, por un lado, a su aversión por el multilateralismo y sus relaciones hostiles con la ONU; por otro lado, a su «determinación de impedir el surgimiento de una estructura de seguridad alternativa, de alcance europeo, que pudiera contrariar su autoridad». El objetivo de Washington era «demostrar que la OTAN no había perdido nada de su utilidad ni de su potencial futuro», a base de «exhibir la musculatura» y, con ello, su poderío político. MccGwire comenta que, en lugar de aprovechar constructivamente los avances logrados, se optó por el castigo, y «aunque a largo plazo había una meta fundamental, como era la de evitar una guerra civil, tuvo que ceder el protagonismo al requerimiento inmediato de reforzar la credibilidad de la OTAN, castigando a Milosevic por mostrarse en desacuerdo con sus exigencias». Podría añadirse que se trata de una nueva advertencia a «los que generan desorden en el mundo». 

Cuando se ha preguntado por qué se añadieron al ultimátum de Rambouillet la «cláusula bomba» y otras pretensiones desorbitadas, los directores de las delegaciones diplomáticas del Reino Unido y los EE.UU. han respondido que, por su parte, estaban dispuestos a renunciar a estas disposiciones, pero que los serbios se negaron. Resulta una afirmación poco creíble; de ser así, ¿por qué razón no se hizo público al momento? Este pretexto tampoco aclara el hecho de que la propia OTAN reconociera después que las exigencias denunciadas por los críticos como «claramente inaceptables» eran en realidad innecesarias, y abandonara su defensa poco después de que comenzaran los bombardeos.
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Algunos apologistas señeros de los ataques aéreos han expresado puntos de vista parecidos. Uno de los ejemplos más destacados es el comentario de Marc Weller sobre Rambouillet.  Weller pone en berlina las «ideas extravagantes» que se han podido escuchar respecto de los apéndices del acuerdo, que regulaban su implantación; según él, fueron «publicados junto con los acuerdos», en referencia al borrador del 23 de febrero. Quizá el diccionario le ampare en el sentido que da a «publicar», pero su observación no da en el blanco: no hay duda de que se trataba de unas condiciones importantes y, por ende, es necesario explicar porqué los periodistas de renombre que cubrían las conversaciones de Rambouillet y París no estaban al corriente de ellas; y lo mismo cabe decir, según parece, del Parlamento británico. El «famoso Apéndice B», según Weller, otorgaba «a la KFOR [las fuerzas de ocupación de la OTAN, entonces en proyecto] el estatus habitual de las fuerzas de la OTAN». MccGwire contraviene esta tesis, afirmando que «es cierto, pero no aplicable. Era necesario determinar el territorio en el que se iban a aplicar esas normas y, según los procedimientos de Naciones Unidas, el apéndice debería haberse referido exclusivamente a Kosovo, y no a toda la República Federal.»  De hecho, así sucedió, con el consentimiento de la OTAN, quien abandonó sus exigencias después de iniciarse la campaña aérea y admitió que no eran en absoluto necesarias para las fuerzas que entraron en Kosovo en junio de 1999 (aun cuando este contingente fue muy superior a lo tratado en Rambouillet y, por tanto, la cuestión de su estatus era todavía más relevante). Tampoco existe una explicación satisfactoria de la respuesta de la RFY al borrador de acuerdo del 23 de febrero. La réplica de la RFY, fechada el 15 de marzo, lo revisa minuciosamente, sección a sección, y propone numerosos cambios y supresiones, [145] pero no incluye la más mínima referencia a los apéndices; sin embargo, la definición de cómo llevar a término los acuerdos era con mucho, según Weller, el epígrafe más importante, y además era el tema central de las negociaciones de París, por entonces en marcha. En consecuencia, no se puede contemplar esta teoría sino con escepticismo. Por el momento, todas estas cuestiones, a pesar de su significación, continúan entre sombras.

Los documentos podían haber estado a la disposición de los medios, pero estos no mostraron un excesivo interés. En los EE.UU., la primera referencia a la pretensión exagerada (e improcedente) de que la OTAN tuviera libertad para ocupar la RFY no apareció hasta un comunicado del 26 de abril, como respuesta a una pregunta, pero la cuestión no tuvo continuidad ni se le prestó más atención. En cambio, cuando la información ya carecía de valor para decantar las decisiones libres y democráticas del público, se comenzó a cubrir con todo lujo de detalles: justo cuando se anunciaron los acuerdos de paz del 3 de junio, la prensa incluyó los pasajes cruciales del ultimátum de Rambouillet, planteado como un «lo tomas o lo dejas», e indicó que se exigía «que un contingente compuesto solo por tropas de la OTAN dispusiera de licencia para acceder a todas las zonas de Yugoslavia, sin tener que someterse a ningún tipo de proceso legal» y que «las tropas, dirigidas por la OTAN, debían tener acceso libre a todo el territorio yugoslavo, y no únicamente a Kosovo». 

Durante los 78 días de bombardeo, continuaron las negociaciones; los compromisos serbios eran presentados en los EE.UU. bien como un intento de engaño, bien como una rendición debida a las bombas. El acuerdo de paz del 3 de junio reflejó finalmente una postura intermedia, después de que ambas partes cedieran [146] respecto de sus posturas de finales de marzo y la OTAN abandonara sus exigencias más radicales (incluyendo tanto las que, al parecer, habían roto las conversaciones en el último minuto, como las frases que exhortaban a celebrar un referéndum de independencia). Serbia aceptó «la presencia de fuerzas de seguridad internacionales, con una participación sustancial de la OTAN»; esta es la única referencia expresa a la OTAN del acuerdo de paz y la resolución 1244 del Consejo de Seguridad, que lo confirma. Como se ha indicado más arriba, la OTAN no tenía la más mínima intención de cumplir lo firmado en cuatro papelucos de nada, y se dispuso a violarlos de inmediato, ocupando Kosovo con sus fuerzas militares y castigando a Rusia y Serbia por pretender engañar al mundo (al reclamar que se cumpliera lo pactado), hasta el punto de que se reiniciaron los bombardeos, para meter a ambos países en cintura. Los medios de comunicación y la mayoría de comentaristas tomaron sus puestos con una eficacia casi perfecta, como a lo largo de tantos años. Y, al igual que en tantos otros casos, la cuestión ha desaparecido de la historia, como suele suceder cuando el país más poderoso del mundo decide desatender una trivialidad tan nimia como el hecho de haber suscrito un acuerdo. 

Aun cuando Serbia y Rusia probaron la fútil zangamanga de que se observaran los términos formales del acuerdo, a la postre entraron en razón gracias a los aviones de la OTAN, que, el 7 de junio, bombardearon las refinerías de petróleo de Novi Sad y Pancevo (a pesar de que eran centros de oposición a Milosevic). La refinería de Pancevo estalló en llamas y provocó una colosal nube tóxica. Un mes más tarde, el 14 de julio, la imagen apareció como ilustración de un artículo del New York Times, que analizaba los terribles efectos económicos y sanitarios de la explosión; pero en su día no se [147] mencionó una palabra del bombardeo, aunque había sido transmitido por las agencias de noticias. 

Se ha pretendido, en ocasiones, que Milosevic hubiera incumplido los acuerdos de paz, si se hubieran suscrito en marzo. Los datos lo confirman, sin lugar a dudas, en la misma medida en que confirman plenamente que esta conclusión es cierta respecto de la OTAN; con una diferencia importante, y es que las grandes potencias están acostumbradas a desmantelar por la fuerza los acuerdos formales.  Como ahora se empieza a reconocer, aunque quizá algo tarde, los datos sí apuntan a que, en marzo, «hubiera sido posible comenzar una auténtica ronda de negociaciones —sin las desastrosas exigencias que los EE.UU. quisieron imponer a Milosevic en Rambouillet— y desplazar a Kosovo un cuantioso contingente de observadores internacionales, capaz de proteger por igual a la población serbia y albanesa». 

Cuando menos este punto parece estar claro: la OTAN descartó las opciones diplomáticas antes de agotarlas y prefirió iniciar una campaña militar que, como se previo en su momento, tuvo consecuencias nefastas para los albanokosovares. El resto de consecuencias —como la destrucción de la economía civil de Serbia, mediante operaciones militares que violan gravemente las leyes de la guerra— no parecen inquietar a casi nadie en Occidente.
Ya durante la guerra, estas violaciones fueron denunciadas ante el Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia [TPIY], pero la cuestión no prosperará, según el Tribunal; tampoco han sido admitidos a trámite los ataques colectivos y criminales contra la infraestructura civil, destinados a aterrorizar a la población, ni [148] varios incidentes aislados de gran importancia, como el bombardeo del edificio de la televisión y la radio serbias, con el que la OTAN causó la muerte a dieciséis periodistas. En este último caso, se alegó que era «una instalación utilizada con fines propagandísticos», como indicó el Pentágono en su informe particular sobre la campaña aérea, después de que el portavoz de la OTAN, David Wilby, precisara que se podrían evitar los bombardeos retransmitiendo seis horas diarias de los programas de noticias occidentales. El Tribunal consideró que cimentar el ataque contra el edificio de la radiotelevisión serbia «en su uso como medio propagandístico» era una justificación «controvertible», citando algunas afirmaciones como las de Wilby u otros; pero sí aceptó la segunda justificación de la OTAN, que adujo que las instalaciones podían tener una «función dual» (podían ser usadas para las comunicaciones militares). El Comité para la Protección de los Periodistas se negó a incluir a las víctimas serbias en su listado anual de periodistas asesinados, arguyendo que eran propagandistas, y no reporteros. Las asociaciones de supervisión de la independencia de los medios aceptaron este juicio sin rechistar. 
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El Tribunal defiende su independencia con el mayor de los énfasis. Sin embargo, hay quien lee entre líneas las declaraciones que realizó el portavoz de la OTAN, James Shea, cuando en varias conferencias de prensa de mayo de 1999 se le preguntó si la OTAN podía ser objeto de alguna imputación; a ello replicó que «la OTAN es amiga del Tribunal ... los países de la OTAN son los que han proporcionado los fondos para su constitución y son su mayor fuente de financiación». Así, estaba «seguro» de que la Fiscalía solo acusaría a «personas de nacionalidad yugoslava». 


Por las mismas razones, cabe imaginar que el Tribunal no prestará excesiva atención a sus 150 páginas de «sumario de incriminaciones por la Operación Tormenta: un caso prima facie» en el que analiza los crímenes de guerra cometidos por las fuerzas croatas, que, en agosto de 1995, expulsaron de la Krajina a cerca de 200.000 serbios; a pesar de que la operación hubiera sido imposible sin la implicación de los EE.UU., «ni la prensa ni el Congreso de los EE.UU. mostraron interés por saber qué había sucedido», según David Binder, corresponsal del New York Times en los Balcanes. 
El sufrimiento de los kosovares no se terminó con la llegada del ejército de ocupación de la KFOR y la misión de Naciones Unidas. Para los bombardeos se dispuso al instante de miles de millones de dólares, pero cinco meses después de concluida la guerra los EE.UU. no habían aportado ni un dólar a los 37,9 millones presupuestados para sufragar el coste inicial de las operaciones civiles de la ONU. En noviembre, «la Oficina Estadounidense de Asistencia encargada de [150] subvenir a la mitigación de los desastres humanitarios en el extranjero todavía no ha aportado materiales significativos y solo ahora se ha decidido a entregar algo de combustible» para el programa invernal de ayuda a los refugiados kosovares; también a ACNUR y ECHO (la agencia humanitaria de la Unión Europea) «se les ha reprochado con severidad los retrasos y la falta de previsión». El actual déficit presupuestario de la misión de Naciones Unidas se solventaría «con lo que cuesta medio día de bombardeos», según declaró con enfado un importante funcionario de la ONU, y, si no se le pone remedio, «esto se vendrá abajo», a mayor placer de Milosevic. En noviembre, una conferencia de donantes en que se reunieron los gobiernos occidentales prometió tan solo 88 millones de dólares para cubrir los gastos de la misión de Naciones Unidas en Kosovo, mientras que se prometió entregar al año siguiente 1.000 millones en ayudas a la reconstrucción: unos fondos públicos que van a terminar en el bolsillo de los contratistas privados, si es que finalmente la OTAN resuelve sus polémicas internas sobre cómo distribuir los contratos. A mediados de diciembre, la misión de la ONU volvió a deplorar su escasez de recursos y pidió nuevos fondos para contratar profesores, policías y otros empleados civiles, pero sin éxito. Tres meses más tarde, el jefe de la misión afirmó que esta se encontraba «en las últimas». En julio de 2000, la Comisión de gastos del Senado y la Cámara de Representantes «rechazó una petición de 107 millones de dólares destinada a contribuir a los costes diarios de las misiones en Kosovo y Timor Oriental». 
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Washington ha rehusado, igualmente, que sus expertos en eliminación de armamento retiren los miles de bombas de dispersión que permanecen sin explotar en el territorio de Kosovo, una clase de minas «antipersona» que son mucho más letales que las minas terrestres: «Sin ningún criterio, el trabajo se ha dejado en manos de equipos de civiles (sobre todo albaneses) con medios muy escasos». El equipo de desminado civil de Naciones Unidas estaba encabezado por un coronel neozelandés, que aseveró que «la OTAN no quiere sentar el precedente de haber limpiado un territorio al finalizar una guerra». Entre el fin de la guerra y marzo de 2000, han muerto ya más de cincuenta personas a consecuencia de la explosión de esta clase de minas antipersona, pero se teme que la cifra pueda aumentar durante el verano, cuando los agricultores y los niños vuelvan al campo. 

En julio de 1995, Milan Martic, presidente de la República Serbia de Croacia (surgida tras una declaración unilateral de independencia), fue acusado por el TPIY de haber ordenado atacar con misiles la ciudad de Zagreb, como represalia por una ofensiva croata que había desalojado a numerosos serbios y causado la muerte de siete civiles. La imputación de crímenes de guerra, según el TPIY, obedecía a que los misiles estaban cargados de bombas de dispersión, un «arma antipersonal, destinada solo a causar bajas» y, por tanto, con un uso limitado a los objetivos militares. Ahora bien, el Pentágono pudo comunicar con libertad que «los aviones estadounidenses han arrojado sobre Kosovo 1.100 cargas de bombas de dispersión, provistas de 220.000 minas», en tanto que «los aviones británicos lanzaron unas 500 cargas, provistas de 147 minas cada [152] una». Este tipo de bombas ha sido utilizado por las potencias occidentales para atacar a los civiles serbios: por ejemplo, el 7 de mayo, se bombardeó la ciudad de Nis, causando quince muertos en un mercado y afectando también al hospital de la ciudad. En este caso, no cabe hablar de «crímenes de guerra», sino tan solo de «equivocaciones de la OTAN», según precisó la Fiscalía del TPIY al Consejo de Seguridad. 

A pesar de las mencionadas restricciones en la ayuda de posguerra, el singular atractivo de un desastre que tiene la ventaja de poder ser adscrito a un enemigo oficial —y que ha sido explotado (de una forma algo extraña) «para justificar que se requirieran 78 días de ataques aéreos contra el ejército y la infraestructura serbia»— ha bastado para que se recortaran las ayudas destinadas a otros países. El Senado estadounidense, por ejemplo, planeaba economizar decenas de miles de dólares de los programas de asistencia en África. Descontando la partida de Kosovo, Dinamarca redujo la ayuda al desarrollo en un 26 por 100. El International Medical Corps [Cuerpo Médico Internacional] tuvo que suspender sus proyectos en Angola, puesto que recaudó 5 millones de dólares para Kosovo, pero fue incapaz de obtener siquiera 1,5 millones para Angola, donde 1.600.000 desplazados están en peligro de morir de hambre. El World Food Program [Programa de Alimentación Mundial] ha anunciado que se ve en la obligación de cercenar sus proyectos de ayuda para 2 millones de refugiados sierraleoneses, liberianos y guineanos, puesto que su cuestación no ha proporcionado ni el 20 por 100 de los fondos necesarios. El mismo destino aguarda a los 4 millones de personas que se mueren de hambre en la región de los Grandes Lagos, aunque sus condiciones actuales tienen bastante que ver tanto con la actuación de Occidente desde hace muchos años, como con su negativa a intervenir en momentos clave. ACNUR destina a cada refugiado de los Balcanes siete veces [153] más dinero que a los africanos. «Los cientos de millones de dólares que se han invertido en los refugiados kosovares, y el avispero de organizaciones que se afanaban en gastarlos "era casi obsceno", según Randolph Kent», un cooperante que dejó los programas de Naciones Unidas en los Balcanes para integrarse en los de África. El presidente Clinton celebró una reunión con las principales agencias humanitarias para «realzar su entusiasmo personal en la tarea de ayudar a Kosovo». 

Este entusiasmo ha de verse sobre el telón de fondo de un recorte drástico de la ayuda internacional de unos Estados Unidos que están «en la cima de su gloria» (según Fromkin), y cuyos líderes reposan cómodamente entre los aplausos que cosecha su «altruismo» sin parangón en la historia; entretanto, casi han desaparecido de la lista de contribuyentes a la ayuda de los pobres y los desgraciados.

El informe de la OSCE contiene pruebas detalladas de los crímenes que se han cometido bajo la ocupación militar de la OTAN. No hay duda de que no pueden equipararse con las atrocidades perpetradas por los serbios durante los bombardeos de la OTAN, pero no son ni mucho menos insignificantes. La provincia ocupada por la OTAN es una tierra «sin ley, en la cual los violentos actúan con toda impunidad»; sobre todo, los guerrilleros del UCK, según la OSCE, «que no reciben el castigo de la justicia». Los albaneses que se oponen al «nuevo orden» y al «dominio del UCK» —sin excluir a los mandatarios del «máximo rival político de los grupos rebeldes»— han sido asesinados o raptados, atacados mediante granadas y hostigados hasta que abandonaban la política. El New York Times publicó una única selección del informe de la OSCE, referida [154] a la ciudad de Prizren, cercana a la frontera con Albania. El 28 de marzo tuvo que sufrir la arremetida de las tropas serbias, pero «el resultado global indica que no se causó tanto daño ... durante la guerra como una vez finalizada». La policía militar británica ha informado de que la mafia albanesa está implicada en los ataques con granadas, entre otros desmanes, como por ejemplo el asesinato de mujeres de edad avanzada por parte de «hombres que afirmaban ser representantes del UCK». 

La minoría serbia ha sido expulsada casi por entero de Kosovo. Robert Fisk ha calculado que «el número de serbios asesinados en los cinco meses posteriores a la guerra se acerca al de albaneses asesinados por los serbios en los cinco meses anteriores al inicio de los bombardeos, en marzo»; recuérdese que Naciones Unidas había dado fe de «más de 65 muertes violentas» de civiles (sobre todo albaneses y serbios) durante los dos meses anteriores a la retirada de los supervisores de la CSK. Esta clase de asesinatos no se investigan; ni siquiera la muerte de un serbio que trabajaba para el TPIY. En octubre, la comunidad croata «partió en masa». En noviembre, el presidente de la pequeña colectividad judía de Pristina, Cedra Prlincevic, marchó a Belgrado tras denunciar la existencia de «un pogromo contra la población no albanesa». Amnistía Internacional, por su parte, indicó a finales de año que «en Kosovo, la violencia contra los serbios, romaníes, eslavos musulmanes y albaneses moderados ha sufrido una intensificación radical durante el último mes», incluyendo «asesinatos, secuestros, agresiones violentas, intimidación, incendios de los hogares ... con una frecuencia diaria»; lo mismo puede decirse de la tortura, las violaciones y los ataques contra cualquier medio de comunicación u organización política de Albania que defendiera su independencia, en lo que aparenta ser [155] «una campaña organizada para acallar a las voces moderadas de la sociedad de etnia albanesa». Todo ello se ejecuta bajo la mirada de las fuerzas de la OTAN. 

La suerte de los romaníes ha sido particularmente acerba, como en tantas otras regiones de Europa. El Centro Internacional Romani de Macedonia denuncia que «más de 120.000 romaníes de Kosovo han tenido que solicitar la condición de refugiados políticos en diversos países de Europa, mientras que entre veinte y treinta mil permanecen en Kosovo, pero en una situación extrema». La misión de Voice of Roma en Italia ha estudiado minuciosamente esta realidad, concluyendo que «nadie se preocupa de los romaníes, porque carecen de relieve para los objetivos explícitos e implícitos de las potencias occidentales, mientras que otros grupos de "refugiados políticos" apoyan sin reservas la occidentalización de la antigua Yugoslavia». Durante la ocupación de la KFOR, miles de romaníes fueron obligados, por la fuerza de las armas, a exiliarse en Italia, y muchos de ellos perecieron en naufragios. «La mayoría de barrios romaníes de Kosovo han sido incendiados y destruidos, salvando de la quema tan solo las casas más hermosas, que han sido ocupadas —delante de las narices de ACNUR y la KFOR— por albaneses». En Italia, en los campos de refugiados, las condiciones son «horripilantes». «La ayuda humanitaria, la asistencia y protección de los romaníes que viven en Kosovo o se han tenido que exiliar, han sido casi inexistentes, y la situación continúa igual». Un historiador romani de Pristina ha descrito cómo un grupo de albanokosovares prendió fuego a su casa, violó a su hermana y secuestró a sus vecinos, al tiempo que varios de sus familiares eran arrastrados a las cámaras de tortura del UCK; las fuerzas de la KFOR [156] estaban al corriente de ello y «daban su aprobación» a los guerrilleros. Al igual que tantos otros refugiados romaníes, solo pudo huir tras sobornar a la mafia albanesa. 

Ante estas denuncias, los oficiales de la KFOR han replicado que tenían orden de desatender los crímenes; según un comandante francés, «claro está que es de locos, pero son órdenes, órdenes de arriba, de la OTAN». Las fuerzas de la KFOR «parecen encogerse de hombros» ante los ataques de «los saqueadores armados de etnia albanesa», que cruzan las lindes de Kosovo «para aterrorizar a la población de los asentamientos fronterizos, robar madera o ganado y, en algunos casos, cometer asesinatos», lo cual ha provocado el abandono de ciudades enteras. Los antiguos combatientes del UCK prosiguen con la misma estrategia que habían utilizado en Kosovo:
Los líderes de este nuevo ejército ordenan que se tiendan emboscadas a los oficiales de la policía serbia y, con frecuencia, intimidan a los agricultores de la zona, «con la esperanza de que los serbios adoptarán represalias contra la población civil y, al abusar de su fuerza, crearán un sentimiento de agravio por el que se presionará a la KFOR para que responda», según confirmó un funcionario de Naciones Unidas.

«También se han incrementado los ataques contra los políticos albaneses más moderados o leales al régimen serbio», así como las celadas contra los policías serbios. Como ha reconocido un coronel estadounidense, «en realidad, no nos preocupa que la policía serbia [157] se presente por aquí, sino que los ataques albaneses contra sus oficiales y el ejército provoquen una respuesta tan agresiva que surja un clamor público en pro de la intervención de la KFOR». La vieja añagaza, una vez más. 

La impresión actual es que Kosovo, bajo la ocupación de la OTAN, está recuperando la dinámica que tomó a principios de la década de los ochenta, tras la muerte de Tito; entonces, las fuerzas nacionalistas intentaron crear «una república albanesa, de población exclusivamente albanesa», apoderándose de los terrenos serbios, perpetrando atentados contra las iglesias y recurriendo a la «violencia prolongada» para lograr su objetivo de una región albanesa «étnicamente pura». «Casi cada semana se producían incidentes —violaciones, incendios, saqueos, sabotajes industriales—, realizados con la intención de que los eslavos nativos que todavía residían en Kosovo se marcharan ... de la provincia.» Este problema, «aparentemente insoluble», representó una nueva fase de una historia ya de por sí terrible de agresiones intercomunitarias, y provocó la réplica brutal de un personaje como Milosevic, que dejó en suspenso tanto la autonomía de Kosovo como los importantes subsidios federales en los que se cimentaba su economía, e impuso un régimen de «apartheid».  En la actualidad, es posible que Kosovo se asemeje a Bosnia, «un antro de ladrones y timadores de impues-[158]tos» (en palabras de Jeffrey Smith), en el que la economía no funciona y el poder está en manos de «una clase de criminales adinerados, que ejercen su gran influencia política para desviar a su bolsillo cientos de millones de dólares que debían ir a parar a las arcas del estado».  Pero los presagios son aún más desfavorables, y quizá a Kosovo le espera un destino todavía peor, en tanto que su independencia está enmarañada en el conjunto de presiones a favor de la «gran Albania».

El asentamiento del crimen organizado en Kosovo ha derivado, según los observadores, en un incremento del tráfico de drogas y la trata de blancas; las mujeres son vendidas a proxenetas albaneses, que «trabajan bajo la protección de los capos de la mafia kosovar ... incluyendo a algunos vinculados» al UCK, lo cual representa un problema adicional para el Kosovo de posguerra. Un experto italiano ha descrito a los criminales «albaneses como especialmente feroces. En tres o cuatro años, han acabado por entero con la competencia de organizaciones que operan en las ciudades italianas más importantes. Los albaneses dan miedo incluso a la mafia siciliana», que, en cualquier caso, se había mantenido alejada de la trata de blancas, que ahora se está expandiendo con rapidez. 
Yiri Dienstbier, Investigador Especial de Naciones Unidas sobre la antigua Yugoslavia, ha presentado un informe ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en el que se asegura que «en Kosovo se ha desplazado a 330.000 serbios, romaníes, montenegrinos, eslavos musulmanes, albaneses proserbios y turcos; esto es, el doble de las estimaciones anteriores. Lo que eso implica es que una gran parte de las minorías de Kosovo ya no reside en su hogar ori-[159]ginal». «La economía yugoslava ha quedado destruida. Kosovo ha quedado destruido. Hoy en día, hay cientos de miles de personas sin empleo», dijo Dienstbier. «El pesimismo es general.» 

Mostrándose abiertamente crítico con la política de la OTAN tanto durante la guerra como desde entonces, este antiguo disidente checo y ministro de Asuntos Exteriores del primer gobierno poscomunista ha advertido de que la posición de Milosevic en Serbia podría resultar fortalecida «si no cambia la situación de Kosovo y se levantan las sanciones contra su país». 

Asimismo, los países más pobres de la región han sufrido pérdidas muy severas debido al bloqueo del Danubio, derivado del bombardeo de Novi Sad —otro centro de oposición a Milosevic— por obra de la OTAN. Estos países ya padecían no solo las barreras proteccionistas que «impiden a sus barcos comerciar dentro de la Unión Europea», sino también «el freno que imponen las cuotas y los aranceles a la exportación». Ahora bien, «el bloqueo [del Danubio] es una bendición» para la Europa occidental, sobre todo para Alemania, que se beneficia del incremento de la actividad en sus puertos del Rin y el Atlántico. 

No son los únicos vencedores. Al terminar la guerra, la prensa económica consideró que «la gran triunfadora» había sido la industria militar de Occidente, en referencia a la industria tecnológica en general. Moscú espera lograr «una cifra récord de exportaciones de armamento ruso», puesto que «el mundo se está rearmando a marchas forzadas, en gran parte debido a la aventura de la OTAN en los Balcanes», y con miras a poseer un elemento de disuasión. Este [160] efecto ya había sido previsto durante la guerra.  Otra consecuencia aún más significativa es que los EE.UU. lograron apuntalar su control sobre la región de los Balcanes, de gran importancia estratégica, y desplazar a la iniciativa europea; es muy probable que esta fuera una de las razones primordiales de la insistencia en que la operación quedara en manos de la OTAN, que es una mera sucursal de los EE.UU. No por mucho tiempo, solo falta un escollo: el de una Serbia desolada.

Otra consecuencia añadida es que se ha asestado un nuevo golpe a los ya frágiles principios del orden mundial. La intervención de la OTAN representa una amenaza «para los propios cimientos del sistema internacional de seguridad» que se recoge en la carta fundacional de Naciones Unidas; así se expresa Kofi Annan, el secretario general de la ONU, en su informe anual de setiembre de 1999.  Pero no hay que temer que ello inquiete a los ricos ni a los poderosos, que seguirán actuando como les plazca, rechazando las decisiones del Tribunal Internacional de Justicia y vetando las resoluciones del Consejo de Seguridad, siempre que se estime pertinente. Es necesario recordar que, contra lo que pretende cierta mitología, los Estados Unidos se llevan la palma de los vetos a las resoluciones del Consejo de Seguridad, en una serie inagotable de cuestiones, que no excluyen ni la agresión ni el terrorismo. Así ha venido ocurriendo desde que, debido al proceso de descolonización, perdieron el control de la ONU; el Reino Unido ocupa el segundo puesto de este podio particular, y Francia, algo distanciada, el tercero. Las víctimas tradicionales, sin embargo, se toman el asunto con mayor seriedad, como han demostrado la reacción mundial a los acontecimientos de Kosovo y, recientemente, la cumbre del G77.
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El dilema crucial, no muy difícil de distinguir, es que el mundo se enfrenta a tan solo dos opciones con respecto al uso de la fuerza. En la primera, existiría al menos una apariencia de orden mundial, como el que representa la carta de Naciones Unidas o, tal vez, otra referencia más adecuada, si pudiera adquirir la legitimidad necesaria; en la segunda, los estados más poderosos actuarán a su criterio, guiados tan solo por objetivos como el poder y el beneficio, como en el pasado, con la única restricción que les imponga su propia sociedad. Tiene muchísimo sentido que luchemos por un mundo mejor, pero no así el entregarse a engaños e ilusiones con relación al mundo en que vivimos.
Todavía han de aparecer muchas fuentes históricas y documentales que mejoren nuestro conocimiento de la última guerra de los Balcanes. Es por ello que todas las conclusiones a las que hayamos llegado aquí no pueden sino ser parciales y tentativas. Pero con lo que sabemos ahora, se diría que «lo que hemos aprendido» en esta guerra no tiene demasiado buen aspecto.
 
 
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Procedencia de los textos
El capítulo 2 es una ampliación de los artículos «"Feu vert" occidental pour les massacres», Le Monde Diplomatique, octubre de 1999, y «The United States, East Timor, and Intervention», publicado en el Bulletin of Concerned Asian Scholars. Bajo otra forma, apareció también en Richard Tanter, Mark Selden y Stephen Shalom, eds., East Timor, Indonesia, and the World Community, Rowman & Littlefield, Boulder (co), 2000.
El capítulo 3 abunda sobre las conclusiones de la edición francesa de The New Military Humanism (Page Deux, Lausana, 2000), que pueden leerse igualmente en otras traducciones o, en inglés, en el número de abril-mayo de 2000 de Z magazine.
 
 
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Resumen de siglas y abreviaturas
Medios de comunicación, agencias de noticias y publicaciones

AAP Australian Associated Press
AFP (Agence) France-Presse
AJIL  American Journal of International Law
AP  Associated Press
APO Associated Press Online
APW  Associated Press Worldstream
ASAT   OSCE, Kosovo/Kosova, As Seen, As Told, varios volúmenes
BBC  British Broadcasting Corporation
BCAS   Bulletin of Concerned Asian Scholars
BG Boston Globe
CSM  Christian Science Monitor
FEER   Far Eastern Economic Review
FT Financial Times
IHT  International Herald Tribune
ITV International Television
KRTNS  Knight Ridder/Tribune News Service
LAT Los Angeles Times
NMH  Noam Chomsky, The New Military Humanism: Lessons ofKosovo, Common Courage, Monroe (ME), 1999
NYT   New York Times
NYTBR   New York Times Book Review
NYTM New York Times Magazine
ST  Sunday Times (Londres)
[166]
SYMH Sydney Morning Herald
WP  Washington Post
WPW Washington Post Weekly


Organizaciones, instituciones, misiones internacionales y otras siglas

ACNUR Alta Comisaría de Naciones Unidas para los Refugiados
AI   Amnesty International = Amnistía Internacional
CIA Central Intelligence Agency (Servicio Central de Información de los EE.UU.)
CICR  Comité Internacional de la Cruz Roja
CNRT Consejo Nacional de la Resistencia Timoresa
CSK   Comisión de Supervisores de Kosovo (conocida también como Misión de Verificación en Kosovo)
ELK   véase UCK  
FALINTIL  Forças Armadas de Libertaçâo Nacional de Timor-Leste = Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de Timor Oriental
FMI Fondo Monetario Internacional
IALANA  International Association of Lawyers Against Nuclear Arms = Asociación Internacional de Juristas Contrarios al Armamento Nuclear
ICRC  siglas inglesas de CIRC
ICTY  siglas inglesas de TPIY
INTERFET  International Force in East Timor = Fuerzas internacionales en Timor Oriental
JSF Joint Strike Fighter (nuevo modelo de caza en proceso de desarrollo)
KD  Kampuchea Democrática
KFOR Kosovo Force (Fuerzas de la OTAN en Kosovo)
KLA   siglas inglesas de UCK
KVM  siglas inglesas de CSK
MIT   Massachusetts Institute of Technology = Instituto Tecnológico de Massachusetts
MUP  Ministarstvo Unutrasnjih Poslova [unidades especiales de la policía nacional serbia]
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NATO   siglas inglesas de OTAN
OSCE Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa
OTAN Organización del Tratado del Atlántico Norte
PIB Producto interior bruto
PKI Partido Comunista de Indonesia
RFY   República Federal de Yugoslavia
RU  Reino Unido
TNI Tentara Nasional Indonesia (ejército indonesio)
TPIY  Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia
UCK   Ushtria Çlirimtare e Kosovës (en lengua albanesa, Ejército de Liberación Kosovar)
UN siglas inglesas de ONU
UNAMET  United Nations Assistance Mission in East Timor = Misión de ayuda de Naciones Unidas en Timor Oriental
UNHCR siglas inglesas de ACNUR
UNIFIL  United Nations Interim Force In Lebanon = Fuerzas de Naciones Unidas destacadas provisionalmente en el Líbano
VJ  Vojska Jugoslavije (ejército federal yugoslavo)


Abreviaturas topográficas de los EE.UU. y Australia

CA  Estado de California
CO  Estado de Colorado
DC  Distrito de Columbia
DE  Estado de Delaware
MA Estado de Massachusetts
MD Estado de Maryland
ME Estado de Maine
NY Estado de Nueva York
NSW  Nueva Gales del Sur



Fuente: Biblioteca_IRC
http://biblioteca.d2g.com
Esta Edición: Proyecto Espartaco
(http://www.proyectoespartaco.com)

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